abril 20, 2024 05:05

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

abril 20, 2024 05:05

 

  • Desde la venta de terrenos a precios irrisorios hasta acusaciones de tráfico de influencias, el presidente AMLO enfrenta un escándalo que involucra a directivos y familiares, mientras la institución se desmantela y el Malecón Tajamar queda como una bomba de tiempo para Mara Lezama.

 

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN.- Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la corrupción que existía en la venta de terrenos públicos por parte del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) “era un cochinero”, y acusó que en los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue cuando se vendieron más terrenos a precios “de ganga”, no se equivocaba, pero las mismas prácticas se realizaron con los directivos de ese organismo como Rogelio Jiménez Pons y Javier May Rodríguez, sin olvidar la denuncia que involucra a su hijo Gonzalo López Beltrán, quien tendió una red de negocios y tráfico de influencias ligadas a la construcción del Tren Maya.

AMLO aseguró que en el gobierno de Vicente Fox se vendieron terrenos cerca del aeropuerto de Cancún en 70 pesos la hectárea: “Ofrezco disculpas por la mala expresión, era un cochinero. El caso de la venta de terrenos de Fonatur , tengo claro y hay pruebas de cómo durante el gobierno de Fox se vendieron terrenos como a 10 minutos cuando mucho del actual aeropuerto de Cancún, manglares, creo que como 200, 300 hectáreas a 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro de alfombra”.

Fonatur fue creado en 1974 y siempre fue un referente de corrupción y tráfico de influencias, escándalos y robos perdonados o encubiertos; un acto de corrupción que acaparó los titulares nacionales fue el protagonizado en noviembre de 2021 por el delegado de Fonatur en Cancún, Raúl Bermúdez Arreola por alquilar para su beneficio una villa en la zona hotelera de Cancún construida con fondos públicos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y que estaba proyectada para funcionar como casa de descanso presidencial.

La Villa Chakté se encuentra a pie de playa y está ubicada a cinco minutos del aeropuerto en Cancún era rentada a través de la plataforma Airbnb, donde se pide un anticipo el cual debía depositarse en una cuenta que no era de Fonatur.

Villas Chakté consta de 21 mil 273 metros cuadrados y 846 metros de construcción, está en la Zona Hotelera Cancún y tiene acceso directo a la playa. Se trata de una villa conformada por módulos independientes distribuidos en comedor, sala, recámara principal y secundaria, alberca con jacuzzi, cuarto de máquinas, un extenso jardín y un  módulo de servicios. El costo de la noche por la villa era de 10 mil 176 pesos, era lo que se embolsaba Bermúdez Arreola.

En octubre del año 2020, Bermúdez Arreola quien es sobrino de Hernán Bermúdez Requena, el depuesto Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de “La Barredora”, brazo armado del CJNG en esa entidad, también fue exhibo en redes sociales amenazando al administrador del fraccionamiento Isla Dorada por las medidas sanitarias para poder hacer uso del gimnasio.

En aquella ocasión Bermúdez Arreola fue nombrado #LordFonatur por los usuarios redes sociales, el funcionario es habitante del fraccionamiento, pero él se quejo de las medidas sanitarias del gimnasio al que acude. El delegado de Fonatur reclamó a través de una llamada al administrador de Isla Dorada para recriminarle por los lugares reservados para hacer ejercicio, después de la llamada, el delegado de Fonatur acudió a la oficina de administración y retó a golpes al empleado, al tiempo que lo amenazó con clausurar el fraccionamiento.

Sobre este caso de prepotencia, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, dijo que se trató de un “problema doméstico” entre condóminos y aseguró que Bermúdez Arreola ofreció disculpas y sería amonestado por la dependencia por su actitud, hasta hoy, el expediente contra Bermúdez está archivado.

Igualmente escandaloso fue que Fonatur, habilitó a la empresa privada Mavel SA para que fuera la única autorizada para hacer las pruebas Covid en la zona hotelera pues le daba a Bermúdez cinco dólares por cada una de las aplicaciones.

La situación se hizo pública cuando se prohibió a Medexlab, un laboratorio con el que trabajaba el gobierno del estado, aplicar siete mil pruebas gratuitas para crear una burbuja sanitaria.

Mavel también se encuentra vinculada a la renta de unas patinetas eléctricas en la zona hotelera y a la renta de máquinas expendedoras de alimentos, que generaron quejas por parte de los hoteleros.

