Responde Bacalar a 40 Amparos por la Ley Chaleco, pese a No Tener Competencia Directa

• La síndica de Bacalar confirmó que el municipio ha respondido a 40 amparos ciudadanos contra la Ley Chaleco, aclarando que su aplicación no ha comenzado y no es competencia directa del Ayuntamiento

Antonio Briceño / CAMBIO 22

Chetumal, 17 de junio. – El Ayuntamiento de Bacalar ha dado respuesta a por lo menos 40 solicitudes de amparo relacionadas con la llamada “Ley Chaleco”, a pesar de que dicha legislación aún no ha entrado en vigor y no corresponde a la competencia directa del ámbito municipal. Así lo informó Astrid González Buenfil, síndica del municipio, quien destacó que se trata de un asunto de carácter estatal.

De acuerdo con González Buenfil, estas acciones legales presentadas por la ciudadanía podrían deberse a una posible confusión sobre la autoridad responsable de implementar la ley. Si bien reconoció que, en su momento, los municipios deberán colaborar en la aplicación de normas estatales dentro de sus capacidades legales, dejó claro que actualmente no se está ejerciendo ningún tipo de sanción por esta causa.

La síndica detalló que, en cada uno de estos casos, el Ayuntamiento ha respondido formalmente que la “Ley Chaleco” es de orden estatal, por lo tanto, no están ejecutando ninguna medida derivada de dicha legislación. Hasta la fecha, las autoridades municipales no han emitido infracción alguna relacionada con el uso obligatorio de chalecos reflejantes para motociclistas.

Cabe recordar que esta ley fue establecida a través del decreto número 259, publicado en julio de 2024 en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la implementación plena de la norma se encuentra detenida, ya que aún no ha sido concluido el reglamento que regirá su aplicación.

Mientras tanto, las autoridades bacalarenses continúan actuando dentro de los márgenes legales, atendiendo los requerimientos judiciales y reiterando que la entrada en vigor de la ley está condicionada a la publicación de su reglamento. El Ayuntamiento permanece a la espera de instrucciones estatales para participar en la eventual implementación de la normativa.

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