• La Paradoja Del Ultramillonario: Cómo El Estado Mexicano Lo Alimentó Durante Tres Décadas, A Pesar De Temor A Su Poder.

 

 

Redacción/CAMBIO22

El crecimiento de Ricardo Salinas Pliego, el ultramillonario que atemoriza a los más altos funcionarios del régimen, no se explica sin una paradoja: el Estado parece temerle, pero durante tres décadas lo ha alimentado sin cesar.

Desde el principio, Salinas Pliego utilizó la ayuda del Estado mexicano: la compra de Imevisión –para su adquisición recibió 30 millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari–, como la plataforma a partir de la cual pudo presionar y coaccionar a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para obtener contratos a granel y un trato tan privilegiado como desconcertante.

El imperio que ha creado Salinas Pliego, empresario que atemoriza a los más altos funcionarios del régimen, no se explica sin una paradoja: el Estado parece temerle, pero durante tres décadas lo ha alimentado sin cesar. Con la autorización de la editorial Terracota, publicamos algunos fragmentos del libro, que ya se encuentra en circulación en librerías.

Las arcas de Pemex

Enrique Peña Nieto llegó al poder con otro deleite para la cúpula empresarial: una reforma energética que ponía fin a 75 años de monopolio de Pemex sobre el petróleo y abría la explotación de este recurso al sector privado. El priista y sus aliados consiguieron el apoyo inicial del PAN y del PRD con el “Pacto por México” –celebrado en diciembre de 2012–, negociado con el pago de sobornos a líderes de la oposición.

En enero de 2013, Peña Nieto había enviado a una delegación, encabezada por Luis Videgaray y Emilio Lozoya Austin, al muy exclusivo Foro Económico Mundial de Davos, para presentar la privatización venidera del sector energético. También presente en la estación alpina de Suiza, Ricardo Salinas Pliego aplaudió la propuesta: “Ojalá que el Estado termine con el monopolio en la cuestión energética. Pemex es una empresa paraestatal que adolece de muchas carencias”, comentó, y agregó que “es un tema muy controversial, porque el 30% del ingreso federal depende de Pemex”.

Con Grupo Dragón, Ricardo Salinas Pliego había aprovechado la reforma eléctrica de Calderón para incursionar en la generación de electricidad, y en los primeros meses de la administración de Peña Nieto la empresa había recibido nuevas concesiones de producción de energía.

Una de ellas se convirtió, en 2015, en la primera concesión de explotación de campos geotérmicos en México. Ese mismo año, Grupo Dragón se volvió contratista del gobierno: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entonces dirigida por Enrique Ochoa Reza, otorgó un contrato de 222 millones 733 mil dólares a una alianza de Grupo Dragón y Segelec –filial de la transnacional francesa Vinc–, para realizar obras en la red de distribución de electricidad en el Estado de México. A manera de ayuda, este consorcio recibió un crédito de 178 millones de dólares del propio gobierno federal, a través de Bancomext.

Ninfa Salinas Sada fungía como presidenta del Grupo Dragón, y al mismo tiempo era senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Presidía la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integraba las comisiones de Energía, Recursos Hidráulicos y Relaciones Exteriores de América del Norte. Votó en favor de todos los puntos de la reforma energética y participó en las discusiones sobre las reformas a las leyes de la industria eléctrica, la de energía geotérmica y la de aguas nacionales. Los demás senadores pasaron por alto el conflicto de intereses.

El 12 de diciembre de 2013, tras una caótica sesión del Congreso, el PRI, el PAN, el PVEM y el Partido Nueva Alianza aprobaron la reforma energética. Afuera del recinto, un cinturón de granaderos guardaba a distancia a miles de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) inconformes con la votación. La agrupación no era un partido aún y su líder, Andrés Manuel López Obrador –un férreo crítico de la reforma–, se recuperaba de un infarto.

El texto aprobado mutilaba los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, heredados de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas en 1938, y creaba 21 artículos transitorios que modificaban radicalmente el sistema de explotación del petróleo. La reforma convirtió a Pemex y la CFE en “empresas productivas del Estado” y las puso a competir con compañías privadas por los energéticos.

Contratista mortal

Ricardo Salinas Pliego no perdió tiempo: el 18 de diciembre de 2013, apenas seis días después de la aprobación de la reforma, se alió con los contratistas petroleros Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Juan y Alfredo Reynoso Durand, socios en la empresa Blue Marine Corp, y juntos crearon la empresa Typhoon Offshore, SAPI de CV, dedicada a la industria petrolera. Según las actas de Typhoon Offshore, tiempo después de su creación, los dueños de Blue Marine salieron de la empresa.

