Denunciaron que Fonatur y Tren Maya se han negado a especificar la suma exacta de las decenas de hectáreas y el monto definitivo de la compra que el gobierno federal ha llamado “expropiación” que asciende a varios millones de pesos.
“La encargada de la oficina, Soraya Noverola, vino hoy a tratarnos con prepotencia y altanería, amenazándonos con echarnos a la Guardia Nacional, pero como en ese momento habíamos varias mujeres, no le permitimos que nos maltrate”, se quejó Etibeth Perales Escalante, una de las afectadas.
Nos tratan peor que a perros. Llevan dos años y medio de cuentos, no han pagado. Han hecho tres avalúos a su antojo, y no nos definen cuántas hectáreas son las que nos quitaron, ni cuánto nos van a pagar, pero sí es una deuda millonaria.
Enrique y Etibeth Perales Escalante, Gustavo Rodríguez Valle, José Luis Bolaños Castillo, Gerardo Rodríguez Valle, Francisco MacGrégor y Yamile Viana Carvajal, representante legal de la familia Aguilar Camejo dijeron que ya se acercó a dialogar un representante de la Dirección de Gobernación de la Secretaría de Gobierno estatal, Daniel Vargas, ofreciendo buscar opciones de solución.
Las tierras expropiadas forman parte de uno de los tramos, el de 18 kilómetros de construcción del Tren Maya en Campeche, cuya inversión oficial fue de 300 millones de pesos.
Los afectados dijeron que han entregado oficios incluso en la Presidencia de la República, y otras dependencias federales.
Se tiran la bolita entre Fonatur y Tren Maya. Antes, cuando menos nos torean, pero ahora ni el teléfono contestan. Gustavo Rodríguez, afectado.
Entrar en un litigio, reconocieron, podría llevarles hasta diez años de pleito jurídico, por eso insisten en encontrar una solución a la deuda.
“No podemos decir que vamos a hacer descuentos ni nada, porque ni siquiera nos han definido el monto final, nos tienen a ciegas”, agregó.
