Redacción/CAMBIO

CHETUMAL, 8 de junio.- CAPA y SEOP repararon expeditamente una fuga que causó un hundimiento en la avenida Universidad de Chetumal, porque a media cuadra vive la secretaria de Gobierno del estado de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, pero a poca distancia hay otro hundimiento que está por derribar el hogar de una familia y tras dos años de denuncias no han hecho nada por repararlo.

La disparidad entre funcionarios y ciudadanía en la respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo en la infraestructura de la ciudad prevalece a pesar de la Cuarta Transformación o el llamado Nuevo Acuerdo, y esta una muestra clara de la falta de igualdad en la priorización de necesidades en el servicio público.

Mientras que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) se apresuraron a reparar una fuga que causó un hundimiento en la avenida Universidad, debido a la cercanía de la residencia de la secretaria de Gobernación Cristina Torres, en otro punto de la ciudad, una familia vive en constante peligro debido a un hundimiento que amenaza con derrumbar su hogar, sin que las autoridades hayan tomado acción a pesar de dos años de denuncias.

https://youtu.be/QvGakdY_Xo0

Es alarmante que exista está clara preferencia y trato diferencial hacia ciertos sectores de la población, dejando desatendidas a otras familias que también enfrentan situaciones de peligro. Este caso evidencia la falta de compromiso y empatía de las autoridades hacia los ciudadanos, priorizando los intereses y comodidades de los funcionarios en lugar de velar por el bienestar de todos los habitantes.

https://youtu.be/hy7KDupfCjg

Resulta inaceptable que una familia haya tenido que vivir en constante temor y riesgo durante dos años, sin obtener respuesta ni solución a su situación. Esto deja en evidencia una clara negligencia por parte de la SEOP y la CAPA, que deberían ser responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, sin importar su ubicación o su relación con funcionarios públicos.

Es necesario exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades responsables. Las denuncias y solicitudes de ayuda por parte de los ciudadanos deben ser atendidas con prontitud y eficacia, sin importar su estatus social o su cercanía a figuras políticas. La igualdad de trato y la protección de los derechos de todos los ciudadanos deben ser los principios fundamentales en la gestión de los servicios públicos.

https://youtu.be/Oq5OIxq4cXI

La falta de acción en este caso específico pone en riesgo la integridad y el patrimonio de una familia, pero también refleja un sistema corrupto y desigual, donde los funcionarios privilegian sus propios intereses en lugar de trabajar en beneficio de la comunidad. Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen de manera justa y equitativa para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

Este caso es una clara muestra de la necesidad de una revisión profunda de los procesos y protocolos en la gestión de los servicios públicos.

 

redaccion@diariocambio22.mx

RHM

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