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Ricardo Ravelo/CAMBIO 22 

Parte Uno

En Quintana Roo no sólo los mafiosos rumanos se afincaron en ese trozo del paradisiaco del Caribe.

Otros grupos criminales internacionales también operan con absoluta impunidad.

El Caribe mexicano se ha convertido en asiento de mafias internacionales dedicadas al tráfico de drogas, trata de personas y fraudes con tarjetas bancarias, como recientemente descubrió la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera al iniciar una investigación en contra de la llamada mafia rumana, encabezada en Cancún por el empresario Florián Tudor, quien construyó una empresa criminal con la complicidad de gobernadores, empresarios y altos mandos policiacos.

El empresario de origen rumano amasó una fortuna descomunal: durante un cateo efectuado en su casa en mayo de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) le aseguró joyas de alto valor, relojes, equipo electrónico y dos millones de dólares en efectivo que estaban guardados en una caja fuerte.

Tudor fue considerado el zar del fraude electrónico, pues a través de los cajeros que él vendía a instituciones financieras se robaba la información de los clientes a quienes después despojaba de su dinero.

En este entramado hay políticos y empresarios que ya están siendo investigados por la FGR y que siguen impunes. Pero los rumanos no son los únicos que operan en Quintana Roo: desde el año 2000 se detectó que también hay evidencias de los pasos de la mafia rusa y de grupos mafiosos de Israel que, ligados a los cárteles mexicanos, trafican con armas, drogas y lavan dinero en el negocio del turismo. Todo, al amparo del poder político.

El pasado 25 de septiembre tomó posesión como gobernadora Mara Lezama, investigada por lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Se afirma que con ella al frente del poder, el crimen estará a salvo. Existen amplias complicidades que se mantendrán intocadas.

Carlos Joaquín González dejó el poder el pasado 25 de septiembre. Tomó el poder Mara Lezama que, de ser investigada por lavado de dinero pasó a ser, con la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador –su amigo –la candidata de MORENA y ganó la gubernatura.

Santiago Nieto abandonó la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) guardó el expediente y terminó ungida candidata del partido oficial.

Mara Lezama heredó un estado caótico. Carlos Joaquín González, con larga historia familiar como cacique del estado, heredó a Lezama Espinosa un estado plagado de crimen organizado. Capos internacionales se han afincado en la entidad y operan con toda impunidad. No existe ningún dique de contención para frenarlos. El estado está en manos de ellos y el gobierno los tolera. Así es Quintana Roo: un paraíso criminal.

La historia:

Desde hace más de una década, grupos delictivos internacionales se han afincado en el Caribe mexicano, particularmente en los centros turísticos de Cancún y Playa del Carmen –entre otros –en el estado de Quintana Roo, y han extendido sus tentáculos en todo el estado con la protección de gobernadores, empresarios, líderes partidistas y jefes policiacos ahora bajo la lupa de la justicia nacional e internacional.

El escándalo de las operaciones de los grupos mafiosos salió a flote luego de que la agencia antidrogas norteamericana –La DEA –inició una investigación que puso al descubierto las operaciones de personajes de la mafia de Rumania en el Caribe; la indagación establece que, al menos desde hace una década, estos grupos se han afincado en Quintana Roo y han adquirido propiedades –terrenos, casas, empresas –para lavar el dinero que obtienen de sus actividades ilícitas.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que aparece señalado Florián Tudor, un empresario de origen rumano, como la cabeza visible de una amplia red de personajes relacionados con la clonación de tarjetas, fraudes y actividades de lavado de dinero que realizan con la presunta protección de empresarios y políticos.

Estas actividades –dice la información de la DEA y de la UIF – llevan realizándose al menos una década en Quintana Roo con la complacencia del poder político en turno, ya que a lo largo de esos años aparecen implicados los exgobernadores Félix González Canto, Roberto Borge Angulo, quienes son señalados de haber brindado protección a la mafia rumana –y otras organizaciones –en esa entidad.

