Redacción/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de junio. – A la renuncia de Oscar Montes de Oca, se suma la renuncia de Rubén Oyarvide Pedrero a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La gobernadora Mara Lezama ha designado al Capitán de Navío Julio César Gómez Torres como nuevo titular. Sin embargo, el desempeño de Oyarvide Pedrero ha sido criticado por su falta de combate a la inseguridad y casos lamentables como el levantamiento y tortura del director de la Policía Rural. Además, los nombramientos cuestionables de mandos y la falta de elementos para patrullar han contribuido al aumento de la inseguridad en la entidad.

La gestión de Rubén Oyarvide Pedrero en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo generó un fuerte descontento en la sociedad hacia el Gobierno del Estado. Durante la gestión de Oyarvide Pedrero, se registraron altos niveles de inseguridad y casos lamentables que afectaron la integridad física de los ciudadanos.

Entre los hechos más destacados se encuentra el levantamiento y tortura del director de la Policía Rural, así como el nombramiento de elementos cuestionados como mandos de seguridad. Estas decisiones generaron polémica y evidenciaron la falta de criterio en la selección de clave personal en la lucha contra la delincuencia.

Además del nombramiento de Oswaldo Domínguez Uc al frente de la Policía Rural, que luego fue levantado y torturado por no respetar acuerdos, Oyarvide Pedrero, nombró a cuestionados elementos como mandos, entre los que destacan, Diego Eduardo Echavarría Lara, como subsecretario, de quien únicamente se recuerda el tratar de liberar a sus elementos que provocaron un fuerte accidente en estado de ebriedad; Joaquín Morales como Subdirector Operativo, el cual es relacionado con cobros a los fayuqueros en Subteniente López, así como los coordinadores del Grupo de Operaciones  Rosendo Poot Lora “El Oso” y a Alejandro Luna Cruz, señalados de vínculos con el cartel de Caborca.

Además, se ha señalado a José Augusto Cardona Perera, director de tránsito del Estado, por su conducta inapropiada y acoso sexual hacia sus subordinadas. Estos actos minan la confianza en las autoridades encargadas de velar por la seguridad y el orden en la entidad.

La falta de elementos para patrullar las calles de Quintana Roo ha sido otro aspecto preocupante. Esto ha llevado a la implementación de retenes con multas recaudatorias, disfrazados bajo una supuesta estrategia de seguridad. Esta situación afecta directamente a la ciudadanía, que se ve expuesta a un incremento en los accidentes automovilísticos y la falta de presencia policial efectiva.

El aumento de la inseguridad se ha reflejado en la percepción de los residentes de la zona centro y sur de Quintana Roo, quienes se sienten horrorizados por la violencia que ha prevalecido en los últimos seis meses. Esta situación genera un clima de temor e incertidumbre en la población.

Es necesario que las autoridades salientes asuman su responsabilidad histórica y legal de la crisis de seguridad en Quintana Roo. La renuncia de Oyarvide Pedrero y los cambios en la estructura de las instituciones no deben ser solo medidas cosméticas, sino que se requiere una estrategia integral y eficiente para garantizar la tranquilidad de los quintanarroenses.

 

 

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