Laura Beytia/CAMBIO 22
CHETUMAL, 18 de enero.- Integrantes de la Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios, así como los vendedores de puestos fijos y semifijos, mostraron su total rechazo e inconformidad, por el nuevo cobro que pretende aplicarles la administración de Othón P. Blanco, encabezado por Yensunni Martínez Hernández, para poder seguir laborando.
Se trata del nuevo permiso de Operación Ambiental que el actual gobierno municipal quiere imponer y que de acuerdo al Reglamento del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente para el Municipio de Othón P. Blanco lo deberán cubrir quienes adquieran, instalen y operen equipo para la eliminación de emisiones contaminantes a la atmosfera, así como quienes fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipos de filtrado, combustión, control y en general de tratamiento de emisiones de contaminantes.
Por lo que al no pertenecer a este sector, ni generar contaminación y ante la situación raquítica que enfrentan con la disminución en sus ventas, los ahora afectados se rehúsan a hacer este pago, afirmó el secretario general de la CROC en Chetumal César Antonio Iuit.
“Es un permiso de Operación Ambiental pero nuestra gente no contamina, no son fábricas, ni tienen negocios que generen humo, son pequeños comercios y contribuyentes de tiendas de ropa, loncherías y que no generan tanta contaminación, además de que no estamos en condiciones de pagar porque toda nuestra gente está endeudada y la economía está por los suelos como para cubrir un nuevo impuesto; es un cobro que no se les debe de hacer a los pequeños contribuyentes y tampoco nos dicen para que van a utilizar el dinero, no está claro, por lo que esto pareciera más terrorismo fiscal.”
Mencionó que las ventas han disminuido hasta en un 20% por lo que con una nueva carga tributaria están condenados a desaparecer y perder sus fuentes de ingreso, lo que solo acrecentaría el desempleo que se palpa en la capital del estado ante la lenta reactivación que se vive en todos los sectores.
El líder croquista, dijo que comenzarán con la elaboración de un padrón de los que están siendo afectados por este nuevo permiso y que presentarán ante las autoridades municipales en busca de un análisis que permita la posibilidad de exonerarlos de dicho pago, aunque en caso de no obtener una respuesta favorable, sentenció que llegarán hasta las últimas consecuencias legales.
“Si lo aceptamos mañana se les va a ocurrir cobrarnos otra cosa, vamos a hacer un padrón de los que están inconformes que son cerca de 500 por ahora pero se van sumando más, lo vamos a presentar a ver que nos dicen pero en caso de no obtener una respuesta favorable para que no lo paguemos, pues vamos a llegar al grado de ampararnos o recurrir hasta a hacer manifestaciones si es necesario.”
Este impuesto se aplicaba desde 2017 a talleres y algunos negocios más que pudieran manejar contaminantes de suelo, pero ahora la intención del Ayuntamiento es que todos lo paguen, por lo que acusó que el municipio parece tener la consigna de ir tras los que menos tienen, ya que también ha incrementado el costo de los permisos de los ambulantes de 330 a 900 pesos y ha cambiado la modalidad de cobro para los que tienen sus puestos en los mercados que ahora es en UMAS y por metros, buscando solo obtener más ingresos en perjuicio de la clase trabajadora.
RAM
