Inicio / Reforma Electoral ¿Austeridad o Entrega?

 

Redacción/CAMBIO 22

La intención de Claudia Sheinbaum de reducir el financiamiento público a los partidos suena a música para los oídos de los electores, pero de que hay riesgos, los hay: el vacío que deja el Estado suele ser llenado por el efectivo de la economía criminal. Sin una reducción real del costo de la política, la nueva reforma electoral podría ser el mejor regalo para los oscuros poderes regionales.

Es cierto, como afirma la Cuarta Transformación, que “no puede haber democracia rica con pueblo pobre”. Supuestamente bajo esa premisa, la presidenta Claudia Sheinbaum alista para febrero una reforma que busca dar un machetazo al financiamiento público de los partidos. Sin embargo, en la política, el vacío no existe. Si el costo real de competir por una alcaldía o una gubernatura se mantiene, pero los recursos legales disminuyen, el incentivo para buscar “oxígeno” en el mercado negro se vuelve irresistible.

El riesgo es pura aritmética. La literatura sobre el gasto ilegal en México documenta una brecha sistémica entre lo que se reporta al INE y lo que realmente se gasta en movilización, logística y “estructura”. Al bajar el techo del dinero público, la presión sobre los candidatos aumenta. Si para ganar una campaña se necesitan 10 pesos, y el Estado ahora solo da dos, los otros ocho saldrán de algún lado. Y en vastas zonas del país, hay organizaciones criminales listas para cubrir el saldo.

El gobierno sostiene que la reforma vendrá acompañada de una fiscalización “con dientes” bajo la consigna de cero narco en las elecciones. El problema es que el diseño institucional parece ir en sentido contrario. En el presupuesto 2026 se han consolidado recortes a los órganos autónomos, incluyendo al INE y a la FGR. ¿Cómo van a detectar redes de prestanombres y gastos en efectivo si se deja sin recursos a quienes deben investigar? La promesa de una vigilancia más dura queda reducida a un deseo o a la pura voluntad.

Incluso con las reglas actuales, el INE ya enfrenta dificultades para rastrear el dinero. Para 2026, los límites de financiamiento privado son claros, pero si la reforma reduce el financiamiento público ordinario, el techo legal del dinero privado también baja -ya que éste no puede superar al público-. Esto empuja a los actores políticos directamente a operar en la sombra, fuera de cualquier radar.

La alarma suena más fuerte en lo local. El narco no necesita financiar una campaña presidencial para ser eficiente; las presidencias municipales son el premio mayor: éstas le permiten controlar la policía local, obtener y otorgar permisos de construcción y obra pública.

 

En las elecciones de 2027, la disputa por los municipios será el frente de batalla más vulnerable. Ahí, el financiamiento ilícito no solo llega en bolsas y maletines; se traduce en protección, en la imposición de operadores o en la eliminación de la competencia. El riesgo de captura criminal aumenta exponencialmente si el recorte al gasto público no viene junto con una reducción del costo de hacer campaña.

Para que la reforma de Sheinbaum no termine como combustible de la infiltración criminal, el texto que llegue al Congreso debe responder algunas preguntas: ¿Cómo se va a garantizar la trazabilidad bancaria obligatoria en zonas donde el efectivo es la ley? ¿Cómo se van a coordinar la UIF y el SAT con un INE tan debilitado?

Si la prioridad es el ahorro presupuestal y no el fortalecimiento de la detección de ilegalidades, México corre el riesgo de transitar de una democracia cara a una democracia capturada. La austeridad es una virtud política, pero cuando se trata de blindar las urnas frente al crimen organizado, lo barato cuesta tan caro como la soberanía de los municipios.

 

 

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