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Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO22

En febrero de 2026, las Madres Buscadoras de Quintana Roo intensificaron sus protestas contra la inacción gubernamental, exigiendo justicia, acceso a  expedientes y la reactivación de búsquedas de campo. A pesar del cambio de liderazgo en la Comisión de Búsqueda, con la designación de Haydé Saldaña Martínez —propuesta por 11 asociaciones civiles—, las organizaciones denuncian que las promesas de diálogo no se han traducido en acciones concretas.

Demandas incumplidas ante la crisis de desapariciones

Las madres denuncian un estado de indefensión institucional. Desde diciembre de 2025, las jornadas de búsqueda cada quince días han sido suspendidas, bloqueadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), que centralizó los trámites sin emitir los oficios necesarios para que la Secretaría de Marina acompañe las labores de campo.

Entre sus principales demandas no atendidas figuran:

Acceso a expedientes de investigación, negado por la FGE.

Asesoría legal y psicológica gratuita, prometida por la gobernadora Mara Lezama y aún no implementada.

Reactivación inmediata de las búsquedas en zonas selváticas y cuevas, donde las familias operan por su cuenta sin apoyo logístico ni seguridad.

Fin a los actos de revictimización, como los intentos de cobro para iniciar carpetas de investigación denunciados en etapas iniciales.

De la negligencia a la indignación

 

El caso de Francisca Mariner Flores Patrón sigue siendo el más emblemático. Su cuerpo estuvo 4 años y 11 meses en el Semefo de Cancún como “desconocido”, pese a que su madre, María Patrón Pat, la buscó incansablemente. Solo fue identificado tras exigir que se comparara el ADN con el de su nieta, revelando una negligencia estructural de exfuncionarios como Rosa María Hernández y Luis Fernando Ávila, quienes enfrentan procesos por omisión.

Otro caso no resuelto es el de William Hernández Zapata, desaparecido desde diciembre de 2017. Su cuerpo también fue hallado años después en el Semefo, tras presión del colectivo. Aunque ya fue identificado, su caso simboliza la lentitud y opacidad de las instituciones. Familiares como “Doña Carmita” han mantenido plantones indefinidos, incluso trasladados desde el aeropuerto de Cancún hasta la FGE, exigiendo justicia.

Un estado en crisis: más de 4,000 desaparecidos

Según el colectivo, Cancún acumula más de 4,000 personas desaparecidas, con un alza crítica en 2026: 1,500 desapariciones en menos de seis meses, de las cuales 600 son mujeres, lo que evidencia un posible vínculo con redes de trata de personas.

Organizaciones como Ni Una Menos Cancún y Marea Verde Quintana Roo han denunciado que el gobierno maquilla cifras y reprime protestas, como ocurrió en Chetumal, donde hubo 10 mujeres lesionadas durante un desalojo policial.
Durante los últimas días de febrero se realizaron protestas para exigir justicia por la negligencia de funcionarios públicos en el caso de Francisca Mariner.

El 16 de febrero, integran del colectivo se manifestaron frente a los juzgados federales en Cancún, exigiendo que no se concedan amparos a funcionarios acusados de omisión, como Rosa María Hernández, ex titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición, quien solicitó un amparo pero fue negado.

Marybel Mondragón y Luis Fernando Ávila, también acusados de negligencia, están a la espera de que se les otorgue el recurso.

Las madres denunciaron que los funcionarios no promovieron diligencias de búsqueda en el momento de la desaparición, ni identificaron el cuerpo de Francisca, que estuvo meses en el Semefo como “desconocido”.

Además, el 25 de febrero, María Patrón Pat, fundadora del colectivo, destacó que el rezago en los Semefos de Quintana Roo se redujo en un 97%, pasando de 860 cuerpos sin identificar a solo 30, lo que evidencia que el problema era de voluntad política más que de capacidad técnica.

Mientras esto pasa en Quintana Roo, Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora de 38 años y miembro del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán, Sinaloa, fue asesinada el viernes 27 de febrero de 2026 en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Jabalíes, sobre la avenida Santa Rosa. Su cuerpo fue encontrado con múltiples lesiones presuntamente causadas por un arma punzocortante.

El crimen ocurrió durante la visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum al sur de Sinaloa, lo que ha generado amplia condena y exigencias de justicia.

Diversas organizaciones como Amnistía Internacional y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana han calificado el asesinato como un mensaje de intimidación y un reflejo del riesgo estructural que enfrentan las personas buscadoras en México.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó que se realizan investigaciones, con enfoque en la labor de Gómez Tagle como activista. El caso ha provocado la suspensión de actividades de búsqueda programadas por colectivos, y se ha exigido la implementación inmediata de medidas de protección para sus familiares y compañeras. Su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, desapareció en mayo de 2025, lo que motivó su activismo.

 

 

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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