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• “Facturas fantasmas, SAT omnipresente y deuda récord”: claves para entender la reforma fiscal 2026

 

 

• Morena aprieta las tuercas: el SAT podrá suspender facturación en cinco días y vigilar las plataformas digitales mientras los intereses de la deuda superan los presupuestos de salud y educación

 

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

La propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación para el ejercicio 2026, parte del Paquete Económico enviado por el Ejecutivo al Congreso el 8 de septiembre de 2025, representa un vuelco profundo en la forma de recaudar impuestos en México, se trata de una ofensiva sin precedentes contra las facturas falsas y, al mismo tiempo, de una admisión de que el país atraviesa por serias tensiones fiscales.

• A continuación se desglosa qué implica para los contribuyentes y por qué surge en este momento.

 ¿Qué cambia en los comprobantes fiscales?

La reforma redefine lo que se considera un comprobante fiscal falso, hasta ahora, la mayoría asociaba la falsificación con documentos apócrifos o alterados; sin embargo, la propuesta señala que cualquier CFDI (factura electrónica) será falso si la operación nunca existió. Es decir, aunque el archivo esté timbrado y validado por el SAT, se considerará apócrifo cuando no haya evidencia material de que el negocio ocurrió, esto obligará a los contribuyentes a reunir pruebas tangibles (contratos, recibos, bitácoras de entrega, etc.) para demostrar la existencia de cada transacción.

Para evitar la generación de empresas factureras, el SAT podrá negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando sus socios o representantes hayan participado en compañías que emitieron o utilizaron facturas de operaciones inexistentes, también podrá cancelar o suspender el uso del sello digital cuando detecte créditos fiscales firmes o facturación que supere cuatro veces la deuda, estas medidas crean filtros preventivos, quien hoy integra un consejo de administración deberá revisar la reputación fiscal de sus socios porque el SAT podrá negarle el registro.

Procedimiento exprés y responsabilidad en cadena

La reforma establece un procedimiento abreviado para revisar la autenticidad de un CFDI, cuando una visita domiciliaria detecte irregularidades, el SAT podrá suspender de inmediato los certificados de sello digital del emisor; el contribuyente tendrá cinco días hábiles para presentar pruebas y la autoridad contará con quince días para resolver.

Si confirma la falsedad, las facturas pierden efectos fiscales y el nombre del contribuyente se publicará en el portal del SAT y el Diario Oficial.

En paralelo, las empresas que utilizaron esas facturas para deducciones tendrán 30 días para corregir su situación; de lo contrario, se les restringirá su propio sello digital, el mensaje es claro, toda la cadena comercial es responsable.

SAT con superpoderes: audios, videos y acceso a plataformas

La iniciativa dota al SAT de herramientas tecnológicas de vigilancia sin precedentes:

• Auditorías multimedia: los visitadores podrán grabar audio, video y tomar fotografías durante la revisión; este material será prueba legal.

• Acceso permanente a plataformas digitales: prestadores de servicios digitales (marketplaces, aplicaciones de transporte, etc.) deberán permitir al SAT el acceso en tiempo real a sus sistemas; la autoridad podrá bloquear temporalmente la plataforma que se niegue.

• Explicación de contabilidad: además de entregar la contabilidad electrónica, las empresas deberán explicar su metodología y forma de procesar los datos, esto significa que la fiscalización se meterá “hasta la cocina” del negocio.

Simplificaciones con zanahoria y garrote

No todo son restricciones, la reforma propone que los contribuyentes puedan cancelar facturas hasta la fecha en que presenten su declaración anual, ofreciendo flexibilidad para corregir errores, pero la otra cara son sanciones penales, la emisión o comercialización de CFDI falsos se tipificará como delito; vender productos como cigarros sin los códigos oficiales se equiparará a contrabando; presentar documentos alterados en un trámite fiscal implicará de tres a seis años de prisión; las plataformas digitales que se nieguen a proporcionar acceso serán bloqueadas, la tolerancia a la evasión pasa a cero.

¿Por qué tanta prisa en apretar a los contribuyentes?

La respuesta está en el Paquete Económico 2026 y en la situación de las finanzas públicas, según análisis de expertos, tres de cada cuatro pesos que el Gobierno espera recaudar en 2026 ya están comprometidos para pagar pensiones, transferencias a los estados e intereses de la deuda. En términos per cápita, estos gastos obligatorios suman 48 732 pesos por habitante, tres veces más que lo que se asigna en conjunto a salud, educación, cuidados y seguridad (17 195 pesos por persona), el margen para políticas públicas se ha reducido al mínimo.

