• Nueva Ley de Telecomunicaciones en México: ¿Modernización o Riesgo para la Libertad de Expresión?

 

  • Claves de la reforma: propaganda extranjera, nueva agencia estatal y sanciones a medios

 

  • Debate: ¿Fortalece derechos ciudadanos o restringe la libertad de prensa?

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

La iniciativa enviada al Senado crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) –una secretaría de Estado– que asumirá todas las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) . Bajo el nuevo marco jurídico, el espectro radioeléctrico se considera “bien de la nación” y se administrará con criterios de interés público​, se plantean concesiones únicas de hasta 30 años (comerciales, públicas, sociales) con mecanismos directos o por subasta, incentivando a nuevos agentes, el ejecutivo podrá obtener concesiones para dar servicio público de radio y, directamente, proveer banda ancha a zonas remotas y vulnerables​.

En esa lógica, la ley declara al acceso a Internet de banda ancha “no un privilegio, sino un derecho fundamental”​, además, se reafirma la neutralidad de la red como principio constitucional, garantizando interconexión abierta y no discriminatoria​.

La propuesta faculta a la nueva ATDT para planear y asignar el espectro a conveniencia del Estado –en la práctica, el Ejecutivo recuperaría “control absoluto” sobre las concesiones del espectro​. Se establecen también sanciones generales bajas (0.01–0.75% de ingresos de los concesionarios) y causas de revocación (como incumplir planes de reemplazo de satélites)​.

El Senado subraya que la ATDT “formulará y conducirá las políticas públicas” en telecomunicaciones y regulará el uso del espectro​, en suma, el cambio devuelve al gobierno un rol preponderante de “jugador y árbitro” del mercado de telecomunicaciones, en lugar de un regulador autónomo.

La línea oficial sostiene que la reforma busca proteger la soberanía y ampliar la conectividad, el proyecto restituye la prohibición de difundir propaganda política de gobiernos extranjeros (eliminada en 2015)​.

Esto se propone como respuesta a recientes anuncios antiinmigrantes de EE.UU., considerados “discriminatorios” por el gobierno mexicano​, en particular, el artículo 210 del proyecto prohíbe expresamente la publicidad gubernamental extranjera en radio, televisión o plataformas digitales (salvo promoción cultural/turística)​, a los infractores se aplicarán multas equivalentes al 2–5% de sus ingresos totales (por decisión de Gobernación)​.

Se insiste que esto «refuerza la democracia», garantizando que los beneficios de las telecomunicaciones alcancen a todas las regiones​. El presidente de la Comisión respectiva enfatizó en comisiones que:

“México necesita una nueva ley para que los beneficios de las telecomunicaciones y radiodifusión lleguen a todos los sectores”​.

Además, la reforma incluye medidas de interés público (creación de redes 5G, concesiones por cobertura, fomento a radios comunitarias, uso de espectro para seguridad nacional, acceso universal, etc.) que sus promotores destacan como ventajas ciudadanas.

Frente a esto, la oposición y organizaciones civiles advierten riesgos de censura encubierta, especialistas como R3D y Artículo 19 alertan que la redacción vigente de la iniciativa facilita la restricción extrema de la libertad en Internet​ , en particular, el artículo 109 permite –bajo criterios vagos– bloquear temporalmente cualquier plataforma digital por «incumplimiento normativo»​. No se aclara quién decidiría esto; críticos temen que equivale a controlar lo que los mexicanos publican en redes sociales.

La propia Sheinbaum ha anunciado corregir o eliminar este artículo ante la controversia, “para que quede claro que no vamos a censurar a nadie”​, sin embargo, figuras de oposición lo califican abiertamente como una “ley mordaza” y un “asalto a las redes sociales”. Legisladores opositores comparan la iniciativa con leyes de regímenes autoritarios, señalan que incluso Hugo Chávez, Daniel Ortega o Nicolás Maduro “no se atrevieron a tanto”​, la senadora Alejandra Barrales (MC) advirtió que se avecina “censura al estilo de Venezuela y Brasil”​.