Tan pronto la UIF concluyó sus indagaciones y las presentó ante la FGR se filtró una lista de los presuntos implicados en la red mafiosa rumana.

Por ejemplo, el 9 de febrero último el Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destituyó a José de la Peña Ruiz Chávez –su dirigente estatal –ya que su nombre apareció en la lista de funcionarios a quienes se les embargaron las cuentas bancarias mediante el oficio 110/F/B/978/2021.

Es decir, a Peña Ruiz Chávez se le relacionó con la banda de Florián Tudor. En un lacónico comunicado, el PVEM informó que la dirigencia estatal ahora es encabezada por Pablo Bustamante Beltrán, quien se desempeña como regidor en el municipio de Solidaridad.

En el documento elaborado por la UIF –y que ya forma parte de una carpeta de investigación integrada por la FGR – también aparece ligado el empresario Ricardo Vega Serrador, propietario de múltiples empresas distribuidoras de combustibles e inmobiliarias.

Su auge ha sido tan fulgurante que en Quintana Roo le dicen “El Zar de las gasolineras”, pues posee una red de distribución de gasolinas a través de las empresas “La Gas”; además, es dueño de las tiendas “Go-Mart” y figura como socio, con otras gasolineras, de los consorcios Full Gas y Gulf. De acuerdo con información de la FGR, desde el 2014 se le investiga por presuntas actividades de lavado de dinero.

En la red de Florián Tudor también figuran, además, el notario Nain Díaz Medina; José Alberto Gómez Álvarez –éste último es empresario de la comunicación y promotor del box –, así como el exsecretario de Seguridad Pública de la ciudad de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza, así como su padre, José Luis Yong Cruz.

Por sus presuntos vínculos con Tudor, la UIF y la FGR también le siguen los pasos a Francisco Garibay Osorio, quien fungió como titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal en el gobierno de Félix González Canto, ligado con este entramado criminal. El hijo de Garibay –Eliud Garibay Pulido –también figura en la red del empresario rumano acusado de fraudes.

En el andamiaje dedicado al fraude construido por Tudor la FGR y la UIF disponen de información suficiente para relacionar a Leticia Rodríguez Lara, conocida en el mundo del hampa como “Doña Lety”, cabeza del llamado Cártel de Cancún” dedicado a la distribución de drogas con apoyo oficial. La señora Rodríguez fue detenida en agosto de 2017.

Estaba recluida en un penal en el estado de Puebla, hace algunos días recobró su libertad y presumen que ya ha vuelto a operar en Quintana Roo.

No es todo: en el centro de la red mafiosa encabezada por Florián Tudor también está mencionado José Antonio de Anda Turati –un experto en temas fiscales –que está ligado con el fraude de la empresa Oceanografía que, al igual que Odebrech, golpeó la estructura financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además de la lista de empresarios y políticos, la FGR le sigue los pasos a los dueños de varios bares y centros nocturnos que operan en Quintana Roo, particularmente en Cancún y Ciudad del Carmen, pues se les ha señalado como centros de distribución de drogas y lavado de dinero. Estos son los casos de los bares “Tobao”, “Tantra”, “Rosa Negra”, “Funky Geischa” y “Chambao Son”.

En la lista de la UIF –en manos de la FGR –figuran otros nombres: Héctor Ortiz Solares, a quien llaman “El H1” y/o “El Bandido Boss”. Las autoridades federales lo señalan como jefe de la banda “Bandidos Revolution Team”, un grupo criminal que está afincado en el estado de Guanajuato y que es experto en ciberataques a los software que enlaza a los bancos con el denominado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Mediante el uso de hackers, operadores del fraude, este grupo criminal obtuvo ganancias multimillonarias, de acuerdo con las pesquisas federales.

Otros nombres bajo investigación de la FGR son Jonathan López Salazar, identificado por las autoridades como representante de Movimiento Nacional por la Esperanza, una organización que supuestamente opera René Bejarano, exsecretario particular de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, quien estuvo implicado en los sobornos que entregó el empresario de origen argentino Carlos Ahumada.

