abril 23, 2024 16:19

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Renán Castro Madera, Director General

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CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de julio. El Observatorio Legislativo afirmó que sería inaceptable que la diputada electa Yohanet Torres Muñoz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuera designada por la XVII Legislatura para ser presidenta o incluso pertenecer a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso, debido a que sería incompatible con el Código de Ética del Poder Legislativo.

En una serie de propuestas que realizó la organización civil a la XVII Legislatura de Quintana Roo, consideró que considerando las excepciones que establece dicho Código de Ética, Yohanet Torres Muñoz no debe ni pertenecer a la comisión mencionada, porque ésta se encarga de revisar las cuentas públicas de las entidades gubernamentales, y tendría que estar excusando para no participar en la atención de lo relacionado con su gestión como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Carlos Joaquín.

Recordó que la XVII Legislatura estará en funcionamiento solo 2 años, por lo que sus procedimientos deben de ser muy eficientes en ese corto tiempo, partiendo del hecho que recibirán un gran  número de iniciativas para su revisión que dejara la XVI Legislatura, por lo que es necesario que la asignación de las comisiones sea de acuerdo a la experiencia de cada diputado.

Otra petición realizada por la asociación encabezada por Eduardo Galaviz Ibarra fue que el Congreso del Estado reduzca su presupuesto, especialmente lo definido para las ayudas sociales.

Consideraron que con un monto de 300 millones de pesos anuales puede funcionar el Congreso con suficiencia, pues apuntaron que el Congreso del Yucatán opera con un monto de alrededor de 150 millones de pesos al año.

“También es importante recordar que las y los diputados son representantes populares, de la comunidad que los eligió; a la vez que son un contrapeso dentro del sistema de poderes del Estado que deben dignificar.

Lo trascedente no es hacer un gran número de leyes, lo importante es hacer buenas leyes: calidad en lugar de cantidad de iniciativas”, agregaron.

En relación de sugerencias y observaciones que plantearon, se encuentran las de que:

1.- El tiempo de la legislatura es corto para armar una agenda como se ha acostumbrado siempre por las legislaturas. Anteriormente se lanzaba una convocatoria a los tres meses de instalada la legislatura para hacer mesas de trabajo en el norte, centro y sur del estado y generar una “agenda consensuada”, misma que nunca se sigue. Es momento de cambiar esas prácticas, ya que ahora no se tendrá el tiempo suficiente y se ahorrará dinero en ello.

2.- Respecto al gran número de iniciativas que quedarán pendientes de la XVI Legislatura (más de 400), proponen formar un grupo de trabajo en conjunto con las organizaciones ciudadanas para verificar cuáles pueden ser necesarias a estudiar y dictaminar, o en su defecto, dejar que se cumpla su periodo de caducidad.

3.- El funcionamiento de los procesos legislativos mediante los protocolos de Parlamento Abierto sin simulaciones, estableciendo acceso a toda la información en formatos abiertos y accesibles, considerando las opiniones y propuestas de las organizaciones civiles.

4.- El cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia, ya que se ha dejado de cumplir de manera permanente, oportuna y con datos abiertos.

5.- Llevar a cabo procesos de consulta previa a la propuesta de leyes o sus reformas para tener una opinión de los sectores involucrados en las mismas, así como continuar informando de los procesos en comisiones y hacerlos más participativos.

6.- Verificar que con las aprobaciones de los presupuestos de los Municipios y del Ejecutivo se generen políticas públicas de acuerdo a lo establecido en los procesos de Gobierno Abierto que dicta nuestra Constitución.

8.- La revisión amplia de las leyes de ordenamiento territorial y urbano, debido a las resoluciones de la SCJN que ha rechazado los PDUT.

9.- La revisión de la Ley de Movilidad para hacerla compatible con la Ley General y su organización funcional en el estado.

9.- La revisión del Código Penal para atender los delitos de mayor incidencia en el estado: despojo, extorsión, violencia familiar, violencia a jóvenes y niños, fraudes digitales, entre otros.

10.- La revisión permanente del manejo de la empresa VIP SAESA, para verificar el correcto uso de los aviones que tiene el estado como accionista de dicha empresa, tanto para verificar lo sucedido en la actual administración, como con la entrante.

11.- La modificación de la elección de Contralores Internos de las dependencias del Poder Ejecutivo para poder nombrarlos por el Congreso.

13.- La revisión y modificación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo para dar mayor participación ciudadana y reducción de recursos a partidos políticos en años no electorales; así como la reducción de los diputados de representación  proporcional y postulados por partidos, estableciendo reglas claras para los candidatos perdedores con mejor votación siguiendo un criterio de mayor representatividad.

12.- Incorporar nuevas formas de integración de Ayuntamientos con elección directa de Síndicos y Regidores.

El Observatorio Legislativo indicó que las difundidas son propuestas iniciales, por lo que es de esperarse que realicen otras más.

Como se recordará, la XVII Legislatura se instalará a principios de septiembre, y estará en funciones del 2022 al 2024.

 

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