abril 17, 2024 04:46

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Renán Castro Madera, Director General

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► El Poder Judicial de la Federación declaró inconstitucional la sanción de inhabilitación vitalicia a los servidores públicos que reincidan en el delito de hostigamiento sexual

► Indican que es desproporcional que esta sanción no tenga una temporalidad limitada

► Hoy se publicó la sentencia en el Diario Oficial de la Federación

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 21 de febrero.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia que invalidó por inconstitucional la reforma realizada por la XVI Legislatura de Quintana Roo para que se castigara con la inhabilitación vitalicia para ocupar cargos en el gobierno a los servidores públicos que fueran reincidentes del delito de hostigamiento sexual.

Esta resolución de nuevo exhibió un caso más de populismo legislativo realizado por el Congreso del Estado, puesto que la pena que establecía es excesiva y desproporcional, por lo cual fue impugnada mediante acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la corte le dio la razón.

La reforma parcialmente invalidada por inconstitucionalidad fue emitida por la XVI Legislatura del estado el 6 de abril del 2021, a partir de una propuesta de la entonces diputada del PAN Atenea Gómez Ricalde, en su calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, y aprobada por la mayoría conformada por diputados de la alianza de la 4t junto con los del PAN, el PRD, el PRI y MC.

El decreto fue publicado el mismo día en el Periódico Oficial del Estado para ponerla en vigor de inmediato, y la CNDH lo impugnó ante la SCJN un mes después, el 7 de mayo del 2021.

La parte impugnada fue el final del último párrafo del artículo 130 Ter del Código Penal del Estado, donde se indica sobre la inhabilitación definitiva para los servidores públicos reincidentes del delito de hostigamiento sexual.

Dice el párrafo: “Si el sujeto activo fuese servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio, y además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por el tiempo de la pena impuesta. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.”

En este sentido, la SCJN dio la razón a la CNDH en el sentido de que esa sanción de inhabilitación definitiva para ocupar cargos en la administración pública viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

Lo anterior se debe a que la inhabilitación definitiva en caso de reincidencia en esta norma se impone de manera automática, sin prever un máximo y un mínimo, lo cual abona a la conclusión de que la pena es excesiva.

Los ministros advirtieron de que la imposición de toda pena debe encontrarse debidamente justificada en cada caso concreto, conforme a todos los elementos normativos que permitan determinar la gravedad del hecho y la culpabilidad del delito, en cumplimiento al mandato constitucional de que toda pena debe ser proporcional al bien jurídico afectado, lo que en este caso no se cumple.

Asimismo, consideró que, si bien dicha sanción atiende a razones de política criminal, al ser una pena fija e inflexible no garantiza la individualización de acuerdo con las particularidades del caso, y al ser una pena vitalicia, resulta excesiva y desproporcional.

La invalidación de esta sanción fue aprobada por unanimidad de los 11 ministros de la corte, y además de dejarla sin efecto, se aplicará de manera retroactiva al 6 de abril del 2021, fecha de su promulgación.

Cabe mencionar que al menos 5 servidores públicos, incluyendo jefes de Departamento, fueron denunciados formalmente por acosos sexual y laboral en el Congreso del Estado, por lo que inclusive 2 fueron separados de sus cargos de manera preventiva, pero hasta la fecha no concluyen las investigaciones.

Asimismo, según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2023 existen 31 denuncias por hostigamiento sexual en los que se acusa a servidores públicos de los 3 niveles de gobierno en la entidad.

 

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