Bermúdez incursionó en otras actividades cercanas a la extorsión, como sucedió por ejemplo durante la construcción del Hotel Breathless Cancún; durante su construcción, una de las empresas responsables del proyecto tuvo que tirar cinco metros de banqueta para introducir a la propiedad unos equipos y como se acostumbra en esos casos avisó con una carta que lo haría, pero que inmediatamente repararía el daño.

Sin embargo el director de Fonatur reaccionó diciendo que la institución reconstruiría la banqueta y que la constructora le tendría que pagar casi un millón de pesos, cuando el precio comercial era cinco veces menor

LOS SOBRE PAGOS IMPUNES DE FONATUR

Otro escándalo en Fonatur, que demostraba que en la administración de AMLO seguía existiendo la corrupción, fue el dictámen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusando que realizó “pagos en exceso” por 1 mil 136.8 millones de pesos durante el 2021 en la construcción de los tramos 1, 2, 3 y 4 del Tren Maya, de los cuales el 95% se hicieron en el último, que estaba a cargo de la empresa ICA.

La auditoría mencionaba en un informe, que solicitó al fondo una aclaración y la documentación comprobatoria de 492.9 millones de pesos (el mayor monto para un concepto de obra), debido a que en las matrices de precios unitarios se consideraron volúmenes superiores de concreto, acero, cimbra, rellenos, capa de filtro e impermeabilización por cada metro lineal respecto de lo indicado en los planos del proyecto.

Debido a que no se hizo la comprobación correspondiente, en el dictamen de la auditoría emitido el ocho de febrero del 2023, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Tren Maya, se reiteró el concepto de gasto en exceso.

El segundo mayor monto detectado en el tramo 4 lo reportó así la ASF: pagos en exceso por un monto de 400,271.0 miles de pesos (400.3 millones de pesos), en seis conceptos de la subpartida de pavimentos, debido a que se consideraron cantidades superiores en el costo directo de materiales.

Con base en información aportada por Fonatur a la ASF, el contrato relacionado con la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo Izamal-Cancún (257 km desde la estación Izamal a la estación Aeropuerto Cancún, en su mayor parte dentro del actual derecho de vía de la autopista, concesionada a ICA) ha tenido un par de modificaciones desde que se firmó en septiembre del 2020. La adjudicación del contrato fue por asignación directa para no tener complicaciones con la concesión de la autopista con la misma empresa.

En dicho tramo se detectaron siete de los 12 pagos en exceso y el tercero más relevante fue por 68,882.2 miles de pesos (68.9 millones de pesos), en cinco conceptos de la subpartida obra civil pasos vehiculares, debido a que se consideraron cantidades superiores en el costo directo de materiales. Ahí también se pagaron 48,763.8 miles de pesos (48.8 millones de pesos), en los informes mensuales de obra y supervisión, por no acreditar la participación del personal incluido en sus precios unitarios.

Por su parte, en el tramo 3, a cargo de GAMI y Azvi, la auditoría reportó pagos en excesos por 32,616.9 miles de pesos (32.6 millones de pesos), “ya que en las matrices de los precios unitarios de seis conceptos del contrato de supervisión, se consideró personal que no debía incluirse de conformidad con los términos de referencia, en razón de que correspondía a personal subcontratado”, al darse a conocer las millonarias irregularidades, el gobierno optó por la remosión de y tarscendió que estaba siendo investigado por una demanda en su contra. No pasó a mayores para no manchar el proyecto insignia de AMLO.

TAN MALO ES EL PINTO COMO EL COLORADO

Con la llegada de Javier May Rodríguez a Fonatur, las cosas no cambiaron mucho pues también empezó adjudicar directamente los contratos e incurrió sistemáticamente en prácticas de favoritismo para que empresarios tabasqueños obtuvieron contratos de manera directa con la administración pública federal por primera vez.

May había denunciado a Rogelio Jiménez por ejercicio indebido del servicio público tras haber autorizado adjudicaciones directas en el Tren Maya, con posibles daños patrimoniales, según el diario Reforma, las cosas no cambiaron en materia de adjudicaciones y el nombre del hijo del presidente se mencionaba insistentemente.

Fonatur negó en Twitter la denuncia en contra del actual subsecretario de Transportes, pero una revisión a los estados financieros de la institución, muestran que efectivamente existe una denuncia y revelan que se encuentra en etapa de investigación, de acuerdo con el expediente 01/04/V-2022.