A tres semanas de fundar la empresa, durante la inauguración de un parque eólico de Grupo Dragón en Los Altos de Jalisco, Salinas Pliego elogió la reforma de Peña Nieto. “Potencia la inversión del sector privado y lo que queremos es tener reglas claras. Vamos por muy buen camino”, aseguró el multimillonario.

En el mismo momento, su hijo Benjamín Salinas Sada constituyó la empresa Sagoil Offshore Services, también dedicada a los hidrocarburos.

El 5 mayo de 2015, los mexicanos oyeron por primera vez el nombre de Typhoon Offshore y se enteraron de que Ricardo Salinas Pliego había incursionado en el campo petrolero: ese día se colapsó la plataforma petrolera Troll Solution, que extraía hidrocarburos en la Sonda de Campeche y que Pemex había contratado mediante adjudicación directa a Typhoon Offshore por 101.7 millones de dólares. En el accidente fallecieron dos trabajadores, otros 18 resultaron heridos y 100 personas más fueron desalojadas de urgencia, mientras la plataforma se hundía en el mar.

El Estado benefactor

La relación entre Grupo Salinas y el gobierno de Peña Nieto era muy sólida. El 26 de octubre de 2017, para celebrar los 15 años de la creación de Banco Azteca, el mandatario y toda su plana mayor se desplazaron a la sede de Grupo Salinas para aplaudir a su patrón. Junto con Peña Nieto acudió una parte del gabinete, incluyendo a José Antonio Meade Kuribreña, entonces titular de la SHCP, así como un grupo de gobernadores.

Ese día, mientras Ricardo Salinas Pliego lanzó loas a las “reformas estructurales que el señor presidente ha propuesto en estos últimos cinco años”, el mandatario le correspondió con una serie de pleitesías “a don Ricardo Salinas”.

Durante el sexenio de Peña Nieto, la administración pública federal entregó a las empresas de Grupo Salinas contratos por al menos 9 mil 732 millones de pesos, principalmente a través de publicidad oficial adjudicada directamente a TV Azteca y por el contrato de la CFE a Grupo Dragón. A este monto debe sumarse la compraventa fraudulenta de la productora de fertilizantes Grupo Fertinal por 635 millones de dólares –equivalentes a 13 mil 121 millones de pesos–.

Asimismo, en julio de 2017, Grupo Elektra consiguió un crédito de 2 mil millones de pesos de Bancomext, con la promesa de reembolsarlo con las comisiones generadas por la entrega de remesas por Nueva Elektra del Milenio, y el 24 de ese mes, el entonces gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, obsequió a Salinas Pliego un cargo de notario público: creó la Notaría 192 en el municipio de Tlalnepantla de Baz, y la cedió “provisionalmente” a Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linaje, entonces director del área jurídica de Grupo Salinas.

Como favor de último minuto, apenas a un mes de terminarse la gestión de Peña Nieto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió renovar, durante 20 años más, las señales de Televisa y TV Azteca, que iban a vencerse en 2021. Y lo hizo a un precio de remate: 3 mil 340 millones de pesos para la primera –con un ahorro de 568 millones de pesos–, y 3 mil 442 millones de pesos para la segunda, con un descuento de 580 millones de pesos.

Proyecto de nación

Con los comicios de 2018 en la mira,Andrés Manuel López Obrador decidió tender puentes con la cúpula del sector empresarial, donde su discurso seguía generando hostilidad. Encargó el cabildeo con la cúpula empresarial a Alfonso Romo Garza, un hombre con una orientación claramente conservadora –fruto de sus vínculos con el Opus Dei y los Legionarios de Cristo–, quien se había hecho de una fortuna al casarse con Maca Garza Lagüera, una de las herederas de la familia Garza Sada, gracias a la cual incursionó en el sector financiero, el tabaco y los transgénicos.

Cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Vicente Fox, Alfonso Romo hizo negocios turbios a lo largo de su vida, incluyendo unos con el dictador chileno Augusto Pinochet –quien canalizó a una sociedad de Romo una parte del dinero que tenía escondido en Miami–, y una operación millonaria con la empresa Savia, en la que terminó estafando a su propio suegro, Alejandro Garza Lagüera. También tuvo en su nómina a Pedro Aspe, el secretario de Hacienda de Salinas de Gortari.

