Reducción de Presupuesto para Áreas Protegidas Complica Conservación Ambiental en México, Alertan Especialistas en COP16

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Con Solo 10.7 Pesos Por Hectárea, El Gobierno De Sheinbaum Enfrenta El Reto De Proteger Nuevas Reservas Naturales Declaradas Durante El Sexenio Anterior.

Redacción / CAMBIO 22

El presupuesto público destinado a la conservación se redujo durante el sexenio anterior, a pesar de que se declararon más áreas protegidas, lo que representa un desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum, coincidieron especialistas mexicanos reunidos en la COP16 de Biodiversidad, celebrada en Cali, Colombia.

A inicios de 2024, el presupuesto aprobado por el Congreso federal para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era equivalente a 10.7 pesos por cada hectárea a conservar en el país, “lo cual no es suficiente para cubrir todas las necesidades de su cuidado y conservación”, indicó la organización Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) en el reporte Cuidar lo que importa.

Si el dinero era poco —983 millones 546,964 pesos— al aprobarse el presupuesto, su impacto se redujo con el nombramiento de más áreas de conservación. Solo en este su último año, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador decretó casi 30 nuevas Áreas Naturales Protegidas, y se presumió como el gobierno “que más decretos a favor de la vida y la biodiversidad ha realizado en el país”.

Con las 232 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) que López Obrador deja y las 98,000,719 hectáreas que abarcan, el presupuesto de 2024 para la Conanp bajó a 10 pesos por hectárea. En 2016, el año en que más presupuesto ha tenido la Conanp desde 2012 (más de 1,950 millones), solo había 182 ANPs equivalentes a 76 millones 032,018 hectáreas. Entonces el dinero alcanzaba para destinar 26.5 pesos por hectárea.

“Muy bien. Todos estamos a favor de las declaratorias, pero que no sean declaratorias de papel. Porque es muy fácil declarar y luego cómo las mantenemos”, asegura Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una de las organizaciones que durante los últimos años ha mantenido el dedo sobre la contradicción de más áreas de conservación con menos presupuesto.

Oportunidad legislativa

Al momento no existe en las leyes mexicanas ninguna disposición que obligue a que cada decreto de área nacional protegida vaya acompañado de una asignación de recursos presupuestales, lo cual representa una ventana de oportunidad para legislar en esta materia, afirma Alanís.

“Los legisladores pueden hacer modificaciones para que en la ley de las Áreas Naturales Protegidas podamos acompañar las declaratorias al menos con tres cosas: personal, recursos materiales y recursos financieros”, explica el especialista en derecho ambiental.

Además de presupuesto, existe un rezago en los planes de manejo, que determinan a detalle la administración de cada área. Al momento existen más de 100 ANPs que no cuentan con su respectivo plan, afirma Alanís.

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La nueva secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó recientemente que al menos en 40 casos es urgente tener plan de manejo, y que la dependencia a su cargo está evaluando sus recursos para poder enfrentar este rezago.

“A pesar de que se decretaron muchas áreas nacionales en este sexenio, la cobertura es baja y tiene muchos retos de manejo efectivo”, asegura María José Villanueva, directora de Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México.

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“Necesitamos asegurar que esas áreas naturales protegidas no son solo de papel y que realmente se protejan”.

El precio de la biodiversidad

Incluso en sus mejores años, los presupuestos de las instituciones federales no representan más que una mínima fracción del monto necesario para detener la pérdida de biodiversidad en México.

Para esto último se necesitan anualmente al menos 8,685 millones de pesos más, según una estimación elaborada en 2018 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A través de la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (Biofin México), el PNUD concluyó esta cifra tras restar el total del gasto público al costo que implicaría implementar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (Enbiomex).

Es decir, cuánto deberíamos gastar, menos cuánto gastamos realmente. La brecha entre ambas (los 8,685 millones de pesos) equivale a más de ocho veces el presupuesto de la Conanp para 2024.

Además, Biofin México identifica brechas específicas de 1,128 millones anuales para Áreas Naturales Protegidas y 3,868 para el programa de Pago por Servicios Ambientales.

Actualmente, el gobierno federal y organizaciones aliadas incluyen datos del INEGI para actualizar y precisar el valor del capital natural en México.

“Eso va a ser muy importante para negociaciones en el futuro y entender cuánto tenemos que invertir”, afirma María José Villanueva de WWF.

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Subsidios nocivos para la biodiversidad

Y en esto entran tanto dineros públicos como privados.

Nada más en 2015, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 184 mil millones de pesos (equivalentes al 1% del PIB), según el análisis de Biofin. El 67% de estos costos se deriva de actividades económicas del sector primario (como agricultura, pesca y ganadería) que afectan ecosistemas y especies del país.

Solo Sembrando Vida, el programa insignia de reforestación del sexenio pasado, habría inducido en 2019 una deforestación de más de 72,000 hectáreas en el país, según una evaluación hecha por el World Resources Institute (WRI). Además de Sembrando Vida existen otros programas gubernamentales (de apoyo al campo o a la soberanía alimentaria, por ejemplo) en esta situación donde el nuevo gobierno tiene la oportunidad de replantear para integrar el cuidado de la biodiversidad.

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“Son dos caras de la misma moneda. Por un lado, el financiamiento hacia la agenda verde y por el otro lado el reverdecimiento de las finanzas actuales”, afirma María José Villanueva.

“Es un tema de política pública. Hay que atender las necesidades de la gente, pero no se puede dar dinero para destruir. Hay que redireccionar”, añade Gustavo Alanís.

Fuente: Animal Politico

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HTR/MA