Un año antes de que May Rodríguez fuera nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encargarse de Fonatur y sus filiales –la empresa pública Fonatur Tren Maya, SA de CV, y Fonatur Infraestructura, SA de CV– la institución ya adjudicaba de manera directa 82% de los contratos, con Rogelio Jiménez Pons como director.

Por ejemplo, de mil 209 procedimientos en 2021 al menos 995 fueron adjudicaciones directas, de acuerdo con una revisión en Compranet, plataforma de información pública donde se registran las compras gubernamentales.

Con May, en poco tiempo se habían adjudicado 324 contratos de manera directa, de 394, en los primeros ocho meses del año, hasta el pasado 12 de agosto de 2023.

Uno de ellos fue por más de 4 mil millones de pesos hasta 2026 a la empresa Mota-Engil México SAPI de CV, la adjudicación directa debería ser un procedimiento excepcional, no la regla, por ser discrecional y prestarse a la corrupción; pero el gobierno de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por priorizar este mecanismo, como también ocurrió con sexenios anteriores. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, López Obrador afirmó que tal era su lucha anticorrupción que prohibiría las adjudicaciones directas. Hoy es la práctica más recurrente.

LA OPACIDAD EN LA VENTA DE TERRENOS A BAJO COSTO

A partir de 1975 Fonatur inició de la construcción de Cancún, transformando una región de selva y costa en un proyecto turístico ambicioso; durante los años setentas-ochentas se contruyeron las infraestructuras fundamentales de este centro turístico incluyendo hoteles, carreteras y el Aeropuerto Internacional; con ello la venta de lotes y grandes extensiones de terrenos que los Gobernadores y Presidentes de la República en turno usufructuaron a su libre antojo.

En mayo del año pasado, se supo que Fonatur, había vendido lotes con valor turístico con lo que se concretaron operaciones por más de 671 millones de pesos, de acuerdo con los registros que elabora en esta materia el organismo.

May Rodríguez reportó que durante la actual administración federal ha habían vendido un total de 158 predios, que representan una superficie de 418 mil 396.38 metros cuadrados, con un precio neto de 671 millones 729 mil 301.25 pesos.

Según lo expone en la respuesta que otorgó vía transparencia, el Fonatur realiza estas acciones de venta para cumplir con las funciones que le marca la Ley General de Turismo, particularmente en su Artículo 44, en la siguiente fracción:

“II. Crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de considerarse los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región”.

En esta administración, autodenominada de la “Cuarta Transformación”, las ventas de terrenos del Fonatur han estado concentradas en cinco entidades federativas: en el primer lugar, por el monto de las operaciones, aparece el estado de Oaxaca, con 68 predios vendidos, una superficie de 216 mil 009.32 metros cuadrados y un valor de 361 millones 156 mil 728.25 pesos; en el segundo lugar está Baja California Sur, con 70 terrenos vendidos, una superficie de 183 mil 742.49 metros cuadrados y un precio de 270 millones 787 mil 527.20 pesos.

En el tercer sitio está el estado de Guerrero, con 13 terrenos vendidos, una superficie de 13 mil 326.42 metros cuadrados y un valor de 21 millones 966 mil 191.80 pesos; el cuarto lugar es para Nayarit, que aparece con seis terrenos vendidos, una superficie de 4 mil 383.18 metros cuadrados y un valor de 13 millones 645 mil 234.40 pesos.

El quinto sitio es para Quintana Roo, donde el organismo reporta una sola venta en este periodo, sobre un predio de 934.97 metros cuadrados y un costo de 4 millones 173 mil 619.60 pesos. El terreno, precisa el Fonatur, se encuentra en Cozumel.

Aunque se trata de operaciones que pudieran ser vulneradas por actos de corrupción, al tratarse de inmuebles que se transfieren de manos públicas hacia manos privadas, y que están bien cotizados por el valor turístico que ostentan, el Fonatur omite informar el nombre de las personas y empresas que compraron todos estos terrenos en las zonas turísticas del país.

En la solicitud de información que se le presentó al organismo se le requirió que informara el nombre del comprador en cada una de estas ventas; sin embargo, en su respuesta asegura que está impedido para entregar estos datos:

“De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: ‘Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones…’, no es posible indicar el nombre de los compradores (folio 330014823000061)”.

La extensión de reservas territoriales de Fonatur siguen siendo importante:

“Actualmente posee un inventario de terrenos disponibles para venta en sus Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales, que equivale a una superficie de 3,102,347.98m2″.

