Reforma Judicial Protege a Heyden Cebada Rivas y lo Ratifica Automáticamente como Magistrado hasta el 2033

• Su continuidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado no será sometida a votación popular en la elección extraordinaria del 1 de junio y además le extendieron el período de su cargo 8 años más.

• Igualmente, le conceden derecho a recibir pensión vitalicia cuando deje su magistratura, privilegio que se eliminó en la reforma para los togados.

• Una magistrada que fue nombrada después de él tendrá los mismos privilegios, mientras los 9 que estaban al momento de su llegada al tribunal son emplazados a someterse a votación o renunciar anticipadamente.

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 9 de enero.- En sesión extraordinaria realizada después de las 5 de la tarde de este jueves, la XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobó la reforma constitucional para elegir por voto popular a la mayoría de los magistrados y la totalidad de los jueces del Poder Judicial del Estado en la elección extraordinaria del 1 de junio de este año.

Esta reforma, que era un paso obligado por la norma constitucional federal, incluyó, sin embargo, una protección para el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Heyden Cebada Rivas, pues lo exceptúa de someter su continuidad al voto popular y automáticamente lo ratifica en su cargo de magistrado por 8 años más, hasta el 2033, al mismo tiempo que le concede el privilegio de recibir una pensión vitalicia, prerrogativa que se le quita, en cambio, a los demás magistrados.

Este privilegio quedó plasmado en el artículo tercero transitorio de la minuta de decreto que fue aprobada por la XVIII Legislatura, el cual establece que todos los magistrados y magistradas del TSJE que se encuentran en funciones serán integrados a las listas de candidatos para ser sometidos al voto popular este año, pero con una excepción para los que tienen nombramiento con final posterior al inicio de los procesos electorales del 2025 y el 2027 y no hayan sido ratificados para un segundo período.

Los beneficiarios de esta excepción, además de que sus magistraturas no serán sometidas al voto popular este año, tienen el privilegio de ser ratificados automáticamente por el artículo transitorio por otros 8 años en el cargo, pues dice que sus nombramientos quedan prorrogados hasta la siguiente elección del 2033.

Por si fuera poco, éstos no perderán el derecho al haber de retiro, es decir, a una pensión vitalicia, a diferencia de los actuales magistrados y magistradas del TSJE que no sean reelegidos por el voto popular, para los que la reforma retira ese beneficio, al mismo tiempo que lo elimina para los magistrados que sean electos de ahora en adelante.

La regla parece general, pero resulta que esas condiciones solamente las cumplen el presidente del TSJE, Heyden Cebada Rivas, cuyo cargo original terminaba en noviembre del 2027, y una magistrada más, Ana Mercedes Castillo Carvajal, que apenas fue nombrada en el 2022 y finalizaba en abril del 2028, pues además ambos tienen sólo un nombramiento.

Por lo anterior, todo indica que la excepción es para proteger al actual magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, el cual, por cierto, cuestionado por manipular a conveniencia particular y política la administración de justicia, ya que inclusive le dan un período adicional en el cargo que tiene mayor duración que el primero, y la magistrada Castillo Carvajal alcanza a beneficiarse sólo por haber sido nombrada después de él.

En todo caso, no se expone una justificación o motivación para la extensión de sus nombramientos otros 8 años, en lugar de haberles dejado finalizar el período para el que fueron nombrados originalmente, en todo caso.

En lo que toca a los otros 9 integrantes del TSJE, cuyo pleno tiene 11 miembros en total, éstos fueron designados antes que Heyden Cebada Rivas y están en su segundo período en el cargo, pues después de cumplir sus primeros 6 años tuvieron la ratificación que la legislación les permitía, de modo que no se entran en la excepción del artículo tercero transitorio y sus magistraturas numerarias serán las sometidas al voto popular en la elección extraordinaria del 2025, y en caso de no ser reelegidos por los ciudadanos, se irán sin pensión vitalicia.

La única manera que tienen de recibir la pensión vitalicia, que la anterior legislación les garantizaba al momento de su retiro, al finalizar dos períodos, es que presenten sus renuncias antes del cierre de la convocatoria de la elección, y dejen el cargo el 31 de agosto próximo o antes, si es que el fin de su nombramiento tiene fecha anterior.

