Régimen de Excepción se Prolonga hasta Diciembre en El Salvador

Redacción/CAMBIO 22

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, aprobó este miércoles la 44 ampliación de un régimen de excepción contra las pandillas, conocidas como “maras”.

La medida, promovida por el partido del presidente Nayib Bukele que suspende garantías constitucionales, por “la aún existencia de grupos terroristas que no de erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos“, según el decreto legislativo.

Esta ampliación implica que seguirán suspendidos por treinta días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a 15.

Contexto: el régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch advierten que, junto a la caída significativa de homicidios, se han documentado miles de detenciones arbitrarias, torturas y cientos de muertes en custodia.

El 27?de?marzo de 2022, el Poder Legislativo de El?Salvador aprobó la declaración de un régimen de excepción —también denominado “estado de excepción”— luego de un fin de semana en que se registraron más de 80 homicidios.

El gobierno argumentó que la medida era necesaria para desarticular a las pandillas que durante años habían sembrado violencia en el país. En efecto, la tasa de homicidios cayó posteriormente en forma notable.

Seguridad vs. garantías: ¿un nuevo equilibrio?

Desde la perspectiva oficial, el régimen de excepción ha permitido liberar territorios del control de pandillas y reducir los homicidios. Pero desde el ámbito de la sociedad civil y organizaciones internacionales, la medida viene acompañada de una fuerte merma en las garantías constitucionales, tales como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y el control judicial de las detenciones. Por ejemplo, Inter-American Commission on Human Rights?(IACHR) advierte que algunas reformas legales impuestas bajo este régimen “permiten la aplicación automática de prisión preventiva” y suprimen mecanismos de supervisión, lo cual contraviene el marco interamericano.

Detenciones masivas y las voces de la crítica

Según el análisis de Washington Office on Latin America?(WOLA), al menos uno de cada diez detenidos bajo el régimen de excepción podría ser inocente, basándose en datos oficiales que reconocen la liberación de alrededor de 8,000 personas tras corroborarse que no tenían vínculos con pandillas.

También se ha documentado que el régimen no solo se emplea contra pandilleros sino que ha sido usado para silenciar voces críticas, incluyendo periodistas, activistas y organizaciones de derechos humanos.

Torturas, muertes y condiciones carcelarias alarmantes

En un extenso informe, Amnistía Internacional documentó que las condiciones en los centros de detención son “infrahumanas”, con hacinamiento extremo, falta de atención médica y un patrón de tortura.

El gobierno salvadoreño ha sido acusado de impedir el acceso de organismos de supervisión a los centros penitenciarios, lo que agrava la sensación de impunidad.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.

¿Una fórmula permanente de gobernabilidad?

Lo preocupante para analistas es que el régimen de excepción ha dejado de ser visto como una medida temporal y extraordinaria y se perfila como un instrumento político para gobernar. WOLA advierte que el mismo mecanismo de seguridad ya opera como técnica de contención del descontento social.

En ese sentido, la separación de poderes y la independencia judicial se han visto erosionadas, lo que alimenta un escenario de retroceso democrático.

Impacto social y político

La aprobación del régimen y su prolongación continúan gozando de niveles altos de apoyo popular, en gran parte por la mejora en la seguridad. Sin embargo, la vigencia de medidas extraordinarias prolongadas genera un clima de miedo y autocensura entre la prensa, la sociedad civil y las víctimas de violaciones. En este contexto, la pregunta es si el país está sustituyendo el Estado de derecho por un modelo de “seguridad a cualquier costo”, con el riesgo de perder libertades fundamentales.

Hacia dónde camina El Salvador

Aunque el presidente Bukele ha afirmado que el país podrá mantener la seguridad sin el régimen de excepción, organismos internacionales señalan que no hay señales claras de que el régimen será retirado en el corto plazo ni que se restituirán plenamente los derechos suspendidos. La comunidad internacional también llama a que no se normalice esta excepción como política permanente de Estado.

Fuente: La Silla Rota

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