febrero 28, 2024 13:57

Renán Castro Madera, Director General

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de junio.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó este lunes sobre la renuncia del Fiscal General del Estado Óscar Montes de Oca Rosales y la remoción del secretario de Seguridad Ciudadana Rubén Oyarvide Pedrero, en medio de una crisis de violencia en la entidad y como resultado del fracaso de las acciones que han emprendido al frente de las dependencias que ambos encabezaban.

Al mismo tiempo, dio a conocer que fue nombrado como Fiscal interino el Doctor Raciel López Salazar, quien era el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, y de quien se dice que será su propuesta para el cargo pese a que como funcionario federal tampoco ha dado resultados palpables en el combate al crimen organizado en la entidad, que es su obligación, y a que es considerado más un operador del líder del PVEM Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”, con malos resultados a su paso por la seguridad pública de su natal Chiapas y corrido por el gobernador de Puebla de la secretaría de Seguridad Pública.

En SSC, la gobernadora designó como nuevo titular al Capitán de Navío Julio César Gómez Torres, del que la Coordinación General de Comunicación Social de la gobernadora sólo supo decir que “cuenta con una amplia experiencia y conocimientos en materia de Seguridad Ciudadana, así como habilidades para el diseño de las estrategias necesarias para dar continuidad al trabajo apegado a los lineamientos y esfuerzos nacionales que, en coordinación con las fuerzas armadas, se llevan a cabo en la búsqueda de la construcción de la paz de manera integral en México”, sin aportar datos concretos de dicha experiencia.

No obstante, una investigación preliminar de este medio indica que el nuevo titular fue director del C5 del estado de Colima.

La salida de ambos se da por el alza de delitos de alto impacto, porque no hay resultados en la reorganización de la prevención del delito y porque sigue la impunidad debido a la incapacidad en la procuración de justicia, como lo indican los datos de la incidencia delictiva de la entidad, donde los crímenes de alto impacto siguen sin bajar.

Montes de Oca Rosales ocupó el cargo desde diciembre del 2018, luego de que el Gobernador Carlos Joaquín promoviera una reforma legal a modo para permitirle ocupar el cargo, al retirar el requisito de que ser quintanarroense por nacimiento o tener residencia mínima en el estado para ocupar el cargo.

Ya desde el inicio se le cuestionó su función, porque desde que llegó trajo un grupo de policías con los que trabajó en la Procuraduría del Distrito Federal, al que se les apodó “Los Chilangos”, y a los cuales dotó de privilegios, empezando por altos sueldos, y que fueron señalados de vincularse con la delincuencia organizada.

Sin embargo, pese a la autonomía y a los aumentos de presupuesto que la FGE tuvo anualmente, Montes de Oca siempre puso de pretexto que los recursos no eran suficientes para dar resultados ante el cúmulo de expedientes que se le acumulaban, principalmente de homicidios dolosos, levantones y desapariciones.

Asimismo, se vio envuelto en diversos casos turbios, como al señalado de permitir la impunidad del cuñado del gobernador Carlos Joaquín en el caso de un despojo a un anciano en Tulum, y recientemente también es señalado de permitir la impunidad en el despojo de los herederos del cantante Juan Gabriel.

Pero donde más les ha pegado la falta de resultados es en el caso de las desapariciones, que la FGE no reconoce oficialmente, y que ha generado que haya hasta protestas de las madres buscadoras, afectando inclusive la imagen turística de Cancún.

Y además, la violencia se ha extendido durante los 7 años que ha sido fiscal de norte a sur del estado, puesto que hoy aparecen muertos en toda la entidad, hay municipios del sur y el centro del estado que ha sido convertido en cementerios del narco, como lo han atestiguado las fosas clandestinas halladas tanto en Othón P. Blanco, donde está la capital, Chetumal, como en José María Morelos.

Ya había señales de inconformidad hacia la labor del fiscal, tanto que en la aprobación del gasto público para el 2023, el Congreso del Estado le bajó el presupuesto respecto al año anterior y le indicó a Montes de Oca que debían realizar un ajuste de los sueldos.

No obstante, la falta de resultados se hizo cada vez más patente, llevó a que se le pidiera la renuncia, ante su ya evidente incapacidad para combatir la impunidad en la persecución de los delitos, sobre todo los del alto impacto.

En el caso de Rubén Oyarvide Pedrero, su llegada fue resultado de los tumbos dados por la actual administración en materia de seguridad pública desde el inicio, ya que él no era el titular, sino que fue nombrado ante la renuncia repentina del recién nombrado Manelich Castilla Craviotto, que sólo estuvo unas horas en el cargo al inicio del gobierno de Mara Lezama.

Con su antecedente de Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, Oyarvide Pedrero dijo públicamente que su tarea era armar un nuevo modelo de seguridad, dejando a un lado el fracasado mando único, y creando nuevas corporaciones para especializar y fortalecer la labor de la policía preventiva.

Sólo que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se tardó medio año en ser presentada, y el titular de la secretaria renombrada pedía la ciudadanía hasta un año para ver los resultados de estas nuevas medidas, pero el las condiciones de la violencia causada por la delincuencia no lo iban a esperar.

Durante el tiempo que estuvo al frente de la dependencia, no fue capaz de reorganizar ni iniciar una limpia de la corporación, puesto que la falta de patrullas y la falta de elementos seguía siendo patente, y no se vio alguna estrategia que representara una vía real hacia una mejora en la prevención del delito y la reacción pronta.

También se distinguió por pretender negar u ocultar la presencia y la actividad de grupos del crimen organizado, inclusive cuando se dieron casos como el levantón del comandante de la Policía Rural en el sur de Quintana Roo y sus policías, porque sin querer habían detenido a un jefe criminal.

Mientras no logra reorganizar a la policía, sólo ha generado desconfianza en las instituciones, más cuando no es capaz de garantizar la seguridad en la capital del estado, donde se encuentra su sede, tanto que hasta en los últimos días se tuvo el “levantón” del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y luego se produjo el de un hermano del diputado local de Morena Omar Rodríguez.

Más se tiene que en lo que va del año han aumentado los homicidios dolosos, los robos a negocios, las extorsiones, los robos a vehículos, las violaciones, delitos que no sólo se dan en el contexto de la guerra entre bandas de narcotraficantes, sino que también son de los que afectan gravemente al ciudadano común.

En este contexto, Rubén Oyarvide y su gestión al frente de la Policía Preventiva Estatal se vio rebasado completamente, sin capacidad de reacción ni respuesta.

 

 

[email protected]

JFCB

¡Únete a nuestras comunidades del Diario CAMBIO 22 en WhatsApp y Telegram! Mantente al tanto de las noticias más importantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y mucho más, directamente desde tu dispositivo móvil.



Data from Tiempo3.com
Data from Tiempo3.com
Data from Tiempo3.com