► Esto demuestra una total falta de empatía de los diputados federales hacia la población

 

► Quintana Roo está entre las 5 entidades con mayor uso de motocicletas, por su bajo costo de adquisición y uso

 

► Aseguran que es necesario socializar iniciativas que provoquen un impacto directo antes de aprobarlas

 

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 2 de mayo.- Bajo la premisa de salvaguardar el bienestar de los menores de edad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que prohíbe que menores de 12 años de edad viajen en motocicleta, aun y cuando cumplan con portación de casco, como por obligatoriedad se estable en la Ley actual.

Sin embargo, el sector empresarial en el sur de Quintana Roo se ha pronunciado en contra de esta modificación, que ya ha sido enviada al Senado para continuar con su proceso legislativo, ya que demuestra una total falta de empatía de los diputados federales hacia la población que utilizan las motocicletas como su principal medio de transporte para economizar, tal como señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Chetumal, Raúl Villanueva Argüelles.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) así como de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, aproximadamente un 27.3 % de los hogares quintanarroenses cuentan con una motocicleta, al considerarla un medio de movilidad más rápido y económico, lo que coloca a Quintana Roo entre las cinco entidades a nivel nacional con el mayor crecimiento del parque vehicular de motocicletas, con cerca de 382 mil de estos vehículos de dos ruedas circulando por todo el estado.

De ahí precisamente la importancia de que las leyes deban socializarse antes de que éstas sean aprobadas, precisó el representante de la Coparmex en el municipio,

“Esto se debe de socializar y escuchar a todas las personas que tienen la necesidad de transportarse en motocicleta. Las leyes se tienen que socializar, no las debe definir el diputado, no las puede definir el presidente o una persona en especial; las leyes tienen que bajarse a las bases sociales y tienen que ver el impacto, el beneficio y que no afecte o que afecte lo menos posible a la gente, porque las leyes se hacen para el servicio de la población y también para estar todos dentro de un marco jurídico legal, y en lo que se refiere a esta modificación en específico, hay una afectación directa y no se pensó en eso”, expuso.

Destacó que al conocerse la aprobación, ya ha generado muchas reacciones de enojo y preocupación, ya que son miles de familias las que se verían impedidas de transportar a sus hijos, y les implicaría gastos adicionales al tener que trasladarse en taxis o colectivos, ya que en la capital no se cuenta con otro medio de transporte público para ir de un lugar a otro y con precios accesibles.

Y aunque parte de la iniciativa legislativa incluye un periodo de adaptación de hasta 150 días hábiles para que las legislaturas estatales ajusten sus propias normativas en concordancia con este decreto, mencionó que una vez que sea sometida a análisis en el Congreso de Quintana Roo, habrá mayor rechazo social en la entidad.

 

lau.beytia@diariocambio22.mx

JFCB

 

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