Oriundos ambos de la pequeña élite empresarial regiomontana, Alfonso Romo y Ricardo Salinas Pliego coincidieron a principios de la década de 2000, pues apoyaron a Vicente Fox y su asociación Amigos de Fox (Contralínea, 2013). Esteban Moctezuma Barragán, entonces presidente de la Fundación Azteca, había sido uno de los promotores del movimiento Opción Ciudadana, que Romo fundó en 2005 con vistas a convertirlo en partido político.

Antes de la campaña presidencial de 2018, los dos empresarios se posicionaron en el equipo de López Obrador. Alfonso Romo y Adalberto Palma –empleado de Salinas Pliego– dialogaron con el sector patronal para tranquilizarlo respecto a las intenciones de López Obrador. En enero de 2017, mucho antes de la campaña electoral, Esteban Moctezuma se había unido al Proyecto de Nación del líder de Morena, una agrupación integrada entre otros por Claudia Sheinbaum Pardo y encabezado por Romo. Ahí, el expresidente de la Fundación Azteca participó en el diseño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a través del cual Grupo Salinas se comprometió a “reclutar” a 100 mil jóvenes durante el sexenio.

El primero de julio de 2018, López Obrador arrasó en las urnas: con más de 30 millones de boletas en su favor, se convirtió en el presidente más votado en la historia del país. Esa noche, Javier Alatorre celebró en TV Azteca el triunfo electoral y llamó a cerrar filas con el tabasqueño.

López Obrador se movió inmediatamente al Zócalo capitalino, atiborrado de personas, para dar un emotivo discurso, y luego organizó una fiesta en su casa, en petit comité. Entre los invitados figuraban Ricardo Salinas Pliego, pero también Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Empresarial Ángeles; Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa, así como sus consejeros Alfonso Romo y Julio Scherer Ibarra. Esa noche, como de costumbre, los dueños de las televisoras brindaban con el presidente electo por su éxito en los siguientes seis años.

Magnates en Palacio

Pasada la euforia, los equipos del gobierno electo se pusieron a trabajar. Carlos Urzúa Macías, el futuro titular de la SHCP, recibió con cierta molestia instrucciones de López Obrador, quien le adelantó que nombraría a personeros de Ricardo Salinas Pliego y de Alfonso Romo Garza en puestos clave en la dependencia, especialmente en la banca de desarrollo.

Según me contó Urzúa, el mandatario le indicó que Jorge Alberto Mendoza Sánchez, el hijo de Jorge Mendoza Garza, cabildero durante décadas de Salinas Pliego y operador de sus estructuras offshore, sería nombrado al frente de Banobras. Adalberto Palma Gómez, por su parte, se volvería presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entidad encargada de regular el sistema financiero, incluido Banco Azteca.

Andrés Manuel López Obrador también le dijo a Urzúa que fusionaría las direcciones de Nacional Financiera y Bancomext en una sola y que la entregaría a Eugenio Nájera Solórzano, uno de los colaboradores de décadas de Romo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su parte, sería asumido por Margarita Ríos Farjat, entonces directora jurídica de la Universidad Metropolitana de Monterrey, una institución de educación privada que pertenecía a Romo.

El 14 de noviembre de 2018, una semana después de recalcar que separaría el poder político del económico, López Obrador informó al público que, tras una reunión “con unos empresarios”, constituiría un Consejo Asesor Empresarial. “Me quieren dar sus puntos de vista, sus visiones, y quieren ayudarnos”, dijo el mandatario.

Los nombres de sus integrantes causaron estupefacción en Morena, donde se acostumbraba escuchar al líder hablar de estos empresarios como integrantes de la “mafia del poder”: Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Miguel Alemán Magnani, Daniel Chávez Morán y Sergio Gutiérrez Muguerza susurrarían al oído del mandatario. La agrupación, encabezada por Alfonso Romo, aglutinaba a los propietarios de las tres televisoras, más el nieto del fundador del Grupo Atlacomulco.

El vals de los contratos

Después de las elecciones de 2018, las empresas de Grupo Salinas empezaron a ocupar los cabezales de la prensa, que buscaba entender lo que sería la “Cuarta Transformación”. El 13 de noviembre, el Ejército entregó a Intra Mexicana, la compañía de envío de efectivo de Grupo Salinas, el contrato para repartir los recursos del Fideicomiso de Transición 2018, del que era fiduciario el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito). Ese fideicomiso estaba destinado a cubrir los gastos de López Obrador y su equipo de asesores: Banjercito depositaría dinero a Grupo Elektra, que a su vez lo distribuiría en efectivo a los beneficiarios a cambio de una comisión de 13.5 pesos por envío.

