Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22
Conforme pasa la administración de Andrés Manuel López Obrador y avanzan sus obras insignia, como el Tren Maya, se van acumulando una serie de irregularidades jurídicas, daños al medio ambiente, afectación de derechos privados y un gasto excesivo y con sobreprecios, situación que hasta el momento no ha podido explicar el gobierno federal y al no tener argumentos sociales y económicos para sostener sus decisiones de hacer las obras a pesar de la inconformidad social, decidió utilizar el argumento de la Seguridad Nacional para justificar la militarización de los cinco estados por lo que atravesará este medio de transporte, pero que nada tiene que ver con el objetivo meramente político del presidente de la república.
De acuerdo a las evidencias que ha puesto sobre la mesa el propio gobierno federal, a la 4T le urge aniquilar instituciones como el INAI para esconder bajo la alfombra los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Administración Pública, con la finalidad de que todas estas irregularidades presupuestarias y de toma de decisiones técnicas realizadas por personas que no tienen la capacidad para ello, se queden en el olvido y que no haya institución capaz de investigarlas en el futuro cercano.
Otro asunto que debe preocuparnos a los mexicanos es el hecho que el gobierno de la 4T, a través de sus representantes en el Poder Legislativo, hicieron reformas a las leyes para que el Ejército Mexicano sea quien administre por tiempo indefinido la empresa que operará el Tren Maya, pero además, las utilidades que se obtengan serán para financiar el fondo de retiro de los militares, pero la pregunta es, en donde quedó el dinero de ese fondo de retiro que a todos los elementos del Ejército Mexicano les han descontado de su salario en tiempo y forma.
Alguien con mucho poder en el país le metió la mano a ese fondo de retiro y ahora le corresponderá al pueblo de México financiarlo con sus impuestos, porque el Tren Maya se está construyendo con dinero de la Hacienda Pública, pero, además, esas ganancias vendrán, según el mismo gobierno hasta dentro de seis años, mientras tanto, la operación del Tren Maya seguirá siendo financiada con el dinero del pueblo.
El 16 de marzo de 2021, el periódico El Financiero publicó una entrevista realizada a Rogelio Jiménez Pons, en ese entonces director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la construcción del Tren Maya.
“Todos los recursos obtenidos a través del Tren Maya, proyecto prioritario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, serán para el Ejército y los cerca de mil 500 kilómetros de ferrocarril pasarán a ser patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”, publicó El Financiero.
El servidor público, detalló que la totalidad del Tren Maya, y no solo los tramos 1, 6 y 7 como inicialmente se planteó, serán propiedad de los militares, los cuales obtendrán ganancias por el transporte de pasajeros y carga para alimentar los fondos de pensiones que hasta ahora dependían de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Si bien es cierto que el fondo de pensiones de los militares lo administraba la Secretaría y Hacienda y Crédito Público, el dinero provenía de los descuentos que se le hacen a cada empleado de la Secretaría de la Defensa Nacional, ese dinero no se pudo desaparecer de la noche a la mañana, al menos que algún alto mando de las fuerzas armadas haya decidido emplearlo para otro fin.
A los daños medioambientales por los cinco estados por donde pasa el Tren Maya, se suma el “rescate” con premura de vestigios arqueológicos a lo largo de la ruta, porque los expertos saben que los levantamientos “arqueológicos” no se hacen de la noche a la mañana, requieren tiempo suficiente para ir analizando cada centímetro del lugar del hallazgo, pero a los directivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no le quedó otra que obedecer y ordenar a sus subalternos trabajar a marchas forzadas sin importarles la calidad de los trabajos.
Los daños a los cenotes, a las cuevas, a las aguas subterráneas, así como a la vegetación, poco le importan al presidente de la República, quien tiene un gran poder en su conferencia de prensa mañanera para demostrar a todo aquel que se atreve a inconformarse con sus acciones, contra quien utiliza todo el poder del Estado para acusarlo de falso y de “conservador”.
Corresponde a la sociedad mexicana defender instituciones como el INAI que se fueron construyendo en este país con la participación abierta de grupos sociales, los cuales también recibieron agresiones de la clase política en turno, porque ni a los panistas ni a los priistas les hacía gracia que la ciudadanía se metiera a hurgan en los archivos públicos para cuestionar sus decisiones.
Instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (INAI), así como el activismo e investigaciones de organizaciones civiles y periodistas lograron que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se difundiera información sobre las cadenas de corrupción que caracteriza al gobierno mexicano, de lo cual la ciudadanía ya estaba harta y por ello, al no haber otra opción votaron porque a la Presidencia de la República llega Andrés Manuel López Obrador, quien fue el gran beneficiario de los organismos autónomos de este país, pero ahora que ya está en el poder ha decidido acabar con ellos para que su proyecto político caracterizado por la opacidad continúe en el poder.
Considero necesario dejar registro de varios acontecimientos que se han desarrollado en torno a la construcción del Tren Maya para tener en el futuro una guía por donde investigar cuales acciones de gobierno fueron tomadas con base en la ley y cuales solo con las facultades todopoderosas del titular del Poder Ejecutivo en turno.
Siguen las expropiaciones en beneficio del proyecto político y económico del Tren Maya. Este 12 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto Presidencial por el que se expropia “por causa de utilidad pública, la superficie de 8 mil 118.90 metros cuadrados a favor de la Federación para la construcción del Tramo 6 del Proyecto Tren Maya”, que comprende dos inmuebles de propiedad privada, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.
El decreto precisa que la expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos. Con la publicación de la orden presidencial, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación”.
Fonatur, Fonatur Tren Maya, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten el legítimo derecho de los inmuebles, conforme a los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”.
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