Tras estallar el escándalo de la mafia rumana, Santiago Nieto, titular de la UIF, negó que Bejarano forme parte de la lista de cómplices de los presuntos delincuentes rumanos, aunque Bejarano admitió que sí había tenido tratos con algunos de ellos.

En el entramado rumano también figura Eddy Pérez Escobar. Es identificado por la UIF como abogado de los empresarios rumanos ligados al fraude con tarjetas; de igual forma defienden los intereses de varios consorcios, entre otros, Corporativo de Asistencia de Salud Gama –ubicada en la ciudad de México –, la cual es proveedora del gobierno que encabeza Claudia Cheinbaum.

Aunque no forma parte de la lista criminal, el nombre de Alberto Capella Ibarra –exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, destituido por ordenar una represión a unos manifestantes consistente en frenar a tiros una marcha de mujeres contra la violencia de género –fue acusado por Florián Tudor y otros empresarios de encabezar una red de extorsión en perjuicio suyo y de otros de sus socios.

Tudor, como se sabe, fue detenido por el FBR y las autoridades mexicanas por encabezar una organización dedicada al fraude. En febrero de 2020, junto con sus socios Adrián Nicolae y Chakib Naif I. Boustany, Tudor firmó un desplegado periodístico. Está fechado el 10 de febrero del mencionado año.

En el comunicado acusaron a Capella de encabezar una estrategia de extorsión y persecución en contra de empresarios y hombres de negocios del estado.

Desde esa fecha, Tudor ya estaba en la mira de las autoridades estadunidenses y mexicanas, pues se le vinculó con una empresa criminal, encabezada por él, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito mediante una red de cajeros automáticos de su propiedad conocida como “Intercash”.

La organización –según la FGR –está compuesto por empresarios de origen rumano que lo mismo operan en Quintana Roo que en Europa, Asia y Estados Unidos.

El modus operandis es el siguiente: Al momento que una persona introduce su tarjeta de débito o crédito, el sistema clona (copia) los datos, después la información robada es usada para disponer del dinero de las cuentas de los turistas. Una de las estrategias de Tudor –y de la mafia rumana de la que él forma parte –es la de colocar sus cajeros en zonas turísticas.

En el estado de Quintana Roo los cajeros que vende Tudor a bancos e instituciones financieras están colocados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Tulum. En Europa, Asia y Estados Unidos la mafia rumana sigue la misma estrategia para cometer sus fraudes.

La persecución de Florián Tudor no es reciente: se le persigue desde hace varios años, pero siempre ha contado con la protección de la justicia. Por ejemplo, en el año 2020, cuando ya era buscado por las autoridades, interpuso dos juicios de amparo mediante los cuales prendió frenar las acciones legales en su contra.

El primero fue aceptado por el juez segundo de distrito –expediente 10/2020 –el ocho de enero de ese año y surtió efecto contra actos privativos de libertad que pudiera reclamar la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la que obtuvo la suspensión durante una audiencia constitucional.

Otro caso en su contra –expediente –1624/2019 –se sigue en el Juzgado Tercero de Distrito. Tudor solicitó en diciembre del 2020 la protección de la justicia contra la deportación. El recurso fue concedido tras pagar 35 mil pesos.

El objetivo de Florián Tudor siempre ha sido obtener un amparo definitivo que lo blinde ante cualquier acto legal en su contra y así mantener su estancia en Quintana Roo. Para ello, amplió su demanda contra actos que pudieran reclamar dos nuevas autoridades; presentó alegatos e hizo objeciones de los informes previos que enviaron las autoridades que lo acusan de cometer actos ilícitos.

En mayo de 2020, algunas propiedades de Florián Tudor fueron cateadas por la FGR, pero las acciones se frenaron porque supuestamente los agentes incurrieron en abusos de autoridad al momento de ejecutar los cateos.

