• Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, acompañados de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 138 migrantes que se encontraban secuestrados en un domicilio en la comunidad fronteriza de Suchiate, Chiapas.

 

• Este nuevo cártel elaboró una estancia conocida como “La Gallera” es un terreno a la intemperie en la frontera de Chiapas con Guatemala, que se diseñó como una enorme jaula, techada y enrejada con una malla metálica, para encerrar a los indocumentados, como si de resguardar animales se tratara.

 

Redacción/CAMBIO 22

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Fuerzas federales asestaron un duro golpe a la mafia que trafican indocumentados de la frontera sur de México a la frontera con los Estados Unidos y que desde febrero de este año se hacen llamar el “Cártel del Ancla”, dedicado específicamente al secuestro masivo de migrantes en la frontera Chiapas-Guatemala.

Este miércoles 11, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, acompañados de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 138 migrantes que se encontraban secuestrados en un domicilio en la comunidad fronteriza de Suchiate, Chiapas.

Tras recibir diversas denuncias de que en una vivienda de la colonia El Rosario, había personas secuestradas, las fuerzas de seguridad realizaron el operativo a orillas del río Suchiate; en el lugar se localizaron 138 migrantes, 52 hombres, 58 mujeres y 28 menores de edad, en su mayoría de Honduras, Ecuador y Venezuela, quienes dijeron que les exigían entre 100 y mil dólares para poder continuar su trayecto hacia Estados Unidos.

A pesar del impresionante operativo reportado en redes sociales, las autoridades no reportaron personas detenidas y únicamente se aseguró la vivienda y el terreno donde se encontraban las víctimas; tras el rescate, los migrantes fueron trasladados a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula para recibir atención médica, alimentación y orientación sobre su situación de estancia en el país.

Sobre el tema, la mañana de este jueves se reportó que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula detectaron un vuelo privado en el que viajarían hacia Sonora seis personas extranjeras en condición irregular, cuatro de Egipto y dos de Jordania, de acuerdo con el Instituto, los migrantes no lograron acreditar su estancia regular en el país, por lo que fueron llevados a la estación migratoria Siglo XXI, para realizar su procedimiento administrativo migratorio.

Este aseguramiento de extranjeros es la otra cara de la moneda, de las personas de oriente medio que cuentan con recursos millonarios para contratar un taxi aéreo que los lleve de frontera a frontera: “La operación migratoria, así como la matrícula, modelo de la aeronave y datos de la tripulación se hicieron de conocimiento de la fiscalía estatal”, detalló la dependencia.

El miércoles también se informó que unos mil 500 migrantes de distintas nacionalices partieron de Suchiate, hacia la ciudad de Tapachula en busca de iniciar diversos trámites de regularización o continuar su camino hacia el norte del país, todos huyen de los cárteles que los secuestran o de la famosa “gallera” del Cártel de Ancla.

En una reciente investigación periodística difundida por el diario Milenio se asegura que “la gallera” es un terreno a la intemperie en la frontera de Chiapas con Guatemala, que se diseñó como una enorme jaula, techada y enrejada con una malla metálica, como si de resguardar animales se tratara. Sólo que a quienes encierran diariamente ahí es a un centenar de migrantes, incluidas niñas, niños y mujeres.

Los migrantes son secuestrados y pueden ser liberados hasta saldar su rescate y que el cártel lo apruebe. Colocan un sello con forma de ancla en algún brazo de la víctima, como símbolo de su pago y liberación”, algo similar a lo sucedido con el rescate de los 138 migrantes la mañana del miércoles.

Cada uno de los migrantes tienen que pagar 75 dólares o mil 200 pesos por el rescate.

Un grupo delictivo los captura cuando cruzan a México, en su camino hacia los Estados Unidos.

Los encierran en esta especie de jaula, armada por una tela de alambre.

A los adultos no les dan agua ni comida. Las niñas y niños, a partir de los cuatro años, también pagan rescate; los únicos a los que se les alimenta mientras están privados de la libertad.

En las palmas de las manos les sirven una cucharada de arroz y otra de huevo.

Una de las galleras estaría ubicada en el ejido de Guadalupe Victoria, que pertenece a Amatenango de la Frontera, un municipio dedicado sobre todo al cultivo del frijol y maíz y forma parte de los 12 municipios chiapanecos que han sido denominados Región Frontera y que las organizaciones civiles han alertado y clasificado que viven un conflicto armado no internacional, sustentado en el marco legal del Derecho Internacional Humanitario del IV Convenio de Ginebra.

Los territorios en cuestión son: La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Bella Vista y Amatenango de la Frontera.

Milenio consigna que hasta el 7 de julio de 2021, se colocó a Chiapas por primera vez en los titulares de la prensa nacional e internacional como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada.

El punto de inflexión ocurrió cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscó en el fraccionamiento La Gloria, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a Gilberto Rivera “El Junior”, hijo del operador del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos que mantenía el control en Chiapas.
De acuerdo con los informes de la prensa local, se trasladaba en un Audi y era acompañado también de un Renault, cuando fue atacado con armas de grueso calibre a plena luz del día.

A partir del asesinato de “El Junior” hasta el día de hoy, más de 10 mil habitantes de estos 12 municipios chiapanecos han sido víctimas de desplazamiento forzado debido a esta problemática, concluye el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, presentado en enero de 2024 por organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la Región Frontera.

“Se nos aparecieron unos tipos. Eran tres motos y dos camionetas, una Silverado blanca [Chevrolet pickup] y una negra. Con groserías nos dijeron que teníamos que pagar un paquete [de viaje] de 200 pesos por persona para poder llegar hasta Tapachula. Y nos advirtieron ‘es la única opción que pueden tomar, no se hagan los pendejos con nosotros”, narró un migrante, sin embargo, los 200 pesos que le pagaron al cártel no los condujo a Tapachula sino a la gallera.

En esta zona controlada por cárteles, los rescates alcanzan los 70 mil pesos, en depósitos a cuentas de Banco Azteca, la ruta más segura y disponible para los migrantes que van de Ciudad Hidalgo a Tapachula es subirse a los autobuses asignados por el Instituto Nacional de Migración (INM); sin embargo, la espera puede ser de varios días y durmiendo en el piso en unas carpas improvisadas.

La Región Frontera se ha convertido en el tramo más peligroso para los migrantes desde 2021, pues quedan atrapados entre los enfrentamientos de cárteles; La Organización de Naciones Unidas (ONU) reporta que 7.7 millones de venezolanos han salido de su país buscando protección y una mejor vida.

El crimen organizado ha lucrado con la miseria y la crisis humanitaria en Chiapas.

En 2018 Insight Crime había calculado –cuando el flujo de migrantes por nuestro país era muchísimo menor– que estos grupos ganaban más de 134 millones de dólares anualmente por cometer crímenes contra migrantes (sin incluir las cuotas por cruce fronterizo).

La pregunta sería ¿hoy las ganancias podrían ser cuatro o cinco veces mayor?, pues según el reporte del INM de migrantes en situación irregular, la cifra creció sólo en Chiapas cuatro veces en los últimos seis años, de 58 mil 860 a 240 mil 497 en 2024, documentó Milenio.

 

 

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