Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de junio.-  El titular de la Fiscalía General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, ha presentado su renuncia a su cargo en medio de una creciente ola de violencia e impunidad en Quintana Roo. La renuncia se produce después de una pésima administración y resultados insatisfactorios en materia de seguridad. A pesar de la salida del funcionario, se espera que las actividades y servicios de la institución se mantengan operando de manera normal.

La Fiscalía General del Estado ha informado sobre la renuncia de Oscar Montes de Oca Rosales al cargo de titular de la institución encargada de procurar justicia en Quintana Roo. Su salida se produce en un momento crítico, marcado por una escalada de violencia e impunidad en la región.

Durante su gestión, Montes de Oca Rosales ha enfrentado duras críticas debido a la falta de resultados y el aumento de la violencia en el estado. La ciudadanía ha expresado su preocupación por la falta de seguridad y la impunidad que prevalece en la entidad.

Quintana Roo ha sido escenario de diversos hechos violentos en los últimos meses, con un aumento significativo en los índices delictivos. Los ciudadanos demandan acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y el estado de derecho en la región.

La renuncia de Montes de Oca Rosales es un reflejo de la grave situación que enfrenta Quintana Roo en materia de seguridad. Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas efectivas para combatir la violencia y brindar justicia a los ciudadanos afectados.

A pesar de la salida del titular de la Fiscalía General del Estado, se espera que las actividades y servicios de la institución continúen operando de manera normal. Sin embargo, es fundamental que se realice una exhaustiva evaluación de los procesos y políticas de seguridad para garantizar una verdadera transformación en beneficio de la sociedad.

La renuncia de Montes de Oca Rosales debe ser un llamado de atención para las autoridades y una oportunidad para replantear estrategias y políticas de seguridad más efectivas. Los ciudadanos merecen vivir en un entorno seguro y confiar en que sus denuncias serán atendidas y resueltas de manera pronta y justa.

 

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