Apenas una semana antes de su toma de posesión, López Obrador asistió al evento que organizó Grupo Salinas para los 25 años de la privatización de Imevisión. Ahí, el crítico de los oligarcas emanados de las privatizaciones de Salinas de Gortari recibió una “llave” simbólica de la televisora privatizada. “No hemos coincidido en todo, pero yo tengo que agradecer y reconocer que nunca he padecido una campaña sucia o de guerra sucia por parte de este medio”, dijo el presidente electo. Y lanzó loas a “esta televisora importante, fundamental, para la vida pública de nuestro país”, que pocos simpatizantes del presidente electo supieron interpretar.

En la sede de la televisora del Ajusco, aquel 22 de noviembre, López Obrador y Ricardo Salinas Pliego firmaron un “convenio de colaboración” en el que Grupo Salinas se comprometía a incluir “al menos 5 mil jóvenes como aprendices” en sus empresas como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El primero de diciembre, día de la toma de posesión, el empresario dio coba a López Obrador desde su cuenta de Twitter: “Tenemos que tener la confianza de trabajar con este nuevo gobierno. Todos unidos, debemos darle a la oportunidad de demostrar que va a cumplir con sus promesas de justicia y honestidad y exigirle que cumpla su palabra, cuando afirma que ‘no nos va a fallar”.

Además de los nombramientos de Jorge Mendoza y de Adalberto Palma Gómez en Banobras y la CNBV, respectivamente, López Obrador dio a Esteban Moctezuma Barragán la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia a cargo del segundo presupuesto del gabinete.

Una de las primeras decisiones de Esteban Moctezuma al frente de la SEP consistió en crear la Dirección General de Educación Musical y Orquestas Escolares, a la que dio la misma función que las orquestas infantiles de la Fundación Azteca. De hecho, cedió esta nueva dirección a José Ricardo Cerrillo Reyna, quien durante 14 años fue director de administración y finanzas en la Fundación Azteca, y nombró jefe de unidad del mismo programa a Rodrigo Díaz Bueno, exdirector de orquestas en Fundación Azteca; al mismo tiempo, colocó a otros ejecutivos de Fundación Azteca en puestos clave de la SEP.

Interpretando las señales que emanaban de Palacio Nacional y que parecían inclinar la balanza hacia Ricardo Salinas Pliego, los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) eligieron a Luis Niño de Rivera, entonces presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, como representante en el periodo 2019-2021.

En el sector legislativo, Grupo Salinas patrocinó la campaña de la conductora de TV Azteca, María Lilly del Carmen Téllez García, a una senaduría de Sonora por Morena. En el partido político fundado por López Obrador, muchos cuestionaron la postulación de la mujer, con ideas y posturas claramente conservadoras, pero fueron acallados por los nuevos cuadros del partido.

En prácticamente todo el país, militantes que durante años –o décadas– apoyaron a López Obrador fueron desplazados por priistas o panistas que negociaron con la dirigencia nacional de Morena y pusieron a trabajar estructuras en favor del tabasqueño a cambio de una candidatura.

Bienestar redituable

El 7 de febrero de 2019, López Obrador causó sorpresa cuando anunció que Banco Azteca y Banorte distribuirían el dinero de los programas sociales del gobierno federal a través de las llamadas Tarjetas del Bienestar. El mandatario quería que el dinero fuera entregado directamente a los beneficiarios, ya sea a través de un banco de gobierno —lo que hizo después con el Banco de Bienestar—, o de bancos con capital mexicano. El nuevo equipo en el poder explicó que aprovecharía la presencia de los 4 mil 680 puntos de Banco Azteca esparcidos en el territorio para llegar a la población.

La distribución del dinero de programas sociales llevó raudales de dinero al grupo de Salinas Pliego: además de pagar a Banco Azteca una cuota de 5.80 pesos al mes por cada cuenta, el gobierno arrojó millones de nuevos clientes a sus tiendas Elektra, donde suelen estar las taquillas de Banco Azteca. Antes de cobrar el dinero de un programa social, los beneficiarios tenían que caminar entre los aparatos electrodomésticos, celulares y motocicletas Italika a la venta.Todos se volvieron clientes potenciales de Elektra, situación facilitada por el hecho de que los propios programas les abrían una cuenta en Banco Azteca.

Estas condiciones fueron plasmadas en el “contrato marco para la operación y apertura de cuentas bancarias a los beneficiarios de los programas gubernamentales de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población”, firmado el 4 de enero de 2019 por Raquel Buenrostro Sánchez, entonces Oficial Mayor de la SHCP, y Sergio Alberto Zepeda Gálvez, representante legal del banco.

En 2021, Banco Azteca repartió más de 70 mil 300 millones de pesos a 5.6 millones de beneficiarios de los programas de la cuarta transformación, según su informe anual.

