Recortan el Presupuesto a Seis Órganos Autónomos de Quintana Roo y Ordenan al Poder Judicial Reducir sus Onerosos Sueldos

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 15 de diciembre.- Al autorizar el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023, la XVII Legislatura recortó el presupuesto de 6 órganos autónomos de la entidad, incluyendo a la Fiscalía General del Estado, y ordenó al Poder Judicial reducir los sueldos de sus altos funcionarios a un nivel que no supere la remuneración de la gobernadora del estado, Mara Lezama.

En esta aprobación, al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) le redujeron 7 millones respecto a la iniciativa presentada y le autorizaron presupuesto de 194 millones 526 mil pesos; a la Comisión de Derechos Humanos (Cdheqroo), le recortaron 712 mil pesos respecto a la iniciativa, para dejarle asignación de 63 millones 546 mil pesos; al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip), le redujeron 3 millones de pesos respecto a la iniciativa, y quedó con 48 millones 451 mil pesos; y al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) le disminuyeron 965 mil pesos respecto a la iniciativa y le asignaron 65 millones 702 mil pesos.

En el caso del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), le dieron un aumento de 3 millones 42 mil pesos, para quedar en 42 millones 110 mil pesos, pero esta cantidad representa una reducción de un millón 432 mil pesos respecto al 2022.

Destaca que a la Fiscalía General del Estado (FGE) también le aplicaron un recorte presupuestal de 9 millones 214 mil pesos respecto a la iniciativa, por lo que recibirá 963 millones 693 mil pesos, que son un millón 397 mil pesos menos que su presupuesto en el 2022.

Y en el caso del Congreso del Estado, se aplicó una reducción de 16 millones 16 mil pesos a su gasto operativo, por lo que se quedó con 469 millones 606 mil pesos para el 2023, mismos que sumados a la asignación de 206 millones 938 mil pesos para la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), que tuvo aumento de 2 millones, dejan el presupuesto total del Poder Legislativo de Quintana Roo en 676 millones 544 mil pesos.

No obstante, cabe mencionar que el Congreso del Estado, al aplicar un recorte de 10 % sobre su gasto operativo, que es de 160 millones de pesos, no sobre el total de su presupuesto, que era de 485 millones de pesos en el 2022, al final de cuentas seguirá siendo uno de los poderes legislativos más caros del país por restarse apenas 3 % de su presupuesto total en realidad.

Piden reversión del abuso en sueldos del Poder Judicial

El caso del Poder Judicial es destacado, porque a este los diputados le dieron un aumento de 8 millones 769 mil pesos respecto al 2022, pero le disminuyeron 6 millones 803 mil pesos respecto a la propuesta original de presupuesto, dejándole un total de 714 millones 631 mil pesos para ejercer el próximo año.

Y la razón principal para recortar la asignación originalmente planteada para el Poder Judicial es el señalamiento del abuso en la fijación de los altos sueldos de los magistrados y consejeros de dicho órgano, que ganan más que la gobernadora, e inclusive más que el Presidente de México.

Por esto, en el dictamen los legisladores dieron cuenta de que los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial incumplen al fracción segunda del artículo 165 de la Constitución local, la cual establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el titular de la gubernatura del estado.

Cabe añadir que esta cláusula constitucional está vigente desde el 2013, pero no había sido aplicada por el Congreso del Estado a ningún órgano autónomo ni al Poder Judicial, permitiendo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se duplicaran el sueldo a partir del 2020, en plena pandemia de Covid-19, de 100 mil a más de 200 mil pesos, mientras que la remuneración marcada para el gobernador del estado era de 152 mil pesos mensuales.

Por eso, en el tabulador de sueldos añadido al proyecto de presupuesto presentado por Heyden Cebada Rivas, el Tribunal Superior de Justicia tiene fijados sueldos de 213 mil pesos mensuales para los magistrados numerarios y de 265 mil para el magistrado presidente, los consejeros de la Judicatura tienen sueldos de 211 mil pesos mensuales y los magistrados supernumerarios, de 192 mil pesos.

Pero en esta ocasión, los diputados locales consideraron que estas remuneraciones violan la Constitución del Estado.

Por tales motivos, el dictamen del Presupuesto 2023 indicó que el Poder Judicial deberá realizar acciones pertinentes para el cumplimiento de dicho precepto, es decir, reducir el sueldo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los consejeros de la Judicatura.

