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• Batalla legal en aumento: AMLO y la Cuarta Transformación contra Vulcan Materials

• Amenazas de expropiación y tensiones internacionales por terreno en Playa del Carmen

 

Redacción/ CAMBIO 22

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación están perdiendo la batalla legal contra la empresa Vulcans Materials propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica), ahora Sac-Tun, con quien mantiene una disputa legal en tribunales internacionales por un terreno en la costa de Playa del Carmen, donde habría provocado daños ambientales, por lo que de las propuestas de venta forzadas pasó a las amenazas de una expropiación que ya involucra al Congreso estadunidense y al propio Departamento de Estado quienes han revirado al tepetiteco que no se dejarán que “se robe a una empresa estadunidense”.

Vulcan Materials, con sede en Alabama y propietaria de la mina de piedra caliza, no aceptó la oferta que el gobierno mexicano para comprarles las 2 mil 300 hectáreas donde está el banco de material pétreo que se lleva a los EU por 380 millones de dólares, por lo que López Obrador amenazó con expropiar la extensa propiedad alegando que la mina que ha excavado para extraer piedra caliza triturada ha dañado el frágil sistema de cenotes. Vulcan Materials cuestionó en un comunicado que recibió un “avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos”. En los documentos presentados sobre el caso en un panel de arbitraje internacional, la empresa estadounidense valoró la propiedad en mil 900 millones de dólares.

El gobierno mexicano propone que el muelle de embarque de carga de la empresa —el único puerto profundo en la costa continental— se convierta en un muelle para cruceros y el resto de la propiedad en una reserva natural. Vulcan Materials rechazó la acusación federal de que ha afectado al entorno con sus actividades: “Nuestras operaciones no han afectado a cuevas subterráneas, cenotes o vestigios arqueológicos. De hecho, hemos mapeado, protegido y preservado estos valiosos recursos”, dijo la empresa en un comunicado. En cambio, la empresa alegó que otras canteras de la zona han estado operando ilegalmente para atender las obras del Tren Maya.

“El gobierno mexicano continúa utilizando amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones para tratar de justificar la conversión de nuestra propiedad en una supuesta ‘Área Natural Protegida’ que —irónicamente— podría ser utilizada no para el beneficio de la población y su medio ambiente, sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales”, dijo la empresa.

Ante la amenazas de AMLO, Congresistas demócratas y republicanos propusieron sancionar a buques que hagan uso de puertos arrebatados a compañías de Estados Unidos como resultado de la amenaza del Gobierno mexicano para expropiar los terrenos y la terminal marítima de la firma Vulcan Materials en Quintana Roo.

“La necesidad de esta propuesta de Ley ha sido subrayada por acciones recientes tomadas por el Gobierno mexicano, que amenazan los derechos de propiedad de las empresas estadounidenses”, dijo la oficina del republicano August Pfluger, en cuyo distrito en Texas la empresa Vulcan Materials tiene proyectos.

“Las empresas estadounidenses que operan en el extranjero no deberían temer acciones gubernamentales arbitrarias que socaven sus derechos de propiedad”, dijo el congresista republicano Pfluger al presentar la propuesta en la Cámara de Representantes de EU junto con otros ocho legisladores de ambos partidos.

De acuerdo con los términos establecido en la iniciativa, los buques marítimos de carga o pasajeros que hicieran uso de la Terminal de Punta Venado -en caso de que el Gobierno mexicano decidirá expropiárla a Vulcan Materials- estarían impedidos de anclar en puertos estadounidenses incluso para reparaciones.

En la última semana de mayo, Calica – Sac Tun, promovió una nueva serie de amparos contra diversas autoridades, principalmente contra la Profepa, luego de que la dependencia intenta realizar otra inspección a las instalaciones de de la empresa.