Estuvo a punto de hacerlo también en Centroamérica. En mayo de 2020, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) otorgó a Banco Azteca Honduras el contrato para distribuir los 31 millones de dólares que el gobierno mexicano planeaba destinar a ese pequeño país azotado por la miseria y la violencia.

Apenas seis meses antes, Grupo Elektra había ascendido a Viviana Bueso Alfura al frente de Banco Azteca Honduras. La mujer tenía una magra experiencia en el sector bancario, pero tenía conexiones de primer nivel en México, pues es cuñada del canciller Marcelo Ebrard Casaubón. El contrato dejaba sospechar la existencia de un conflicto de interés, pues la Amexcid depende de la Cancillería, y su titular, Laura Elena Carrillo Cubilla, era una incondicional de Ebrard desde hacía años. De hecho, el 26 de noviembre de 2020, un mes y medio después de que Proceso revelara los contratos, la Amexcid los rescindió.

Tercer contratista de Pemex

En sus primeros años, el gobierno de López Obrador inundó las empresas de Grupo Salinas de contratos. La petrolera Typhoon Offshore, SAPI de CV, que nació con la reforma energética de Peña Nieto y tiene como representante a Bernardo Villacecias Gutiérrez –quien es a la par director general de Azteca Golf– se convirtió en el tercer contratista de Pemex Exploración y Producción (PEP).

En tan solo nueve años de existencia, Typhoon Offshore recibió por lo menos 42 mil 790 millones de pesos de Pemex, a pesar de que en su primer año de actividad sucedió un accidente mortal en una de sus plataformas. El 90% del dinero que recibió llegó bajo la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En un contrato, de 2019, Pemex se comprometió a pagar 6 mil 647 millones de pesos a Typhoon hasta 2021, pero en los años siguientes aumentó el plazo y el monto, que tres años después se había sextuplicado y rebasaba los 40 mil 753 millones de pesos, a pagarse hasta el 31 de diciembre de 2024. La empresa recibió un nuevo contrato, por mil 507 millones de pesos y 41 millones 994 mil dólares, el 23 de marzo de 2023, para dar “soporte a la producción en instalaciones marinas de PEP”.

López Obrador inundó las empresas de Grupo Salinas de contratos. La petrolera Typhoon Offshore se convirtió en la tercera contratista de Pemex: recibió $42 mil 790 millones. Pemex también entregó un contrato de mil 852 millones de pesos a Seguros Azteca, en 2021. La SEP, por su parte, dio en marzo de 2020 un contrato a la compañía de seguros; celebrado bajo la gestión de Esteban Moctezuma, que contemplaba una póliza para todos los bienes de la secretaría, por 969 millones 595 mil pesos, y el siguiente año le entregó otro por mil 748 millones de pesos.

Una revisión de los contratos federales arroja que, durante los primeros cuatro años de su administración, el gobierno de López Obrador pagó más de mil millones de pesos a TV Azteca –que junto con Televisa y La Jornada concentró 30% de los contratos de publicidad oficial federal– y otros 2 mil 569 millones de pesos a Totalplay.

La suma de contratos de Pemex y del resto de la administración federal arroja un monto total de 45 mil 307 millones de pesos de recursos públicos canalizados al imperio corporativo de Ricardo Salinas Pliego en los primeros cuatro años y medio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y eso solo a nivel federal.

Publirreportajes millonarios

En la Ciudad de México, el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo también entregó contratos al consorcio de Salinas Pliego, incluida su filial Seguros Azteca: en 2020 le adjudicó el seguro del Metro capitalino por un monto de 319 millones 355 mil pesos; en los años siguientes le pagó por pólizas para los trabajadores del gobierno, un total de mil 723 millones de pesos. En 2019, el Centro de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México otorgó a Totalplay Telecomunicaciones un contrato de 954 millones 143 mil pesos para instalar y controlar cámaras de vigilancias en la ciudad.

El gobierno mexiquense, por su parte, contrató a Totalplay y su filial Totalsec por 484 millones 069 mil pesos en 2019, para tener servicios de internet, mientras que al chiapaneco Rutilio Escandón le otorgó un contrato para labores de videovigilancia de 13 millones de pesos.

Los gobiernos locales se han prestado a otro negocio, grande y nuevo, para Elektra: con los recortes presupuestarios y la lenta llegada de los recursos federales, las tesorerías están cortas de dinero y enfrentan necesidades urgentes de liquidez.

