Redacción/CAMBIO 22

Lejos de reducir el precio en los alimentos, está latente un riesgo de incremento, debido a que no hay claridad sobre el manejo que tendrá el país sobre los plaguicidas, en donde una prohibición, significa una baja en la producción, estimó Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos,

Lejos de reducir el precio en los alimentos, está latente un riesgo de incremento, debido a que no hay claridad sobre el manejo que tendrá el país sobre los plaguicidas, en donde una prohibición, significa una baja en la producción, estimó Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, (UMFFAAC) en el marco del webinar “Prohibición de Plaguicidas: contexto legislativo e impactos”.

Impedir la importación de plaguicidas podrían traer consecuencias económicas; cultivos como el aguacate ya no podrían utilizar el 67%, de las sustancias necesarias para protegerlo de las plagas, el limón perdería el 48%, la caña, 48%, naranja, 47%, maíz, 43%, la papa 42% el jitomate y pimiento 37%, y la zarzamora, 32 por ciento.

En cuanto al impacto en los costos de producción que tendría la prohibición, González Cepeda destacó el caso del maíz de temporal en Jalisco y Chiapas. En el primero, el costo por hectárea aumentaría de 7,500 pesos a 12,00 pesos, mientras que, en Chiapas, el costo pasaría de 1,700 pesos a 2,650 pesos, “lo que incrementaría el precio de la tortilla, nos obligaría a importar más maíz e, inclusive, podría llevar a los productores a abandonar el campo al dejar de ser una actividad rentable”.

El titular de la UMFFAAC explicó que “el campo mexicano está sometido a un proceso de incertidumbre derivado de diferentes decisiones políticas, como la prohibición de importar maíz amarillo de Estados Unidos y del que México importó 17 millones de toneladas el año pasado, o los intentos por reformar diferentes leyes, como la Ley General de Salud, que busca prohibir a los plaguicidas de alto impacto, sin tomar en cuenta las graves consecuencias económicas y sociales que tendría su prohibición”.

La pérdida de los ingredientes activos de los plaguicidas causaría que los cultivos no se protejan de manera eficaz contra las plagas, y el resultado sería una disminución en la producción agrícola, se encarecerían los costos de producción por la búsqueda de alternativas que sustituyeran los plaguicidas e incluso, dijo se podrían importar más alimentos y aumentaría el precio de los mismos, “justo cuando el gobierno busca controlar la inflación de la canasta básica, lo que a su vez afectaría a los sectores más pobres de la población.”

“La regulación de los plaguicidas no debe basarse en un enfoque prohibitivo, para que se adopte uno de carácter integral, que tome en cuenta tipos de cultivos, regiones, y que considere lo que se conoce como los Límites Máximos de Presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos (LMRs), como está regulado a nivel internacional, de acuerdo al Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR), una responsabilidad que en conjunto tienen la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO y la Organización Mundial de la Salud”

 

Fuente El Economista
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