Los amparos fueron tramitados en el Juzgado Quinto de Distrito, y con número de expediente 657&/2024, la filial de Legacy Vulcan presenta el primer amparo específicamente contra “la Orden de Inspección No. PFPA/4.1/2C.27.4/022/2024, de fecha 21 de mayo de 2024 (sobre el predio de “Punta Venado”), orden de clausura de los predios y/o actividades”. Con el número de expediente 658/2024, hay otro amparo contra la “Orden de Inspección No.PFPA/4.1/2C.27.5/0041/2024, de fecha 21 de mayo de 2024, sobre los predios “La Rosita”, “El Corchalito” y “la Adelita”, orden de clausura de los predios”; mientras que en el Juzgado Séptimo de Distrito, con expediente número 589/3034, promueve un tercer amparo contra la “Orden de Inspección No. PFPA/4.1/2C.27.5/0014/2024-VR dentro del Expediente No. PFPA/4.1/2C.27.5/00024-22, sobre el predio La Rosita y la orden de clausura”. El último amparo promovido, también en el séptimo Distrito, es contra la “Orden de Inspección No. OC00158RN2022VA004 dentro del Expediente No. PFPA/4.2/2C.27.2/0123/2022 (sobre el predio de “La Rosita”)”.

Cabe recordar, días después de que fueran notificados de estas inspecciones, Calica emitió un comunicado en el que insiste al señalar que ha “sido objeto de la misma campaña de desprestigio y acoso”, y donde “El gobierno mexicano continúa utilizando amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones para tratar de justificar la conversión de nuestra propiedad en una supuesta ‘Área Natural Protegida’”.

En este comunicado, Calica deja en claro que “No renunciaremos a nuestras inversiones y trabajo, menos aún, por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el Gobierno de México”.

En 1986, ICA, socio original del proyecto, planeaba establecerse entre Xel-Há y Tulum, pero el gobernador Pedro Joaquín Coldwell se opuso por riesgos a los ríos subterráneos. El gobierno federal entonces optó por una ubicación al sur de Playa del Carmen, en una zona ganadera con menor impacto ambiental.

Coldwell informó al gobierno federal sobre los terrenos familiares, los Joaquín Alcerreca poseían tres terrenos: Punta Venado, Adelita y La Rosita, estos últimos regularizados en los años 80. Los permisos de explotación fueron otorgados por diversas secretarías y el gobierno estatal. Coldwell afirmó no haber recibido beneficios personales de la operación. Resaltó que la construcción de la dársena redujo significativamente el tiempo de trayecto de los transbordadores, mejorando el abastecimiento en Cozumel.

Los antecedentes de la disputa por los terrenos Vulcan Materials datan desde 1980, estas tierras fueron repartidas entre familiares del ex gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, quienes los adquirieron en una “ganga” y después los vendieron a una empresa particular llamada Rancho Piedra Caliza adquirida por Vulcan Materials Company, al igual que Calizas Industriales del Carmen, Calica, hoy Sac Tun.

Los predios corresponden a la Adelita, la Rosita y Corchalito fueron adquiridos por los familiares de Joaquín Coldwell compraron en los años 80 entre 8 y mil 346 pesos la hectárea, y nueve años después los vendieron en 18 mil 483 pesos por cada hectárea, de acuerdo con un informe de la Semarnat.

El informe de la dependencia señala que derivado de explotación de roca caliza por parte de Vulcan Materials, la Península de Yucatán sufre los estragos de lo que es considerado el desastre ambiental más grave, por ello, desde el 23 de octubre de 2023 la minera estadounidense que por décadas ha extraído piedra caliza está clausurada por la autoridad ambiental ante el daño a biodiversidad.

El conflicto con Vulcan Materials, que tiene una concesión hasta 2037, causa un roce comercial con el gobierno de Estados Unidos, quien ha advertido en diversas ocasiones la “preocupación” de la Casa Blanca por el caso. Ahora ante las advertencias severas de los EU y los nuevos amparos de la empresa contra autoridades mexicanas para impedir nuevas inspeccciones, el presidente López Obrador evade las preguntas sobre la ‘pérdida de caso’ y arremete contra ambientalistas para desviar la atención del caso: “Calica hizo lo que quiso con la complicidad de los ambientalistas”, dijo en la conferencia matutina, reclamando supuesta hipocresía porque ahora denuncian el daño ambiental por el Tren Maya.

“¿Cuándo llegaron los ambientalistas a Calica? ¿Cuándo?”, cuestionó el mandatario.

“Los ambientalistas evidenciaron esos daños”, insistió una periodista.

“Nada, nada”, aseguró López Obrador.

Ante la embestida presidencias diversos medios y comunicadores naciones se sumaron a la defensa de los ambientalistas, Iván Restrepo, director general del Centro de Ecología y Desarrollo (Cecodes), explicó que, en los 90 él mismo acompañó al Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) en las advertencias sobre este proyecto.

