Resolución que Permite Continuar Obra Militar en Bacalar es una Aberración Jurídica: Projuc

• Abogado de la asociación señala que los magistrados del “acordeón” del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún fueron en contra de precedentes firmes establecidos por la SCJN, al revocar la suspensión definitiva que detenía la construcción de la Sedena

• El nuevo Poder Judicial, sin cortinas, ya no garantiza imparcialidad y se inclina abiertamente a favor de las autoridades y en contra de la Constitución, afirma

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 14 de noviembre.- Luego de que una magistrada y un magistrado del “acordeón”, en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Cancún, revocaron la suspensión definitiva que detenía la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a orillas de la laguna de Bacalar, la asociación civil Proyecto Justicia Común (Projuc), una de las que promovió juicio de amparo contra la obra, calificó la resolución como una aberración jurídica.´

Como se ha informado, la suspensión definitiva fue revocada con el alegato de la supuesta falta de “interés legítimo” para promover la medida de protección, lo cual representa la aplicación retroactiva de los nuevos obstáculos a las demandas de amparo para proteger derechos colectivos, como los ambientales, en la retrógrada reforma a la Ley de Amparo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y abre la puerta para desechar los juicios contra la Sedena con el mismo argumento.

“Esto es una aberración. Dos magistrados electos revocaron la suspensión que protegía el derecho al medio ambiente en Bacalar, poniendo en riesgo un ecosistema vital”, expuso en un mensaje de redes sociales José Mario de la Garza Martins, abogado litigante de Projuc y especializado en democracia y derechos humanos.

“Desde Projuc y DMAS (Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, organización defensora del medio ambiente con sede en Cancún), presentamos este juicio de amparo para proteger el ecosistema kárstico, frágil y sin igual en el mundo de la laguna de Bacalar, ante la construcción irregular por la Sedena de una supuesta ´casa de descanso´ militar.

La suspensión existía porque la obra tenía irregularidades ambientales serias. Revocarla alegando ‘falta de interés legítimo’ es jurídicamente insostenible. La Suprema Corte ha establecido que en materia ambiental debe flexibilizarse el acceso al amparo para garantizar la protección de los ecosistemas y la participación de la ciudadanía en la justicia ambiental”, expuso el abogado de Projuc.

Agregó que “literalmente, los magistrados electos del 1TC (Primer Tribunal Colegiado de Circuito) en Quintana Roo, Lina Victoria Bolio Pasos y Aarón Alberto Pereira Lizama, ambos favorecidos por los acordeones judiciales, resolvieron el asunto en contra de precedentes firmes de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación)… ¿Qué pasó aquí, Tribunal de Disciplina Judicial?”, cuestionó.

“Bien por el magistrado de carrera judicial, Teddy Abraham Torres López, quien votó en contra de este proyecto que destruyó las posibilidades de proteger la laguna de Bacalar”, añadió. Enseguida, manifestó que “aquí está, sin cortinas ni discursos, el nuevo Poder Judicial de la Federación. Un tribunal que ya no garantiza imparcialidad, que se inclina abiertamente a favor de la Sedena y en contra de la Constitución, incluso desconociendo criterios firmes de la Suprema Corte.

Este caso es el ejemplo más claro de lo que traerá la reforma judicial, decisiones que vulneran derechos, debilitan a las comunidades y dejan al país entero a merced de resoluciones arbitrarias. Si hoy sacrificaron Bacalar, mañana pueden sacrificar cualquier derecho, cualquier ecosistema, cualquier persona”, advirtió.

Cabe recordar que, además de la revocación de la suspensión definitiva en el juicio de amparo 271/2025, promovido por las asociaciones DMAS y Projuc, en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal también negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 313/2025, promovido por 23 niños, niñas y adolescentes representados por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

La negación de la suspensión definitiva dejó sin efectos, en consecuencia, la suspensión provisional que habían logrado primero los menores de edad y que se sumaba a la medida de protección a favor de DMAS y Projuc para detener la obra.

La negación se dio a pesar de que el 30 de octubre el Juzgado Primero de Distrito realizó una inspección judicial a la obra en el terreno ubicado a orillas de la laguna de Bacalar, en la que se constató la existencia de construcciones realizadas tras excavaciones previas y rellenos en la superficie, de las cuales se muestran algunas imágenes aquí.

En el sitio está construida una alberca a cinco metros de distancia del cuerpo de agua, en un sitio donde en su momento se observó la excavación de la superficie con maquinaria pesada, y que tiene más de metro y medio de profundidad.

Otras de las construcciones son la losa de cimentación de la casa de descanso, construida en el costado sur del terreno, con castillos de herrería sembrados y tuberías para cableado eléctrico y plomería alistados, además de tener cubierta la losa con plástico color negro.

También se observó que la superficie del inmueble fue rellenada metro y medio de altura con material pétreo, algo que los propios ingenieros de la Sedena explicaron en su momento que era parte de sus trabajos de sustitución del original suelo fangoso por uno más firme para asentar el edificio.

“El daño es básicamente el relleno de la zona que es notorio, básicamente están subiendo del nivel de la laguna hacia arriba como metro y medio. Para ello se tiene que realizar una intervención del suelo y sabemos que en la península tienen suelo cárstico y si se realiza un cambio de uso de suelo se requieren evaluaciones del impacto ambiental, no es sólo rellenar así como así”, explicó el abogado Daud Rincón, de la Defensoría Pública Federal, quien acudió a la supervisión de la obra.

Sin embargo, al final de cuentas ninguna de estas afectaciones importó al juez Darío Alejandro Villas Arnáiz, quien negó la suspensión definitiva pedida por los menores de edad representados por el IFDP, desconociendo los criterios en pro del derecho a un medio ambiente sano plasmados por el juez anterior, David Pacheco Monroy, quien renunció anticipadamente a su cargo por no haber participado en la elección judicial.

(Con información de X/@Josemdlg y Proceso)

franciscohcambio22@gmail.com

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