En solo dos meses de este año, enero y febrero, ya se han presentado ocho secuestros de niños, niñas y adolescentes, en el país; en año pasado fueron 95.

 

 

 

Redacción/CAMBIO 22  

Camila salió de su casa, en Taxco, Guerrero, para ir a jugar en una alberca inflable con la hija de su vecina, Ana Rosa. La niña dejó su domicilio el miércoles 27 de marzo, a las 13 horas. Su madre fue a recogerla a las 16 horas de ese día. Pero le dijeron que la menor de edad nunca llegó a la casa de su amiga.

La mujer fue al ministerio público a poner una denuncia. Ahí recibió tres mensajes pidiendo rescate por su hija. En la madrugada del jueves 28, el cuerpo de Camila fue localizado en la orilla de una carretera.

Los principales sospechosos del secuestro y asesinato de la niña son su vecina, Ana Rosa, su pareja y el hijo de éste, José Ricardo y Axel Alejandro, y el hijo de ella, Juan Alfredo. Vecinos y familiares los lincharon. Ana Rosa murió. El caso se volvió mediático, por la gravedad de los hechos. Pero hay muchos otros casos que no alcanzan el debate en la opinión pública.

En México, el secuestro de menores de edad va al alza, después de haber descendido por la pandemia. Tan solo en los primeros dos meses de 2024 se registraron ocho secuestros de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y no, no son padres peleando la custodia de sus hijos, siete de los ocho secuestros que se registraron entre enero y febrero de este año fueron extorsivos; es decir, cometidos para obtener un rescate.

De nuevo al alza

Los secuestros de menores de edad en el país se habían incrementado antes de la pandemia. En 2015 se registraron 145, para 2019 fueron 182. Entonces llegó la crisis sanitaria y los niños, niñas y adolescentes se quedaron en sus casas. Los raptos bajaron. En 2021 fueron 55 y en 2022 se suscitaron 52. Pero para 2023 el número repuntó, llegaron a 95.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dice que hay una crisis de violencia, por la actividad del crimen organizado, que hace que niñez y adolescencia estén siendo víctimas de secuestro como un botín para sacar un rédito ante la angustia que causa esto a las familias.

Aunque, Ramírez, dice que no hay que perder de vista que esto también puede ser una estrategia de terror, de control de los territorios por parte del crimen organizado.

Susana Sosenski, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y quien ha trabajado durante años la historia del secuestro infantil, dice que otro factor que detona esto es la impunidad.

“No hay un sistema de justicia que castigue el secuestro, ni un sistema policial expedito, pronto, que pueda proteger la vida de los menores de edad. Mientras no haya eso se pueden seguir incrementando las penas por el delito y este no se va a reducir”, dice Sosenki.

Ramírez coincide con ella en cuanto a que la impunidad está permitiendo que el secuestro en niñas, niños y adolescentes repunte otra vez. Esta, dice, abona a la falta de garantías de no repetición.

“Es decir; cada vez que alguna violación a derecho humano sucede con niñez y adolescencia, una vez se resuelve, hay que observar cuáles son los cambios estructurales, los cambios en la dinámica de vida alrededor, para que esto no vuelva a suceder ni en esa casa ni a esa comunidad. La impunidad le resta entonces posibilidades efectivas a esta no repetición y envía un mensaje muy peligroso a los grupos de la delincuencia organizada de, hazlo, porque no va a haber consecuencia”.

Geografía del secuestro

De hecho, la geografía del secuestro infantil en México se va moviendo conforme se mueve el control y presencia de los grupos del crimen organizado. En 2019, el año con mayor número de secuestros de infancias y adolescencias del que se tiene registro desde 2015, hubo un total de 182 secuestros a menores de edad, de estos 55 fueron en Veracruz, 24 en el Estado de México y 10 en Guanajuato. En solo tres entidades se registraron el 48.9% de estos delitos.

Mientras que en 2023, el total fue de 95, de estos 25 fueron en Chihuahua; 20 en la Ciudad de México y nueve, en Sonora. 55.7% de estos delitos a nivel nacional se registraron solo en esas tres entidades.

En el caso de Chihuahua y Sonora, el problema de los secuestros es algo general, que afecta también a los adultos, estas dos entidades están entre las tres que más raptos de mayores de edad registraron el año pasado, junto con Morelos.

Pero en el caso de la Ciudad de México, esta no está entre las tres donde más secuestros de mayores se registraron, lo que quiere decir que el secuestro está afectando más a los menores de edad.

El caso de Camila también obliga a mirar otra realidad, qué tanto están afectadas las niñas y adolescentes mujeres por este delito y cómo ha cambiado ese impacto con los años. En 2019, del total de los 182 secuestros de infancias y adolescencias, 105 fueron a víctimas hombres y 60 a mujeres, el 36.3%. Para 2023, de los 95 secuestros totales a niños, niñas y adolescentes, 53 fueron a hombres y 36 a mujeres, el 40.4%.

En los primeros dos meses de este 2024 van ocho secuestros, tres de mujeres y cinco de hombres, lo que deja el porcentaje en 37.5%.

José Lugo, coordinador general de Incidencia Política en Protección a la Niñez, de Save The Children México, explica que una de las hipótesis que se tiene para que este fenómeno esté afectando cada vez más a las niñas y adolescentes mujeres es el contexto de crimen organizado que hay y el hecho de que los grupos de este estén liderados por hombres, a los que dada la cultura patriarcal y la impunidad que hay se les hace cada vez más fácil secuestrar a una menor de edad.

El viraje obligado

Tania Ramírez, de Redim, dice que todo esto tiene que llevar a una urgente reflexión y acción sobre qué está pasando. “El caso de Camila se volvió muy mediático, por todo lo que sucedió alrededor y por lo claro que fue la falta de coordinación de las autoridades, pero, y por supuesto sin minimizar el dolor por el caso de Camila, lo cierto es que estas dinámicas son frecuentes y afectan a muchos niños, niñas y adolescentes”.

Lugo, subraya que ahora que es tiempo de elecciones hay que hacer notar que no hay una propuesta para bajar los índices de violencia que afectan a la niñez y adolescencia y que no ha habido políticas públicas que funcionen para esto.

“No hay política pública adecuada relacionada con la prevención del secuestro, el feminicidio, el grooming, el llamado entonces a los candidatos es a revisar lo que existe más allá del ámbito punitivo, porque hay que poder prevenir esto”.

 

 

 

Fuente: NMÁS

redaccionqroo@diariocambio22.mx

MRM