LA PIRINOLA DE FONATUR SIEMPRE EN “TOMA TODO”

En mayo de 2023, la asociación civil Observatorio Quintana Roo, denunció que Fonatur firmó en enero de ese año, un contrato de arrendamiento para la instalación de 20 módulos comerciales en áreas públicas de la Zona Hotelera de esta ciudad, a un precio muy por debajo de la media.

Cada módulo ocuparía un espacio de 4 a 9 metros cuadrados, con una renta mensual de 7 mil 500 pesos. De acuerdo a este organismo empresarial, esto equivale a un pago de 900 pesos por metro cuadrado “toda una oferta” en consideración al nivel de rentas de la zona.

Estos 20 espacios fueron entregados en arrendamiento a la empresa Comercializadora Jeter S. A. de C. V. (nombre comercial “Walkins Boxshop”), representada por José Antenor Ancona Rodríguez, presidente de “Grupo Gremol”, propietaria de los medios En Cambio y 5ta Avenida, quien trascendió fronteras cuando fue acusado de violar a un niño chipaneco, caso que quedó archivado, como sucedió con la demanda que su madre interpuso en su contra por el despojo del edificio que albergaba el diario Olmeca que fundara su padre Antenor Ancona, un popular proxeneta de Villahermosa, así como el robo de manera clandestina de la maquinaria del mismo.

En estos módulos, según el contrato podrían venderse cualquier producto lícito, incluidos alimentos o boletos para servicios turísticos, para lo cual deberá obtener los permisos de las autoridades correspondientes.

El contrato, que fue firmado en enero, tiene un vigor de cinco años. En un documento separado, la encargada de despacho autorizó siete módulos, de los 12 solicitados por el arrendatario. Estos están junto a Playa Delfines, Bar Cotorritos, Playa Tortugas, Chedraui Cuchilla, Hotel JW Marriot, Explanada Mortero y junto al Bar Abolengo.

Es de llamar la atención lo benéfico que se da a estas peticiones alejadas de toda planeación urbana y en evidente contradicción con las atribuciones de las autoridades locales, estatales y municipales”, continúa.

La asociación critica las consideraciones especiales brindadas a esta empresa originaria de Tabasco, tanto por la renta fijada como por indicar que Fonatur esperará a que el arrendatario obtenga los permisos municipales. El plazo otorgado no coincide con el término de la administración federal y no parece existir ninguna autorización de algún órgano, fuera de la propia encargada de despacho.

José Ancona y sus medios digitales, que no tienen mayor impacto en la opinión pública de Quintana Roo y Tabasco, actualmente es utilizado por Javier May para atacar a sus enemigos políticos y periodistas incómodos para la 4T en Tabasco. En Fonatur todos han ganado, hasta los encargados de despacho.

RESERVAS NATURALES PARA EVITAR LA TENTACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

En febrero del año pasado, el presidente López Obrador dijo: 

“Estamos tomando la decisión de convertir todos los terrenos de Fonatur en reservas naturales protegidas porque desde hace algún tiempo ha imperado la corrupción (en la dependencia)”, señaló en su conferencia mañanera, como una estragia para acabar con dichos actos se ‘institucionalizaron’ de los años ochentas a los noventa; Cancún, el primer Centro Integralmente Planeado del país y aunque ya la mayoría de su reserva territorial ha sido comercializada aún quedan algunos lotes que entrarían en este decreto presidencial, el cual, adelantó López Obrador, ya había firmado.

 

“Se han ido apoderando de terrenos, de bienes, que son bienes de la nación y ya no queremos que siga esa corrupción y queremos proteger esos bienes porque si no vamos a dejar ahí una tentación para que continúe la corrupción en Fonatur; hay casos muy lamentables, llegaban hasta a rentar la casa presidencial de Cancún, que yo no uso… las rentaban hasta para fiestas y entregaban bienes de esos terrenos en convenios leoninos en donde se beneficiaban los traficantes de influencias, los funcionarios”, explicó el presidente.

El presidente ejemplificó con otros casos, como la compra de un terreno en playa Espíritu, Sinaloa, por 120 millones de dólares, por el exgobernador sinaloense Antonio Toledo.

“Se están rifando los lotes y se llevan obtenidos algunos recursos pero no vamos a terminar, ¿qué vamos a hacer? para que no los vendan, los rematen, también para garantizar playas públicas”, dijo al justificar la declaratoria de áreas protegidas, las cuales serán “reservas naturales con playas para que la gente pueda llegar porque ya es muy difícil encontrar playas públicas, se esmeraron en privatizar las playas, las costas”.