Banco Azteca y otros bancos aprovecharon la situación y se volvieron grandes prestamistas de los gobiernos, por montos de entre 100 y 500 millones de pesos: entre 2019 y 2021, el banco dio por lo menos 19 préstamos a gobiernos estatales o municipales, por un monto de 5 mil 270 millones de pesos.

TV Azteca mantiene contratos vigentes de promoción con varios Estados, que en 2022 todavía incluyen ofertas como spots, “cápsulas (publirreportajes)”, “mención”, “cintillo en programación regular”, “transmisión especial”, “producción de programa especial” o “eventos especiales (Superbowl, Miss Universo, Premios Oscar, Box Diamante, Futbol Selección Nacional, Olimpiadas, Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación , etc.)”.

Según las cotizaciones de la televisora, que obtuve mediante solicitudes de transparencia, al gobierno capitalino le costaría 296 mil pesos una aparición de 15 segundos en la pantalla durante un partido de la selección nacional; al de Querétaro una “cápsula” de 90 segundos –es decir, un publirreportaje– en el noticiero Hechos saldría en 4.5 millones de pesos y un “control remoto” en el mismo programa saldría en 9 millones 280 mil pesos.

De hecho, según sus informes financieros, TV Azteca gana siempre más dinero de los infomerciales y de la publicidad integrada: reportó 2 mil 504 millones de pesos de ingresos por estos conceptos en 2022, contra mil 732 millones en 2020.

Abundancia sexenal

El 3 de abril de 2020, López Obrador declaró que “hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio, de televisión, les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales”.

Acto seguido, anunció que regresaría a las televisoras y las radiodifusoras los “tiempos del Estado” planteados en la reforma electoral de 2007. Aunque el presidente argumentó que su decisión se basaba en que un “gobierno del pueblo no necesita de propaganda”, en los hechos ofreció un regalo multimillonario a las televisoras, pues les devolvía siete minutos de tiempos fiscales —quedó en 11 minutos en temporada ordinaria y 18 minutos en periodo electoral— para que los comercializaran, y reconoció que les había hecho esta oferta en una reunión privada.

“Con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos que son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos”, dijo el mandatario, e insistió en que se trataba de un “apoyo considerable”. La medida fue plasmada en un decreto presidencial el 23 de abril de 2020, que generó incomprensión entre los analistas del sector.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solamente fue generoso con las empresas de Ricardo Salinas Pliego. También inundó de contratos al imperio corporativo de Carlos Slim Helú, a la constructora ICA, que desde 2016 está controlada por el financiero David Martínez Guzmán, a su vez vinculado con Televisa, así como a Carlos Hank González, Olegario Vázquez Aldir, María Asunción Aramburuzabala, Alberto Bailleres Gual e incluso a Germán Larrea Velasco, a pesar de su mala relación con él. Los poderes fácticos, blancos de tantos ataques discursivos de López Obrador y de sus simpatizantes, recibieron un trato de primera en la cuarta transformación.

Lo cierto es que el sexenio de López Obrador ha sido de los más prolíficos para Grupo Salinas y su dueño. Entre 2018 y 2022, el ingreso de Grupo Elektra se disparó en 60% —de 103 mil 522 millones de pesos a 164 mil 691 millones de pesos—, el de Totalplay se triplicó —de 10 mil 569 millones a 36 mil 352 millones en 2022—, y el de TV Azteca se mantuvo estable —de 14 mil 534 millones de pesos a 15 mil 099 millones de pesos— a pesar del derrumbe de su audiencia. Todo esto, sin contar los ingresos de la nebulosa de compañías de Ricardo Salinas Pliego que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y, por lo tanto, no publican sus resultados.

En 2018, la revista Forbes colocaba a Salinas Pliego en el cuarto lugar ex aequo de su lista de ultrarricos mexicanos, con una fortuna de 7 mil 100 millones de dólares. Estaba detrás de Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Baillères González y en igualdad con Eva Gonda de Rivera, una de las herederas del imperio de la embotelladora de Coca Cola. Al año siguiente, su fortuna se había disparado en 56.3%, y en 2023 la misma revista reportó que había ascendido al tercer lugar, con una fortuna estimada en 13 mil 500 millones de dólares.

Dicho de otro modo: durante los primeros cinco años de gobierno de López Obrador su fortuna creció en 91.5%.