El costo de la deuda crece de forma alarmante, para 2026 se prevé destinar 1.64 billones de pesos a intereses y servicio de la deuda, equivalente a 4.1 % del PIB y 19 % de todos los ingresos del Gobierno, es la mayor proporción desde la crisis de 1994–1995.

De hecho, México pagará más por intereses de la deuda que lo que destina a educación (2.9 % del PIB) o a salud (2.5–2.6 % del PIB), cada día de pago de intereses equivaldría a costear el tratamiento anual de 16 571 pacientes con cáncer de mama.

La deuda pública medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público (SHRFSP) ascenderá a 20.3 billones de pesos en 2026, 52.3 % del PIB.

                                 Foto: El economista

Según el análisis de México Evalúa, esto implica que cada mexicano cargará con 151 000 pesos de deuda, diversos analistas y legisladores destacan que esto duplica los 10.4 billones de pesos registrados en 2018, por lo que se habla de una deuda que “se salió de control” en los años de gobierno de Morena, para tapar el boquete se propone un déficit de 4.1 % del PIB y la contratación de deuda por 1.6 billones de pesos.

Más impuestos y vigilancia: los ejemplos de Costco y Samsung

La estrategia de maximizar la recaudación no sólo afecta a pequeños y medianos contribuyentes, empresas de renombre han denunciado presión excesiva, Costco México reveló que enfrenta más de 30 auditorías del SAT y criticó que se apliquen “criterios absurdos”, aunque asegura que seguirá expandiéndose, Samsung, por su parte, está envuelta en un litigio donde se le reclama el pago de más de 300 mil millones de pesos por presunta doble tributación; la empresa busca diálogo con el gobierno para evitar un desembolso que equivale a seis años de utilidades en México.

Sin embargo hay que destacar que, Costco México avanza con un ambicioso plan de crecimiento que contrasta con la incertidumbre económica nacional, la cadena de almacenes confirmó nuevas sucursales en General Escobedo, Nuevo León, cuya apertura se prevé para finales de 2025 o inicios de 2026 y que será la más grande de México y Latinoamérica; además, prepara una tienda en Zapopan, Jalisco, frente a Plaza San Isidro, y otra en Corregidora, Querétaro, aún sin fecha definida.

Este plan de expansión a 20 años busca consolidar su presencia en los principales polos económicos del país incluidos Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Querétaro y refleja cómo, pese al entorno de deuda récord y presión fiscal, las grandes corporaciones continúan apostando por el mercado mexicano.

¿Qué debe hacer un contribuyente ante este nuevo escenario?

Para las personas y empresas, la reforma implica tres cambios fundamentales:

1. Contabilidad impecable y materialidad: ya no basta con guardar facturas electrónicas; cada operación debe acreditarse con evidencia física o documental (contratos, entregas, transferencias bancarias). Sin materialidad, la factura se considerará falsa.

2. Cumplimiento proactivo: con plazos tan cortos (5 días para defender una visita y 30 días para corregir deducciones), la vigilancia interna se vuelve indispensable. No reaccionar a tiempo implicará quedarse sin sellos digitales y ser exhibido públicamente.

3. Asesoría especializada: navegar por el nuevo Código Fiscal requiere apoyo de contadores y abogados, las sanciones administrativas se vuelven delitos con pena de prisión; errar por desconocimiento es muy costoso.

Un país bajo presión financiera

El endurecimiento de la fiscalización no surge de la nada: responde a una combinación de deuda récord, crecimiento débil y gasto social creciente.

El gobierno asegura que el Paquete Económico 2026 es “humanista” y prioriza los programas de bienestar; sin embargo, los análisis muestran que la mayor parte del presupuesto se destina a pensiones, transferencias e intereses, dejando a salud y educación con recursos insuficientes.

La apuesta del oficialismo es aumentar la recaudación a cualquier costo para sostener obras insignia y programas sociales; la oposición lo califica de asfixia fiscal y advierte que la deuda se duplicó en apenas ocho años.

Para la ciudadanía, entender la reforma es vital, se avecina un período de mayor vigilancia, menos privacidad y más obligaciones.

La “guerra contra las factureras” puede frenar esquemas de evasión que han proliferado durante años, pero también incrementa el riesgo de abusos y de castigar errores administrativos como delitos, la mejor defensa será la transparencia y el cumplimiento estricto de las nuevas reglas.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22