Revive Congreso de Quintana Roo Iniciativa que Criminaliza la Labor Periodística

Francisco Hernández / CAMBIO 22

CHETUMAL, 20 de abril.- A pocos meses de que finalice sus funciones, la XVI Legislatura del Congreso del Estado retomó el análisis de una iniciativa de reforma al Código Penal del estado que en su texto pretende sancionar con penas de cárcel a quien proporcione o difunda fotos o videos de hechos relacionados con cualquier delito, situación que criminalizaría la labor periodística en el estado.

La propuesta, llamada propagandísticamente como “Ley Ingrid”, fue ingresada por un bloque de 11 diputados, en su mayoría de Morena, y en teoría sería similar a otras leyes promulgadas en otras entidades para evitar la revictimización de mujeres víctimas de feminicidio o actos atroces, al sancionar que servidores públicos filtren imágenes que forman parte de los expedientes.

Sin embargo, el texto que los diputados pretenden aprobar no cumple con ese objetivo simplemente, sino que va más allá, pues no solo sanciona la difusión de imágenes de cadáveres que formen parte de un expediente penal, sino de simples fotos videos o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos o incluso instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados” con cualquier hecho que sea señalado como delito.

Asimismo, se sanciona a cualquier persona que difunda la información sobre cualquier hecho objeto de investigación penal, lo cual daría a la Fiscalía General del Estado autoridad discrecional para procesar a cualquier reportero que informe sobre un hecho delictivo, sus detalles o fotografías del lugar de los hechos, pero también a defensores de derechos humanos o de víctimas, y cualquier persona que se atreva a realizar una difusión usando cualquier medio, como sus redes sociales.

Esta iniciativa había sido impulsada desde finales del año 2020, pero se había mantenido sin tocar luego de los serios señalamientos sobre la ambigüedad y la amplitud que contiene la definición del tipo penal, y que tiene como consecuencia inhibir y hasta coartar el ejercicio de la libertad de expresión, el hacer pender la amenaza de cárcel sobre el difusor.

Desde entonces se señalaron sus inconsistencias y que en estados como Colima inclusive se había denunciado su inconstitucionalidad, la cual un año después, en 2021, fue declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por la ambigüedad y la amplitud con la que se define el tipo penal.

También se destacó que, al estar enfocada en su espíritu en la violencia de género, el resultado de su redacción sería contradictoria, porque significaría que feminicidios u otros delitos de esta índole ya no serían informados por la prensa, por lo que perderían visibilidad.

Ahora, la iniciativa presentada por los diputados Édgar Gasca Arceo, Euterpe Gutiérrez Valasis, Ericka Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Paula Pech Vázquez, Cristina Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora Vallejo, Tyara Schleske de Ariño, Ana Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva, se revive en el Congreso del Estado, luego de que la Cámara de Diputados federal aprobó su propia versión de “Ley Ingrid”, con un texto que también es cuestionado porque contiene todavía los defectos que fueron señalados por la Corte cuando invalidó la reforma de Colima, y que, en cambio, fueron corregidos en la Ciudad de México, donde de hecho se presentó la iniciativa original y al final fue modificada.

La reforma pasada por los diputados federales todavía no es ley, porque falta que el Senado la revise y la avale, pero los diputados de Quintana Roo actúan como si ya lo fuera y quieren copiarla, manteniendo un texto que no circunscribe la sanción a los funcionarios que filtren información o imágenes confidenciales de un expediente penal sobre un delito violento contra una mujer, sino que también penaliza a cualquier persona que difundan la información o imágenes, lo cual criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión.

Eso es lo que se vio en la reunión de la Comisión de Justicia realizada la noche de este martes, en donde se retomó el análisis de la reforma, tomando como modelo la reforma aprobada por la Cámara de Diputados.

Pero además, los diputados locales quieren convertir a la difusión de información o imágenes de cualquier asunto penal o relacionado con un delito en una violación a la intimidad personal o familiar, lo cual pervierte el sentido del derecho a la intimidad a tal grado que lo convierte en un motivo para una censura previa que se terminaría hasta por dar protección a presuntos delincuentes.

La iniciativa desde un principio estuvo dirigida a sancionar a los medios de comunicación, pues desde su exposición de motivos los diputados señalaron el caso de un titular de periódico sobre un presunto feminicidio que les ofendió como la razón que tuvieron para proponer la reforma.

“Con la presente iniciativa se pretenden sancionar las violaciones que sufren las mujeres a través de expresiones de máxima violencia en su contra, que ocurren mediante la exhibición o tratamiento mediático “vulgar” de los crímenes de género que terminan por ocasionar un daño emocional en las víctimas indirectas y la sociedad”, se indica.

Sin embargo, como ya se dijo, la intensión del texto del artículo que se propone añadir al Código Penal va más allá de proteger a las víctimas de feminicidios de la revictimización institucional, sino que criminaliza la difusión de información o imágenes relacionadas con cualquier delito, lo cual repercute en coartar y establecer una censura previa al ejercicio de la libertad de expresión, principalmente en materia de información policiaca, pero también en la información sobre investigaciones de casos de corrupción.

franciscohcambio22@gmail.com

RAM