Salinas Pliego vs. AMLO

Las empresas de Grupo Salinas emprendieron batallas legales contra algunas políticas emblemáticas de López Obrador. A partir de abril de 2020, por ejemplo, Salinas Pliego y sus medios atacaron las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno federal para enfrentar la pandemia de Covid-19: en su noticiario, Javier Alatorre llamó a la población a “no hacerle caso”al subsecretario Hugo López-Gatell, reportajes televisivos criticaron la decisión de no abrir las escuelas y su propio patrón tachó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de “gobernadorcillo”,por obligar a sus sucursales a respetar las medidas sanitarias. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos: expresó su respaldo a López-Gatell y aseveró que su “amigo” Alatorre se equivocó y que “como todos cometemos errores”.

Pero el desafío fue mayor, pues Ricardo Salinas Pliego obligó a sus trabajadores a acudir a sus centros de trabajo en plena pandemia “incluyendo todos los grupos vulnerables que estaban exceptuados (mujeres embarazadas, personas con patologías, etc.)”. En marzo de 2020, mandó una circular de tres cuartillas, firmada por él, donde planteaba que el Covid-19 “no es una enfermedad grave” [sic] y que era menos letal que la influenza estacional, las neumonías y la tuberculosis.

Ese año, el Covid-19 fue la primera causa de muerte en el país y, según el gobierno, la enfermedad generó un exceso de mortalidad de 678 mil 381 personas.

Ni Grupo Salinas ni su dueño respondieron por sus acciones durante la pandemia. Es más: cuando el gobierno federal decretó el cierre de las escuelas en el país, la SEP lanzó un plan de difusión de programas educativos en canales de televisión —destinados a sustituir las clases presenciales para millones de alumnos—, y entregó contratos por 150 millones de pesos a TV Azteca, la televisora que atacaba la estrategia de salud de López Obrador. La misma dependencia entregó otro contrato de 36 millones de pesos a la empresa Sinergia Consultoría de Negocios y a Prime Show Productora para elaborar los materiales audiovisuales educativos; la primera es una firma de outsourcing que presta sus servicios a Grupo Elektra.

El colegio privado de Ricardo Salinas Pliego, Humanitree, mantuvo sus puertas abiertas en medio del confinamiento gracias a un amparo que le otorgó el Juzgado Décimo Sexto capitalino, encabezado por Gabriel Regis López, contra un decreto publicado en marzo de 2020, en el que la SEP determinó el cierre de las escuelas. Al igual que el resto de los negocios de Grupo Salinas, el Mazatlán FC vendió boletos sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud sinaloense, a pesar de que la entidad seguía con semáforo epidemiológico naranja, el cual no permitía el ingreso a eventos deportivos.

Un año más tarde, el mismo juez Regis otorgó a Ricardo Salinas Pliego un amparo para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera investigara sus cuentas bancarias, en una indagación detonada por la publicación de los Pandora Papers, y en junio de 2023, otorgó una suspensión definitiva a su minera Cobre del Mayo, que lo exentó de la aplicación de una reforma a la Ley minera promulgada semanas antes por un decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

La nueva reglamentación prohíbe la entrega de permisos en áreas protegidas o en zonas áridas, obliga a las empresas a entregar el 5% de sus beneficios a las comunidades indígenas, y reduce el tiempo de las concesiones de 100 a 80 años; sin embargo, con la suspensión, Cobre del Mayo se convirtió en la primera en regresar al régimen minero establecido por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, muy favorable al sector privado.

En 2021, Ricardo Salinas Pliego y sus empresas se lanzaron contra la reforma al outsourcing. En su blog, aseveró que la eliminación de la subcontratación “atenta contra el libre comercio y la voluntad de las partes”, y deploró la “satanización” de la práctica, y retomó el eslogan del presidente López Obrador para defender el modelo de outsourcing: “Prohibido prohibir”. Como se mencionó, la reforma no impidió a Grupo Salinas continuar subcontratando, pues inscribió por lo menos 11 subsidiarias como compañías que realizan servicios “especializados”, una nueva manera de llamar al outsourcing.

En febrero de 2022, dos filiales de Grupo Elektra trataron, sin éxito, de obtener un amparo contra una reforma fiscal que obliga a las empresas y fiduciarias a conservar la información sobre los “beneficiarios controladores” y “terceros relacionados” en su contabilidad, y entregarla al SAT en caso de que se les pida. La medida tenía sentido en la lucha contra los esquemas de lavado de dinero o la evasión de impuestos, y para alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera, pero las compañías de Salinas Pliego buscaron escapar a su aplicación con el argumento de que dejaría a las “partes involucradas” –sus clientes– en estado de “indefensión”.

AMLO confesó haber ofrecido a Salinas Pliego una “quita” de $8 mil millones en multas y recargos en el cobro del SAT.