Entre las irregularidades que se le atribuyeron a los policías está la sustracción de diversos objetos de valor –joyas, aparatos y dinero –del domicilio de Tudor en Cancún, Quintana Roo, pese a que la orden de cateo sólo contemplaba el aseguramiento de armas de fuego. Los agentes, incluso, detuvieron al empresario rumano, pero un día después un juez lo liberó tras considerar que la detención no cumplió con los controles adecuados.

El cateo en la residencia de Tudor se realizó el 11 de mayo de 2020, en una casa ubicada en la calle Óvalo 59, manzana 9, en la ciudad de Cancún; la intervención se realizó en cumplimiento de una orden de cateo concedida por una jueza federal de control, solicitada a través del oficio CUN-IV-852/2019 por el fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra.

La necesidad de efectuar el cateo se sustentó en el hecho de que Tudor era investigado por una presunta portación de arma de fuego, por la cual se había integrado una carpeta de investigación –FED/QR//CUN/0000151/2019. Para entonces, las autoridades federales ya disponían de información respecto de que Tudor estaba implicado en varias actividades ilícitas.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia que Tudor presentó ante la FGR, los agentes que ingresaron a su domicilio, entre ellos cuatro agentes federales y un fiscal –no sólo buscaron armas, sino que saquearon la casa.

Según la denuncia de Tudor, con amenazas fue obligado a abrir una de las cajas fuertes de la casa en donde fueron sustraídos relojes, pulseras de lujo, joyas, dinero en efectivo, documentos y unos dos millones de dólares en efectivo. También se llevaron equipos electrónicos de diversas características.

El empresario de origen rumano también señaló en su denuncia ante la FGR que los agentes amenazaron a su familia y a su hijo menor de edad y que le fue sembrada un arma de fuego. Durante estas acciones, Florián Tudor figuró como víctima. Pero las autoridades estadunidenses y mexicanas ya disponían de información de las amplias redes que había tejido para construir su emporio criminal.

Quintana Roo: La Amplia Red Mafiosa

En Quintana Roo no sólo los mafiosos rumanos se afincaron en ese trozo paradisiaco del Caribe. Otros grupos criminales internacionales también operan con absoluta impunidad.

En el caso de la mafia israelíes, los informes mencionan a personajes como Azulay Alán y Ben Sutchi, quienes también están asentados en el Caribe mexicano. Ellos fundaron la empresa Bucay Soluciones Empresariales.

Tienen oficinas centrales en la ciudad de México y Oaxaca. Su giro ficticio era la distribución de materiales de papelería y servicios de asesoría legal y administrativa.

Según las investigaciones de inteligencia, la faceta empresarial de los ciudadanos israelíes era solamente una fachada, la cual tapaba el negocio principal: el lavado de dinero. La FGR investiga a esta empresa porque también se involucró en la venta de drogas y armas e invertía sus ganancias en varios giros mercantiles.

Los nexos de los iraelíes con cárteles y empresas mexicanas para lavar dinero fueron detectados por el gobierno federal hace 21 años. Tan sólo entre el año 2000 y el 2010 se detectaron registros y operaciones entre israelíes y el cártel de Los Beltrán Leyva: este grupo criminal era abastecido con armas de alto poder y blanqueaba sus ganancias ilegales en bares, restaurantes y en la industria de la construcción, ésta última, una de las más socorridas por la mafia.

Los israelíes enfrentaron problemas en el año 2009. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, dejaron de operar, pero en el 2013 retomaron sus actividades y se conectaron con otros cárteles. Y sus principales actividades giraban en torno al tráfico de armas, venta de protección, tráfico de mujeres de Europa (principalmente rusas), fraude con tarjetas bancarias y tráfico de drogas.

De acuerdo con informes de la Interpol, que viene siguiendo los pasos de diversos grupos criminales internacionales, la mafia rusa opera en América Latina a través de células y, según las descripciones oficiales, “manejan sobre todo un bajo perfil” para evitar la detección de sus actividades ilícitas.

 

 

Continuará…

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