Responsabilidad del Ayuntamiento por Daños en Vehículos y Personas Debido a Baches: Una Ley que Protege a los Ciudadanos

Redacción / CAMBIO 22

José María Morelos, 11 de noviembre. –   En temporada de lluvias, el problema de los baches en las calles de José María Morelos se agrava, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores y sus vehículos. Esta situación, según el abogado Felipe Huchin, otorga a los ciudadanos la posibilidad de demandar al Ayuntamiento por daños causados por la falta de mantenimiento adecuado de las vías.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo establece que el gobierno municipal y estatal tienen la obligación de resarcir cualquier daño ocasionado por sus omisiones en el mantenimiento de la infraestructura urbana. Esto incluye no solo el daño a vehículos y motocicletas, sino también el daño personal y moral que puedan sufrir los afectados. De acuerdo con el abogado, las indemnizaciones pueden cubrir desde los gastos de reparación de vehículos hasta compensaciones por lesiones que dejen a una persona incapaz de trabajar temporalmente.

“La ley es clara en señalar que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad de garantizar que las calles estén en condiciones adecuadas. Si un bache, la falta de señalización o alguna otra omisión ocasiona un accidente o lesión, la responsabilidad recae sobre las autoridades municipales,” explicó Huchin. Esta ley también protege a los ciudadanos en caso de accidentes causados por la falta de señalamientos de alto en ciertas calles. En estos casos, el Ayuntamiento es considerado responsable del daño, al no cumplir con su deber de señalización.

El proceso para reclamar daños comienza con una notificación al Ayuntamiento, en la que el afectado manifiesta el daño sufrido, ya sea en su vehículo o a su integridad física, y los gastos que haya tenido que cubrir. Si el gobierno municipal no responde, la persona afectada puede interponer una demanda en el Tribunal de Justicia Administrativa, aportando pruebas de los daños causados por la negligencia del Ayuntamiento.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial también establece que los municipios deben incluir en su presupuesto anual una partida para cubrir estas indemnizaciones. En caso de que no cuenten con recursos suficientes, se podrían aplicar recortes al presupuesto del Ayuntamiento para garantizar el pago de estas obligaciones.

Finalmente, el abogado subraya que la ley también prevé sanciones para aquellos que intenten aprovecharse de esta normativa al presentar reclamos falsos o exagerados.

redaccion@diariocambio22.mx

GPC