Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 16 de mayo.- La XVII Legislatura del Estado aprobó la modificación de la naturaleza del Registro de Personas Agresoras Sexuales, como un mecanismo para atender factores de riesgo de reincidencia y/o repetición de estas conductas de violencia sexual, así como para instrumentar acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, mismo que ya no será público ni será considerado como parte de las sanciones de materia penal.

Lo anterior se debió a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideraron violatorios de los derechos humanos la publicidad del registro de personas sentenciadas por estos delitos y que se le tenga como una pena inusitada, al revisar una legislación semejante de la Ciudad de México que se buscaba replicar en Quintana Roo.

Para eso, los integrantes del Congreso local aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y por el que se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

De acuerdo con el dictamen, presentado por la Comisión para la Igualdad de Género, se señala que este Registro de Personas Agresoras Sexuales coadyuvará en la individualización de las personas que cometieron ilícitos de naturaleza sexual, y será mecanismo efectivo de prevención y protección para los efectos de atender el factor de riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta violencia.

El registro consistirá en un sistema de información que contendrá los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal, cuya inclusión de una persona en dicho registro será realizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que será la única que podrá administrarlo y consultarlo, conforme a los criterios de la SCJN.

Los datos de las personas sentenciadas que se incluirán en este registro serán: fotografía actual, nombre, edad, alias y nacionalidad.

También habrá información clasificada a la cual sólo tendrán acceso las personas titulares del Ministerio Público, bajo solicitud debidamente motivada y fundada.

Cabe mencionar que, por otra parte, los diputados aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Universidad de Quintana Roo, para que analicen, formulen, aprueben y ejecuten un nuevo instrumento jurídico, donde den viabilidad y operatividad a La Casa del Estudiante Indígena.

Además, se aprobó un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Quintana Roo, al titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y a los ayuntamientos de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Puerto Morelos e Isla Mujeres, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las gestiones que correspondan para procurar la señalización de protección a ciclistas en aquellas vialidades de las distintas localidades de los municipios en las que comúnmente se practica el ciclismo deportivo.

 

cambio22chetumal@gmail.com

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