Los magistrados y magistradas cuya continuidad será puesta al voto popular o están emplazados a renunciar anticipadamente, son los siguientes:

Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, cuyo segundo período llegaba a su fin en mayo del 2025.
Mario Aguilar Laguardia, cuya segunda magistratura finalizaba en noviembre de 2025.
Mariana Dávila Goerner, que pasaría a retiro en octubre de 2027 al finalizar su segundo nombramiento.
Adriana Cárdenas Aguilar, que también finalizaba su segundo período en octubre del 2027.
Ana Mercedes Castillo Carbajal, cuyo segundo período en el cargo finalizaba en abril de 2028.
Carlos Lima Carvajal, al cual su segundo período se le vencía en junio de 2028.
Felipe de Jesús Solís Magaña, con ratificación para un segundo período que concluía en junio de 2028.
Luis Gabino Medina Burgos, con nombramiento ratificado que finalizaba en noviembre de 2028.
Dulce María Tuz Balam, cuyo segundo nombramiento terminaba en noviembre de 2028.
Verónica Gloria Acacio Trujillo, cuyo segundo encargo como magistrada también terminaba en noviembre de 2028.

Con la reforma, estos magistrados tendrán la oportunidad de postularse para continuar en el cargo, pero deberán obtener la mayoría de votos de los electores, por lo que se les da la opción de declinar su participación y presentar sus renuncias anticipadas.

Asimismo, como ya se indicó, todos ellos tenían derecho a recibir el llamado haber de retiro al momento de finalizar su segundo período, por lo que se ven compelidos ahora a renunciar anticipadamente para conservar ese oneroso privilegio, porque si no lo hacen en el plazo establecido por la reforma o pierden en la elección, no recibirán dicha pensión vitalicia, que se establece que sea del 100 % de la remuneración que reciben.

En el caso de los nuevos magistrados y magistradas, la reforma mantuvo que duren en sus cargos 15 años, como se estableció desde diciembre del 2023, no 12 años, como durarán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) según la reforma constitucional federal.

Sin embargo, los artículos transitorios de la reforma aprobada hoy indican que por única ocasión no será así, con el fin de garantizar que las renovaciones de sus cargos se realicen de manera escalonada en las elecciones de los años 2033, 2036 y 2039.

Así pues, establece que los 4 candidatos que hayan obtenido las mayores votaciones durarán en las magistraturas 14 años, los siguientes 4 en prelación durarán 11 años, y los últimos tres que se elijan durarán 8 años, aunque por la excepción que beneficia dos togados, sólo una magistratura más estará en este último supuesto este año.

Por lo anterior, hipotéticamente Heyden Cebada Rivas y la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal tendrían que someterse a votación hasta que se realice la primera renovación escalonada del nuevo pleno del TSJE, en 2033, junto con uno de los magistrados que sean elegidos en este 2025, si entonces quieren buscar la continuidad.

La reforma del Poder Judicial esencialmente establece los mecanismos de elección de magistrados y jueces, pero también contiene cambios orgánicos, sobre los cuales se expondrá en una posterior entrega en este espacio del Diario Cambio 22.

Por lo pronto, la reforma constitucional fue aprobada en la tarde de este jueves, en el período extraordinario de sesiones realizado por la XVIII Legislatura, con 17 votos de la alianza Morena- PVEM-PT, al que se sumó, como ya se hizo costumbre, el voto del PRI, representando por Filiberto Martínez Méndez, mientras hubo dos votos en contra del PAN y el representante de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, no se presentó.

No hubo debate, los dos representantes panistas, únicos opositores asistentes a la sesión, no tomaron la palabra para expresar una postura, sabedores de que la reforma pasaría por abrumadora mayoría, además de provenir de una orden constitucional federal.

Luego de la aprobación, la Mesa Directiva encabezada por la diputada del PVEM Luz Gabriela Mora Castillo turnó la minuta del decreto a los 11 ayuntamientos del estado, para su ratificación, lo cual se espera sea lo más pronto posible.

franciscohcambio22@gmail.com

RHM