“Si una batalla han dado realmente los ecologistas fue la batalla contra Calica (…) a mí me tocó encabezarla junto con el Grupo Ecológico del Mayab, ellas fueron las que dieron la primera voz de alerta”, dijo en entrevista con El Sabueso.

De acuerdo con sus columnas en La Jornada, tanto GEMA como grupos de ambientalistas locales comenzaron a protestar por Calica en 1986, obligando a la empresa, dedicada a extraer y exportar piedra caliza al extranjero, a emitir una “declaración de principios” donde se comprometía con el medio ambiente.

En 2016, Cancún fue la sede de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP13) a la que asistió el entonces presidente Enrique Peña Nieto. A las afueras del recinto, se tomó una fotografía donde Marciano Toledo Sánchez, el hoy regidor de Solidaridad -entonces activista social- y otros ambientalistas se manifestaron en contra de las actividades de Calica.

“A todos los ambientalistas: Frenen el ecocidio y daños a nuestros mantos freáticos y la devastación de mineral pétreo de las empresas ecocidas: Calica (Vulcan) y ABC”, se lee en la imagen publicada por Quinta Fuerza en 2016.

En 2016 se grabó un documental llamado “Erosión”, que se publicó hasta el 6 de junio de 2018, meses antes de que López Obrador llegara a la presidencia, en el filme expone los conflictos ambientales en la zona norte de Quintana Roo, incluido el caso Calica. Sus imágenes, acompañadas de señalamientos por explotar “más de lo que tiene permitido” y de propiciar “el mayor desastre ambiental en la Península de Yucatán”, fueron incluso transmitidas en la mañanera del 4 de mayo de 2022.

Otro evento que hizo a los activistas levantar la voz, fue en 2017, luego de que el diputado local Carlos Toledo publicó el video de un sobrevuelo de la zona de Calica, que exponía las consecuencias de la extracción. Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa se pronunciaron al respecto y señalaron: “Condenamos y exigimos se castigue a los responsables de este ecocidio en la Riviera Maya”.

Además, un exhorto del Senado de la República, emitido desde el 26 de abril de 2017 y firmado por la entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca Alcalá Ruiz, señala que a finales de los ochenta la sociedad civil en Quintana Roo mostró preocupación por la ecología gracias a varios proyectos que impactarían la zona.

“Uno de los eventos que propició el inicio del movimiento ambientalista en Quintana Roo fue la entrada en operación de la empresa Calica”, se lee en el archivo, que también señala la afectación al patrimonio cultural por la presencia de sitios arqueológicos en esa zona.

En 2018, meses antes de que López Obrador llegara a la presidencia, se registró una nueva protesta encabezada por Marciano Toledo, afuera de las instalaciones de Calica: “Están ofreciendo 50 millones de dólares de soborno para que se cambie el uso de suelo, no lo permitamos, señalemos a esos vende patrias, si lo llegan a hacer”, asegura en un video publicado por Noticaribe en enero de ese año.

A grandes rasgos, un primer permiso, otorgado en 1986, permitía a Calica extraer roca caliza por debajo del manto freático en el predio “La Rosita”. Para 1996 el gobierno permitiría la extracción superficial en “El Corchalito” y “La Adelita”.

Cuatro años después, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), dirigida entonces por Julia Carabias, autorizó una vigencia de 20 años para la extracción subterránea de material pétreo.

El 5 de mayo de 2022, y luego de ser señalada también por López Obrador, Carabias reconoció en una carta que el permiso fue entregado. No sin antes asegurar que fue tras revisar manifestaciones de impacto ambiental y aclarar que la autorización se dio para extraer piedra por debajo de dos predios que ya trabajaba la empresa y con “estrictas medidas para mitigar el daños”. A partir de ese año y ya en el sexenio de López Obrador, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró y sancionó a Calica en varias ocasiones por “aprovechamiento de roca mayor de lo autorizado” y por daños graves a los ecosistemas.

Las autoridades también denunciaron a Calica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el desastre en Quintana Roo, pero ahora buscan llegar a un acuerdo para adquirir 2 mil hectáreas de zona afectada por entre 6 y 8 millones de pesos. López Obrador va perdiendo contra Vulcans. Las advertencias de veto y embargo de los EU ya frenaron las intenciones presidenciales y así será hasta la llegada de la nueva presidenta de México, quien siempre evade el tema, hoy le dejan una olla de presión que de estallar traerá graves consecuencias comerciales a nuestro país.

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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