También critican disposiciones complementarias, por ejemplo, el inciso sobre “uso correcto del lenguaje” en programación (ratificado en 192) fue tumbado por la Corte; sus detractores temen que regrese para silenciar humor satírico y crítica política​. Además, la ley facultaría al Ejecutivo a “requisar” equipos de telecomunicaciones bajo pretexto de “alteración del orden”, algo que opositores tachan de instrumento potencial para espionaje o bloqueo masivo.

En síntesis, los críticos alertan que la combinación de amplias multas (hasta 5%), bloqueos digitales y control de frecuencias concentra demasiado poder en el gobierno y puede traducirse en autocensura de medios y creadores de contenido.

Para la ciudadanía, los efectos reales son mixtos, en el plano favorable, la reforma eleva al Estado al rol de proveedor en zonas desatendidas: prevé que el gobierno federal lleve internet de banda ancha a regiones sin acceso, asumiendo directamente concesiones móviles o fijas sin costo por uso del espectro​. La ATDT deberá diseñar un plan de licitación de espectro para 5G en un plazo breve​. Según los promotores, estas acciones podrían cerrar brechas, se contempla que la economía “no sea el principal criterio” de asignación, sino metas de cobertura social, precios accesibles e innovación. El énfasis en inclusión digital (internet como derecho fundamental) y la reserva de bandas para emisoras comunitarias/indígenas (con publicidad local) apuntan a ampliar la pluralidad informativa regional​, sin embargo, queda incertidumbre, la regulación previa (2014) consiguió fuertes caídas en tarifas y enorme crecimiento de líneas bajo la tutela del IFT.

La pregunta es si un regulador estatal sustituirá o revertirá esas ganancias, en cualquier caso, el consumidor podría beneficiarse de más competidores (concesiones extendidas) y servicios estatales, pero también podría verse perjudicado si el control estatal conduce a menor transparencia en asignaciones o a priorizar a concesionarios afines al oficialismo (un riesgo al que aluden opositores​).

Comparación internacional:

No existe un antecedente exacto, sin embargo, se pueden examinar casos análogos. En Venezuela y Turquía, leyes mediáticas han dado al gobierno facultades amplias sobre contenidos y frecuencias, lo que ha mermado la libertad de prensa en la práctica.

En Brasil y Europa, en cambio, los debates se enfocan en regular contenidos nocivos (p. ej. desinformación) sin crear organismos con poder de veto editorial. La senadora Barrales comparó la reforma mexicana con “leyes al estilo Venezuela y Brasil”​, reflejando temor regional. En general, la experiencia muestra que cuando el Ejecutivo concentra control sobre el espectro y las redes (como ocurrió en regímenes autoritarios del pasado), suele reducirse la pluralidad informativa.

Por otro lado, legislaciones democráticas europeas o canadienses que buscan frenar propaganda extranjera recurren más a avisos o etiquetado (como obliga EE. UU. la Ley Smith-Mundt), en lugar de multas inmediatas a medios. El caso mexicano resulta inédito por su alcance, combina restricción de propaganda externa con extensivo poder regulatorio interno.

Hasta ahora, la polémica ha forzado al oficialismo a abrir diálogo, Claudia Sheinbaum misma pidió “no aprobar al vapor” la reforma​ y aceptó modificar artículos controversiales​. El Senado ha anunciado consultas con empresarios, académicos y sociedad civil antes de la votación definitiva​.


​ Con mayoría amplia, Morena podría reordenar el dictamen en las próximas semanas, pero el resultado final –y su impacto en la libertad de expresión– seguirá siendo motivo de intenso escrutinio.

La ley redefine sustancialmente las reglas del ecosistema mediático mexicano; resta ver si las salvaguardas (no censura previa, derechos de audiencias) enunciadas en el dictamen se sostienen en la práctica​.

Fuentes: Comunicados oficiales del Senado de la República (24–25 abr. 2025); reportes de prensa nacional e internacional (El País​, El Financiero, México News Daily​​, Reuters​, etc.), organizaciones de libertad de expresión (R3D, Artículo 19) y análisis especializados​ del el economista, citados en el texto.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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