Ratifican Amparo a Roberto Borge Contra Prisión Preventiva por el Delito de Aprovechamiento Ilícito del Poder

• Le gana una nueva partida a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, en este caso por presuntos delitos en agravio de la paraestatal de vuelos VIP Saesa

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 3 de abril.- El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún ratificó el retiro de la medida de prisión preventiva justificada ganada en 2022 por el exgobernador Roberto Borge Angulo contra el delito de aprovechamiento ilícito del poder al enajenar bienes públicos de Quintana Roo, juicio que le sigue el estado en el fuero común.

El exgobernador de Quintana Roo continúa en prisión en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Cuautla, Morelos, donde se mantiene privado de su libertad desde enero de 2018, debido a los procesos que enfrenta por delitos federales perseguidos por la Fiscalía General de la República, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Mientras tanto, Borge Angulo sigue ganando recursos de amparo contra los expedientes judiciales que le impulsó en el estado la Fiscalía Anticorrupción, y el pasado 31 de marzo se dio a conocer la sentencia de un recurso de revisión promovido en la que este órgano pretendía tumbar un amparo que Borge Angulo ganó en 2022, pero no lo logró.

El efecto principal de este amparo a favor del exgobernador fue la revisión de las medidas cautelares impuestas por un juez de control de Chetumal, que lo vinculó a proceso y le decretó prisión preventiva justificada por el delito de aprovechamiento ilícito del poder en perjuicio de la paraestatal Vip Saesa, a la cual presuntamente afectó con simulación de contratos por más de 319 millones de pesos, entre otras irregularidades encontradas dentro del servicio público.

En 2021 este juez de control determinó que la medida de prisión preventiva continuaba vigente; pero la Constitución establece un plazo máximo de 2 años de prisión preventiva justificada contra el imputado de cualquier delito.

Contra la prolongación del tiempo de la prisión preventiva se quejó Roberto Borge ante el juez Sexto de Distrito en Chetumal en 2022, quien le otorgó el amparo y le ordenó al juez de control de la capital quintanarroense revisar la medida cautelar, pero el juez de control celebró una nueva audiencia y declaró que la medida seguía vigente.

Ante esto, la defensa del exgobernador apeló ante la Sala Especializada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el cual finalmente le dio la razón y ordenó anular la prisión preventiva y notificar sobre esto al director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Cuautla, Morelos, donde se encuentra preso, según el expediente consultado.

Lo anterior para los efectos correspondientes, pues el exgobernador enfrenta delitos federales, entre ellos lavado de dinero y delincuencia organizada, que lo mantienen preso.

Y de acuerdo con el expediente 284/2022 de amparo en revisión resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, los magistrados ratificaron el retiro de la medida cautelar en 2022 por la Sala Especializada en Materia Penal, por lo que se dejó sin efectos los reclamos de la Fiscalía Anticorrupción, a la que rechazaron los argumentos que presentó, y en consecuencia, se dio por concluido de manera firme este expediente.

Borge Angulo todavía mantiene una apelación en segunda instancia ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, con residencia en Xochitepec, Morelos, en el expediente con número 269/2024, por el que busca anular la negativa de relajación de medidas cautelares de prisión preventiva a prisión domiciliaria relativa a los delitos de peculado y lavado de dinero.

La defensa de Borge busca anular negativas en revisión de medida cautelares del Juzgado de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) y del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl

Este juicio de manera particular apenas inicia, según el último acuerdo judicial emitido el pasado 26 de marzo, y podría llevar algunos años más su resolución.

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