En total, indicó, son alrededor de 15 mil hectáreas en distintas partes del país como Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit y Quintana Roo las que aún pertenecen a Fonatur. “En Cancún la mayoría de los predios han sido vendidos, se protegerá todo lo que quede en Cancún, hay unos parques… el propósito es dejarlo protegido”.

MARA LEZAMA, EL RETO DE RELEVAR A FONATUR

Hace 20 días, inició formalmente el desmantelamiento de Fonatur y la entrega de bienes a los estados donde operaba; en el caso de Quintana Roo, será la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien encabece este proceso por parte del gobierno del estado; la semana pasada acudióa la CDMX para fimar los acuerdos para este traspaso, el gobierno federal estuvo representado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

Este suceso marca el fin de una era en la que Fonatur desempeñó un papel fundamental en la construcción y desarrollo de Cancún, consolidándolo como un éxito turístico.

La misión de Fonatur fue impulsar el desarrollo turístico de México, generando empleo, fortaleciendo la economía local y atrayendo inversiones extranjeras. A lo largo de los años, se ha dicho, Fonatur desempeñó un papel crucial en la transformación de Cancún en un destino turístico de renombre internacional. La construcción de infraestructura, hoteles, y la promoción activa en el ámbito internacional fueron factores clave que contribuyeron al éxito de este proyecto, pero también fue acompañado por la estigma de la corrupción.

Durante enero y febrero Fonatur deberá concretar el traspaso de aproximadamente 170 predios, tanto al Gobierno del Estado como al Ayuntamiento de Benito Juárez; aunque no se han definido detalles sobre la donación de los terrenos existentes y que en la última subasta no salieron, será el Gobierno del Estado el que se encargue del mantenimiento de la Zona Hotelera, para lo cual recibirá directamente de la Federación entre 215 y 220 millones de pesos que invertía Fonatur.

Fonatur, tarscendió ya realizó un pago reciente con el objetivo de agilizar los trámites con la Dirección de Catastro para el cambio de propietario y poder realizar la entrega en tiempo. De los 170 predios, aún se tiene que definir cuántos serán para el municipio y cuáles para el gobierno del estado, desde luego la mayoría van a ir para el municipio.

LA CORRUPCIÓN LLEGA A PALACIO NACIONAL

Pero la corrupción de Fonatur, no solo era en la venta de espacios, extorsión a hoteleros y la venta de terrenos de alta plusvalía turística a bajos precios, sino también el trafico de influencia en los contratos del Tren Maya, que en el último tramo del sexenio fueron operados y entregados por Javier May a empresarios tabasqueños.

Recientemente trascendió que fueron entregados por instrucciones de Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente López Obrador, quien articuló una red de negocios y tráfico de influencias ligadas a la construcción del Tren Maya con el que han logrado hacer miles de millones de pesos, según reveló una investigación de Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola.

“Bobby”, como se hace llamar en sus redes sociales el hijo de AMLO, es el que menos llama la atención o el que más cuidado tiene de exponerse a la vida pública en comparación con sus hermanos, Andy y José Ramón López Beltrán. Este perfil “desinteresado” en la política y en lo que pasa en el gobierno de su padre le habrían ayudado a construir su jugoso negocio.

Y es que de acuerdo con la investigación realizada por Mario Gutiérrez Vega, “Bobby” fungió como intermediario en los negocios del Tren Maya, convirtiéndose en el “coyote” de una de las obras clave del gobierno de su padre, López Obrador.

Gonzalo López habría repartido contratos; decidió cómo, cuándo, dónde, y sentó a uno de sus íntimos amigos a la mesa de los grandes constructores. Ese amigo es Amílcar Olán, un joven tabasqueño al que convirtieron al vapor en un joven empresario y millonario, a quienes le asignaron importantes contratos.

Cabe apuntar que Amílcar Olán es la misma persona de la que el pasado 6 de diciembre Latinus reveló que Andy López Beltrán orquestó una red de influencias para ganar millones de la venta de medicamentos con ayuda del gobierno de Quintana Roo y Tabasco.


En una serie de audios revelados por Latinus se oye a Amílcar Olán refiriéndose a Gonzalo, a quien le dice cariñosamente Gonzalito y “Bobby”. En los audios Amílcar explica con lujo de detalle cómo fue que se convirtió en el principal proveedor de balasto del Tren Maya, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren y que le sirve de soporte.

