• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

Mientras el gobierno de Estados Unidos advierte que acabará con los carteles de la droga mexicanos y el gobierno de México, dice que la intervención del vecino del norte debe ser resultado de un acuerdo y no de una imposición, miembros del partido político en el poder, se siguen divirtiendo violentando la ley y acomodándola en beneficios de ellos mismos, como sucedió este jueves 6 de febrero, cuando el Congreso de Morelos destituyó a Uriel Carmona, Fiscal General de aquella entidad, a quien desde hace seis años Claudia Sheinbaun Pardo quería su destitución por haber puesto en evidencia a la Fiscalía de la Ciudad de México en el caso de un feminicidio.

La mayoría morenista en el Congreso de Morelos se reunió de urgencia para destituir al Fiscal, solo porque durante la mañana del jueves dio a conocer que había solicitado el desafuero como diputado federal del exgobernador y exfutbolista Cuauhtemoc Blanco, por ser indiciado del delito de tentativa de violación de una mujer que es su familiar, además, detalló que al menos cinco capetas de investigación, por diversos delitos se le han abierto al exgobernador, a quien la 4T decidió protegerlo dándole fuero al permitirle ser legislador.

El caso se les seguirá enrredando a quien autorizó la destitución del fiscal de Morelos, porque en la Cámara de Diputado, en San Lázaro, recibieron con sello y acuse de recibo, la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, a las 17:40 horas, presentada por la Fiscalía de Morelos a través de la agente del Ministerio Público, Diana Flores Segura. Ahora, la Comisión de Instrucción tiene que decir: esta boca es mía, lo que quiera decir, pero se debe pronunciar, de lo contrario estaría violando la Constitución. Recordemos que el Senado de la República fue omiso cuando se denunció al morenista Félix Salgado Macedonio, de violación.

A este espacio de opinión traigo este tema y otros que ocurren a nivel nacional dentro del gobierno de la 4T para que nuestras audiencias identifiquen si en estados como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas o Tabasco, existen casos similares de protección de MORENA a presuntos delincuentes. Se trata de un ejercicio ciudadano. Espero sus comentarios.

Lo que pasa en la política interna del país no se puede desvincular en este momento de las pretensiones de invasión al territorio nacional de los Estados Unidos, porque el mismo gobierno de la 4T con su política de complicidad de abrazos y no balazos fortaleció a los carteles de la droga para que cogobernaran en amplias zonas del país, precisamente las mismas zonas del silencio que se empezaron a crear durante los gobierno de Felipe Calderón Hinojoza y Enrique Peña Nieto, donde la libertad de expresión, asociación y trabajo fuero vulneradas por la autoridad al entrar en complicidad, omisión e incapacidad, con la delincuencia organizada.

A qué unidad nacional se refiere el gobierno de México, cuando fue su misma empresa política la que se encargó de agudizar la división entre el pueblo de México, a incrementar las diferencias entre ricos y pobres, entre morenistas y no morenistas, entre clase gobernante y ciudadanía, entre medios de comunicación aliados, zalameros y críticos al poder.

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En qué momento podemos, como país, mantener la unidad nacional en defensa de la soberanía de México, si a integrantes de la clase política en el poder se les da fuero constitucional para que no respondan ante la justicia y en otros casos, de corrupción, las investigaciones nunca se inician, porque todos los que roban desde la 4T no son corruptos, por decreto.

Desde el Pentágono, la CIA, FBI y demás agencias estadounidenses con injerencia en México, saben muy bien que el pueblo de México está dividido, confrontado, polarizado, por lo que su intervención militar, diplomática o comercial no tendrá una oposición organizada, unificada del pueblo, porque sus mismos gobiernos se encargaron de dividirlo, de confrontarlo. Estados Unidos, por lo que se sabe, no utilizó la estrategia de divide y vencerás, porque el proyecto político de López Obrador se encargó de ello. Si lo hizo por encargo, eso sería traición a la patria.

Desde luego que ningún mexicano consiente de su nacionalidad y lo que representa México, estará de acuerdo con las estrategias injerencistas de Estados Unidos, pero los responsables de que el narcotráfico se le haya salido de control al país, han sido los diferentes gobiernos, unos por omisión y otros por acción.

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Indiscutiblemente, la crisis se agudizó durante los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien optó por no combatir a la delincuencia organizada, sus razones no fueron ocurrencias, sino defensa de intereses de sus aliados o al menos personas que están exentas de la aplicación de la ley.

Del actual gobierno no hay mucho que hablar, porque solo es continuación del anterior. Estados Unidos, a lo largo de la historia a tenido las fichas a su favor en materia del comercio de todo tipo de drogas, la historia de la mariguana en México está muy bien documentada por académicos y el papel central jugado por agentes estadounidenses.

Ahora, que son los carteles mexicanos los que encabezan el comercio de todo tipo de drogas, no solo entre México y Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, el gobierno de Trump y sus socios no están dispuestos a que una estructura financiera como la de la mafia mexicana ponga en jaque su negocio financiero global, porque el dinero del narcotráfico y demás actividades ilícitas de los ahora grupos terroristas mexicanos inciden en los mercados financieros que antes solo estaban a disposición de las grandes corporaciones estadounidenses y las de sus aliados de la OTAN.

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Las estrategias del gobierno estadounidense dadas a conocer a partir del 20 de enero y que debe implementarse de inmediato, de acuerdo a las instrucciones de Donald Trump, están diseñadas para llevarse a la práctica a corto y mediano plazo, por lo que, incluso, pueden incidir en los comicios mexicanos de 2027, principalmente en el Congreso de la Unión, porque analistas de la Casa Blanca consideran que la mayoría calificada de la 4T en esa instancia legislativa y su sobrerepresentación, implican no una amenaza para México, sino para los intereses de Washington.

Para analizar los diferentes escenarios de la relación México-Estados Unidos en este momento, no se puede hacer desde una mirada patriotera, sino buscando e identificando cuales son los intereses que Estados Unidos quiere defender como prioritarios y cuales son sus estrategias para conseguir sus demandas, antes de disparar la primer bala o accionar el primer dron en contra de los narcotraficantes mexicanos.

Hasta el momento, lo que le ha funcionado es asustar al gobierno mexicano con el petate del muerto, con discursos “valentonados”, anunciando continuar con la construcción del muro fronterizo, llenar de militares la frontera con México y una eventual incursión armada en contra de los ahora llamados grupos terroristas de México.

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En tanto el gobierno del a 4T se viste de patriota para no permitir que Estados Unidos se meta con sus narcotraficantes nacionales, Estados Unidos ya se metió hasta la cocina para identificar con precisión milimétrica, en donde están los enclaves de los ahora terroristas.

Las próximas tres semanas serán decisivas para el gobierno de México, no solo porque el primero de marzo se cumple el plazo dado por Trump para que haya un cambio de actitud de las instituciones mexicanas y así seguir manteniendo en pausa la puesta en marcha de los aranceles a las importaciones de productos mexicanos, sino porque el gobierno estadounidense espera que si el gobierno de México no quiere que intervenga militarmente para cazar a narcotraficantes, éste, lo debe hacer.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

HTR/MA

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