• Profepa Clausura Siete Predios por Desmontes Ilegales 

 

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 30 de junio. – Entre el 28 de mayo y el 14 de junio, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron operativos intensivos en predios forestales de la península de Yucatán, lo que resultó en la clausura de siete predios por remoción ilegal de vegetación y cambio de uso de suelo en terrenos forestales. La superficie devastada supera las 2,608 hectáreas de selva, transformadas sin autorización en monocultivos agroindustriales. Estas acciones ilegales fueron identificadas en zonas donde se expande la presencia del grupo poblacional menonita.

En el estado de Quintana Roo, los municipios de José María Morelos y Othón P. Blanco concentraron parte de la intervención federal. En el ejido de Piedras Negras, en José María Morelos, se detectaron 10.68 hectáreas deforestadas, donde se removieron más de mil metros cúbicos de vegetación nativa, incluyendo especies protegidas como la palma chit (Thrinax radiata), zamia (Zamia polymorpha) y caoba (Swietenia macrophylla). Mientras tanto, en el ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, se documentaron 437.5 hectáreas deforestadas, también sin la debida autorización de la Semarnat.

En Campeche, las intervenciones se centraron en Hopelchén y Calakmul. Solo en Hopelchén se detectaron nueve áreas afectadas con más de 527 hectáreas desmontadas. Las actividades ilegales incluyeron el establecimiento de cultivos agrícolas y la remoción de selva mediante maquinaria pesada. Las autoridades procedieron a la clausura total temporal de los predios y al aseguramiento de maquinaria, que incluyó tractores, una cosechadora y remolques.

Yucatán no quedó fuera del daño ambiental. En el municipio de Tekax, los operativos revelaron que en el paraje San Diego Buenavista fueron arrasadas 350 hectáreas de selva. En el sitio se observó la eliminación por fuego de arbolado adulto y renuevo, la apertura de caminos con sascab y un sistema de riego por aspersión, todo ello sin contar con los permisos requeridos por la ley.

En total, se aseguraron 108.5 m³ de madera y maquinaria agrícola diversa, tres torres agrícolas, una rastra con 36 discos, una cosechadora y tres tractores. Estas acciones responden a la urgencia de frenar el avance de los monocultivos que desplazan ecosistemas vitales para la biodiversidad y el equilibrio climático regional.

Los operativos, realizados con el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatales, representan una respuesta contundente del gobierno federal ante la alarmante expansión de la frontera agrícola en detrimento de los ecosistemas forestales. No obstante, organizaciones ambientalistas advierten que los procesos legales deberán ser firmes para evitar que la impunidad se instale en este tipo de delitos ecológicos.

Las afectaciones se distribuyen de la siguiente manera: 702 hectáreas en Campeche, 606.4 en Yucatán y 1,300.5 en Quintana Roo, lo que evidencia que este último estado concentra más del 50% del daño total reportado en este operativo. La Profepa reiteró que mantendrá acciones operativas permanentes para detener y revertir las afectaciones ambientales en las selvas de la península de Yucatán.

Finalmente, más allá de la clausura de predios, se buscará la reparación integral del daño, el cumplimiento cabal de la normatividad y la disuasión efectiva de futuros desmontes, en una región bajo constante presión por intereses agroindustriales que avanzan sobre el patrimonio natural de la nación.

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

RHM

 

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