En sus conversaciones, Amílcar Olán confiesa que en sólo seis meses logró utilidades por 250 millones de pesos. Su negocio funciona con una red de empresas prestanombres para el transporte y la producción de la piedra.

Según el Gobierno Federal, para los siete tramos del tren maya se ocuparían 5 millones de metros cúbicos de balasto, por los que presuntamente obtuvo 193 millones de pesos.

Sin embargo, el triturar y vender la piedra no es el centro del negocio, sino el transportarla.

“Tú ponte pilas con el put* flete que ahí es donde está la lana. Yo no lo suelto porque el negocio es el flete obviamente. Yo no estoy soltando un metro de piedra si no lo fleteo yo”, presuntamente se le oye decir a Olán en uno de los audios presentados por el medio antes citado.

Esa sería el jugoso negocio, pues de acuerdo con un tabulador de precios que Grupo Minero Alicante envió al Ejército, detalla que por llevar 500 mil metros cúbicos a Cancún por camiones de 50 metros cúbicos cobraría 2 mil millones de pesos.

En otra conversación presentada, Olán afirma que, con orden directa de Presidencia, se le pidió surtir de balasto para terminar un tramo de la obra:

“Pero ahorita ya me dieron 500 mil metros cúbicos más y es una locura. La verdad que fue un contrato muy grande; me fue muy bien, que me deben ya la utilidad, pero bueno, en seis meses me metí 250 millones de utilidad”, se le oye confesar.

Los documentos y los audios fueron presentados en el noticiero Loret en Latinus emitido este martes 10 de enero, como parte de la investigación “El Clan” que ha desmenuzado los negocios millonarios que han hecho los hijos del presidente mexicano.

MALECÓN TAJAMAR, UNA BOMBA DE TIEMPO PARA MARA LEZAMA

Fonatur lotificó y comercializó el Malecón Tajamar, en Cancún, un malogrado proyecto inmobiliario ubicado en la zona centro del municipio y ahora la dependencia desparece sin resolver las indemnizaciones correspondientes.

El gobierno de Quintana Roo ya firmó cuatro convenios con el Gobierno federal para que se traspase las funciones que dejará de ejecutar Fonatur en Cancún, pero no señalan nada de los trabajos pendientes de rescate ambiental ordenados por el poder judicial a Semarnat en el Malecón Tajamar.

Y hasta el momento tampoco informaron qué sucederá con dicho malecón y las indemnizaciones pendientes para quienes adquirieron terrenos en el malogrado desarrollo inmobiliario.

Malecón Tajamar fracasó tras el activismo social en enero de 2016 cuando se ordenó la entrada de maquinaria para el desmonte de más de 20 hectáreas de manglar y selva que devastó todo un ecosistema.

Pues en ese mismo año venció la vigencia de la manifestación de impacto ambiental otorgada a Fonatur para desarrollar ese proyecto que destruyó amplias zonas de manglar; las imágenes de la destrucción de casi 60 hectáreas de manglar en el Malecón Tajamar de Cancún movilizaron a muchas personas para hacer protestas públicas, entre la rabia, la indignación.

Sin embargo, para ese entonces ya existía el artículo 60 de la Ley de General de Vida Silvestre que protege este hábitat y castiga con pena de cárcel a quien lo tale o desmonte. El asunto llegó a tribunales, y hubo un fallo a favor de cancelar cualquier proyecto inmobiliario en las 52 hectáreas que abarcan el malecón.

Así, quedaron en el limbo los más de 40 propietarios de terrenos que compraron a Fonatur bajo la premisa de poder desarrollar centros comerciales, estacionamientos, oficinas, hoteles, incluso una catedral de la Iglesia católica.

Fonatur aseguró ante tal determinación judicial que las indemnizaciones por la cancelación definitiva de Malecón Tajamar alcanzarían los 3,000 millones de pesos; la cancelación implica también dejar de generar 5,166 empleos directos y 10,332 empleos indirectos.

Pero las pérdidas eran aún más grandes, pues además significó cerrar la puerta a inversiones inmobiliarias del orden de los 11,000 millones de pesos.

Tres mil millones de pesos impactan en cualquier arca gubernamental, este y otros problemas como el drenaje y mantenimiemto de la zona hotelera deja Fonatur al gobierno de Mara Lezama.

 

Con información de medios / archivo CAMBIO 22

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