• Funcionarios de Riesgos Sanitarios son acusados de exigir pagos millonarios para levantar clausuras y permitir operación

 

  • El caso revela una supuesta red de corrupción estructural que pone en jaque la confianza empresarial en Yucatán

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

En Mérida, el restaurante Sonora Grill denunció ante la Fiscalía de Yucatán una presunta red de corrupción dentro de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, a cuyos funcionarios se les acusa de exigir pagos ilegales a cambio de levantar los sellos de clausura impuestos el pasado 12 de septiembre.

La acusación detalla cobros por una multa de $300,000 pesos, un “pago inicial” de $200,000 pesos en efectivo y una cuota mensual de $30,000 pesos, bajo la amenaza de prolongar indefinidamente el cierre.

Según la denuncia, la presión se ejerció en reuniones irregulares en las que se retiraron los teléfonos celulares a los representantes del restaurante para evitar registros y se les advirtió que, de no aceptar, el procedimiento administrativo se alargaría indefinidamente.

Esta situación afectó directamente a decenas de trabajadores que dependen de sus salarios y propinas.

Los nombres de los funcionarios señalados en la carpeta de investigación son: Abraham Puch Cardeña, subdirector de Protección contra Riesgos Sanitarios;

Marcos Jesús Tamayo Dávila, verificador sanitario; Hugo Ricardo Gamboa Herrera, verificador sanitario; y Jorge Ferral Piña, también verificador sanitario.

La acusación los describe como parte de un mecanismo de extorsión institucionalizado que no sería un caso aislado, sino una práctica recurrente en la dependencia.

De acuerdo con medios locales, tras la negativa del restaurante a pagar, se le impuso formalmente una multa superior a $490,000 pesos, una de las más altas en la región.

Comerciantes del sector señalan que las cuotas de este tipo van de los 20,000 a 30,000 pesos mensuales, y que quienes no aceptan son víctimas de hostigamiento, clausuras y revisiones constantes.

Hasta el momento, el Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, no ha emitido una postura clara sobre el caso, mientras que desde la Secretaría de Salud estatal tampoco se han deslindado responsabilidades.

El silencio oficial contrasta con la gravedad de los señalamientos, que golpean la imagen de transparencia y buen gobierno que presume la administración.

El caso de Sonora Grill abre la puerta a una discusión más amplia: si un restaurante de renombre nacional enfrenta este tipo de presiones, pero…

¿qué ocurre con pequeños negocios que carecen de recursos para defenderse?

El precedente genera preocupación entre empresarios e inversionistas, quienes ven en estas prácticas un freno directo a la confianza y al desarrollo económico en Yucatán.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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