Habitantes de la zona de Dziuché, en el centro de Quintana Roo, reprocharon que se su cultura se quiera usar como entretenimiento para turistas que lleguen por el Tren Maya.

Redacción/CAMBIO 22

Raquel Flota, habitante de Dziuché, en el municipio de José María Morelos, reprochó que las autoridades de la 4T se hayan acercado a su comunidad de población maya originaria para “incluirlos” en el proyecto del Tren Maya como “entretenimiento” para turistas.

Durante un encuentro para celebrar el primer aniversario de la campaña Sélvame del Tren, Raquel se presentó como una de las habitantes del sureste afectadas por el megaproyecto que se negó a considerar sólo como Tren Maya.

Primero porque no es sólo un tren, sino un proyecto inmobiliario que busca que los llamados polos de desarrollo se conviertan en centros para turistas sin respeto por las costumbres de los habitantes de la zona.

Pero además porque tampoco es maya, porque como a muchos habitantes originarios como ella, no se les integró a las consultas en la forma adecuada a sus usos y costumbres y su lenguaje.

Al respecto, acusó que personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha acudido a la zona para para presentarles proyectos a la comunidad de Dziuché para que puedan ofrecer sus rituales como espectáculo para turistas, como parte del recorrido de la llamada Ruta de las Iglesias, que va del municipio de Felipe Carrillo Puerto a José María Morelos e incluso alcanza a Valladolid en Yucatán.

“Tienen que tener espacios donde según ellos, la gente vaya a pasear, vaya a convivir con la naturaleza, y nos están diciendo, por ejemplo, el IMPI está llevando proyectos a la comunidad para que las personas puedan hacer oraciones, para que las personas puedan aprender las danzas”, advirtió.

De acuerdo con la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que acompañó legalmente a la comunidad de Dziuché en un proceso legal para evitar el despojo de la laguna de Chichankanaab, en esa localidad, misma que el gobierno de Quintana Roo buscaba convertir en una área natural protegida estatal, en el ejido de Dziuché habitan alrededor de 3 mil 600 personas descendientes de la cultura maya.

Y entre sus tradiciones se encuentra el Ch’a’aCháak, que es la petición al dios Chac (de la lluvia) para solicitar su ayuda en época de cosecha, mediante una ceremonia llamada “primicia”, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad, donan alimentos como masa y pollo, así como productos como madera y hasta dinero para hacer los pibes (tamales cocidos en tierra).

Otra de sus tradiciones heredadas y que busca preservar su concepto de respeto a la naturaleza son las ofrendas y rezos, por los que piden permiso a los Aluxo’ob (dueños del monte) para usar sus tierras; según su cosmovisión, en caso de no hacerlo, los Aluxo’ob espantan a las personas para evitar su permanencia en los lugares sagrados.

“La ofrenda se realiza en un altar de milpa donde se coloca pozole (masa pre-cocida disuelta en agua)”, refiere ProDESC.

“Nosotros eso lo practicamos, pero de manera ancestral, pero ellos lo quieren hacer dándole la vestimenta, para que cuando pasen la Ruta de las Iglesias que va a pasar por mi comunidad, el INPI quiere darnos todo. ‘Pero tienen que dejar que cuando vengan turistas, puedan venir a ver qué es lo que están haciendo’. Pues qué creen que somos un circo. Eso es parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. No somos circo de nadie”, lamentó.

Y además del Tren Maya, les llevarán un basurero

Raquel también reprochó que entre las acciones que han afectado a su tierra y la cercanía con una estación del Tren Maya, la de Valladolid, se anticipa que en su comunidad se instale un tiradero de basura estatal para Quintana Roo.

Recordó que desde la administración municipal anterior, a cargo de Sofía Alcocer, de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, se solicitó una extensión de tierra para hacer un proyecto que después se enteraron que se trataba de un basurero. Proyecto que siguió con el actual edil, el morenista Erik Noé Borges.

llegaron a la comunidad en una asamblea de ejidatarios y entonces le solicitaron a la a la Asamblea que les brindara un área grande de tierra para que pusieran un basurero.

“La presidenta no se lo dijo así a la comunidad. Porque de hecho no se lo autorizaron. Pero las mismas gentes que trabajan en el Palacio (municipal) empezaron a decir que lo querían para el basurero que va a ser estatal. Porque quieren ponerlo aparte de todo el sistema agrario, que es este de uso común, separarlo para que de ellos le dieran la utilidad de basurero estatal, como un cambio de uso de suelo”, relató.

 

 

 

Fuente Radio Fórmula

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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