En el mismo sexenio, sus empresas intentaron evadir un decreto presidencial que daba más armas al SAT contra la evasión de impuestos, sobre todo contra el uso de facturas y de la contratación simulada de empresas que no tienen “los activos, personal, infraestructura o capacidad material […] para prestar los servicios”, con el único fin de reducir la carga fiscal. Las empresas no obtuvieron amparos y tuvieron que someterse a esta reforma, que obstaculizaba las prácticas en las que los contadores de Salinas Pliego se habían vuelto especialistas.

A pesar de todos sus desplantes, con un tono siempre más vindicativo e injurioso hacia la cuarta transformación, durante sus primeros cinco años en el poder López Obrador mantuvo la cordura. Todavía lo invitó a una comida en Palacio Nacional, junto con otros hombres de negocios, en mayo de 2023. El multimillonario no pudo refrenar sus ganas de dar detalles sobre la reunión y, en un mensaje dirigido a los simpatizantes del presidente, lanzó: “le va a dar diarrea a mucho loquito que todavía no entiende cómo funciona esto”.

Dicho de otro modo, quienes pensaban que López Obrador rompería con los poderes fácticos se habían engañado.

Oferta inconfesable

A medida que se derrumbaban sus estrategias para evitar el pago de los créditos fiscales al SAT, Ricardo Salinas Pliego empezó a atacar de manera más general a la Cuarta Transformación, las medidas “para el bienestar”, a los “gobiernícolas” y a los “chairos pendejos”. También se lanzó contra la respuesta gubernamental ante el huracán Otis, en Acapulco. En ese caso, el ataque salpicó al mandatario y marcó una fisura entre el presidente y su “asesor empresarial”: el tabasqueño sostuvo que el multimillonario había mandado a periodistas de TV Azteca a Acapulco con la instrucción de abrir sus micrófonos “para que me mienten la madre”,  como parte de sus maniobras para evitar el pago al SAT.

Ricardo Salinas Pliego acusó al mandatario de ejercer “presión indebida” sobre el Poder Judicial y de “abuso del poder” en su pleito con las autoridades tributarias; tras refrendar que “usaré todos los medios legales para defenderme”, exigió al presidente que “reflexione y recapacite”, y que cese la “polarización que promueve a diario”.

La pelea en espacios públicos continuó: López Obrador lanzaba críticas al multimillonario desde su conferencia matutina y este le contestaba desde sus redes sociales, vociferando contra sus políticas y acusándolo incluso de desviar recursos de los programas sociales. Lejos de este ruido, los dos hombres nunca rompieron su diálogo tras bambalinas: el mandatario confesó que había ofrecido a Salinas Pliego una “quita” de 8 mil millones de pesos en las multas y recargos en el cobro del SAT, con la garantía de que él asumiría el costo político de la condonación, pero el multimillonario la rechazó.

“Ya sabía lo que iban a decir mis adversarios […] ‘¿Cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué se le redujo tanto?’ Pero tomé la decisión de decir: ‘Propónganle y lo asumo’, y no quiso”, admitió López Obrador. Pese al desaire, el presidente insistió en que Salinas Pliego seguía siendo su “amigo”, aunque con “posturas políticas e ideológicas distintas”.

Este regalo de López Obrador a Salinas Pliego, una condonación de impuestos mayor a la que el gobierno de Peña Nieto otorgó a sus empresas con el programa Ponte al Corriente, provocó desamparo en Morena y entre sus simpatizantes.

Rozando los límites

En el cierre de este libro, en marzo de 2024, la relación entre López Obrador y Salinas Pliego se encontraba en su momento más estridente. El mandatario había declarado el campo de golf de Huatulco como Área Natural Protegida y enviado soldados de la Guardia Nacional a tomar posesión del predio. También había exhibido, en su conferencia matutina y en el sitio oficial de la Presidencia, las deudas fiscales y algunos juicios de las empresas de Grupo Salinas.

De acuerdo con la información dada a conocer, el SAT de López Obrador había actualizado el monto original de 37 mil millones de pesos, y las autoridades tributarias reclamaban ahora 53 mil millones de pesos a Grupo Salinas, a los que se sumaban otros 10 mil millones de pesos por “créditos emitidos en la actual administración”, de los que no ofreció detalles. El monto total alcanzaba 63 mil millones de pesos.

Salinas Pliego respondió en redes sociales: en videos y decenas de publicaciones, refrendó que hará todo lo que esté en su poder para no pagar, y acentuó sus denuncias contra el mandatario y su gobierno, a los que acusó de corrupción y de ineptitud, especialmente respecto a la inseguridad y a los megaproyectos, como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

 

 

 

Fuente: Fabrica de Periodismo

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