Y para dejar fijado en ley esta disposición, se estableció en el artículo 41 del Presupuesto de Egresos para el 2023 que: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para la gobernadora del estado, salvo lo señalado en el Artículo 165 fracción III de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo”, que permite a servidores públicos ganar más que su superior jerárquico en condiciones especiales, pero no más de la mitad del total del presupuesto asignado a las remuneraciones de la titular del Ejecutivo.

Cabe mencionar que la gobernadora Mara Lezama anunció que se aplicará una disminución del 10 % en las compensaciones sobre el sueldo que reciben los funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo, incluyendo las de ella, por lo que la remuneración mensual de la gobernadora podría quedar fijada para el 2023 en alrededor de 145 mil pesos mensuales, y ese será el límite que el Poder Judicial deberá respetar, según la solicitud planteada por el Congreso del Estado.

Además, la XVII Legislatura consideró que el plan de gasto en servicios personales del Poder Judicial no contribuye al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, al considerar un aumento de personal superior a los límites establecidos en la misma; además de que no aportó suficiente información de metas y estrategias para sus programas del 2023, por lo cual los diputados calificaron de insuficiente la información que presentó el poder encabezado por el magistrado Heyden Cebada Rivas para autorizarle el incremento que había solicitado.

Freno a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa y al Ieqroo

La aplicación por primera vez del tope constitucional a las remuneraciones de los servidores públicos también afectó al Tribunal de Justicia Administrativa, que presentó un tabulador de sueldos en el que pretendían darse un aumento en el 2023 de 114 mil y 153 mil pesos, que ganan actualmente los magistrados numerarios y el magistrado presidente, a 213 mil y 265 mil pesos, respectivamente, para igualar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Sin embargo, los diputados señalaron al Tribunal de Justicia Administrativa que deberá realizar acciones para los sueldos de sus altos funcionarios no superen el de la gobernadora del estado, y no les autorizaron el incremento de presupuesto que solicitaron.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, aunque el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales tiene remuneración de 108 mil pesos mensuales, los diputados consideraron que su analítico de plazas establece percepciones que rebasan los límites establecidos en el Tabulador de Sueldos y Salarios de la Administración Pública Centralizada del estado y el artículo 165 de la Constitución local.

En consecuencia, le negaron el aumento de 532 millones de pesos que pedía y, en cambio, le recortaron 9 millones 214 mil pesos respecto a la propuesta original del Ejecutivo, que en realidad son mil 397 pesos menos que lo asignado en 2022, un severo golpe para el órgano encargado de la procuración de justicia.

En el caso del Ieqroo, los diputados consideraron que se puede reducir el presupuesto de su programa de Cultura Política Democrática, por lo que redujeron de 201 millones a 194 millones el presupuesto finalmente asignado, es decir, 7 millones menos que la iniciativa original.

Sin embargo, esta reducción realmente representa 37 millones 534 mil pesos menos respecto al proyecto aprobado por el Consejo General del órgano, que era de 232 millones de pesos.

Como se tiene previsto en el presupuesto que 55 millones 725 mil pesos son para el financiamiento público de los partidos políticos y 55 millones 744 mil pesos están destinados a la preparación del proceso electoral 2024 a partir del último trimestre del 2023, al Ieqroo le quedarán para gasto ordinario anual solamente 83 millones 57 mil pesos.

A la Cdheqroo el Congreso también le observó incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera en su planteamiento de gasto en servicios personales; al Teqroo le recortaron recursos que tuvo como eventuales en el 2022; y al Idaip le señalaron que fue incompleta su información de metas y estrategias y también le negaron el aumento que pidió.

Con base en estas consideraciones, la XVII Legislatura conminó a los órganos autónomos y al Poder Judicial a una contracción del 10 % de su gasto operativo en el 2023, y “que cada ente tenga la oportunidad de realizar acciones pertinentes para aplicar una disciplina financiera que permita saldar los compromisos pendientes con la sociedad quintanarroense”.

No obstante, la revisión de los diputados no alcanzó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, órgano descentralizado de la administración pública al que también se le eliminó la imposibilidad de reducir su presupuesto.

A este organismo dieron un incremento de 680 mil pesos respecto al 2022, para asignarle 20 millones 727 mil pesos en el 2023, a pesar de haber demostrado ser un órgano inútil y simple comparsa del poder en turno, donde su secretario ejecutivo cobra 109 mil pesos mensuales y sus comisionados ciudadanos se embolsan 110 mil pesos al mes, sin rendir cuentas ni dar resultados palpables en el combate de la corrupción gubernamental.

franciscohcambio22@gmail.com

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