Pretende la SSC Cobrar por Abrir Puertas en Escuelas Privadas

• ADEPAS denuncia la extorsión oficial

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 9 de julio. – La Asociación de Escuelas Particulares del Sur de Quintana Roo (ADEPAS) denunció formalmente ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado una medida que calificó como injusta y desproporcionada, como lo es el cobro de derechos por contar con personal que abre y cierra las puertas en instituciones educativas privadas. El señalamiento apunta directamente al titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, quien, de acuerdo con el posicionamiento firmado por 29 escuelas, ha equiparado dicha función con labores de seguridad privada.

En un oficio dirigido a la Dirección de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, ADEPAS expresó su “profunda inconformidad y rechazo” a esta disposición, que contempla un cobro de hasta 20 mil pesos anuales a las escuelas que cuenten con personal de resguardo, aun cuando sus funciones se limiten a tareas logísticas y no operativas en materia de seguridad.

En el documento, fechado el 8 de julio de 2025, las escuelas afirmaron que imponer cargas económicas a instituciones que ya realizan esfuerzos por mantener entornos seguros es contrario al espíritu de la función educativa. Calificaron la medida como carente de sensibilidad social y acusaron a la autoridad de utilizar una lógica recaudatoria frente a un servicio que no puede ser tratado bajo esquemas comerciales.

Los firmantes subrayaron que no contar con vigilancia en los planteles representa un riesgo real, en un contexto de creciente inseguridad, y que sancionar económicamente esa necesidad es inadmisible. “Educar no es un delito y proteger a nuestros estudiantes no debe ser una carga”, se lee en el escrito firmado por la presidenta de ADEPAS, Sibilia Guadalupe Esquivel Ávila.

La agrupación que integra escuelas como el Colegio Latino, CEPI, el Instituto Lamat, IMME y otros centros educativos de Chetumal y Bacalar, exhortó a la autoridad estatal a revisar y modificar los criterios normativos, además de solicitar excepciones claras para instituciones educativas cuyo objetivo es garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Este intento de cobro se da en un momento donde el sistema educativo privado enfrenta desafíos de seguridad, rezago presupuestario y nuevas obligaciones académicas impuestas por la reforma educativa federal. Para las escuelas firmantes, lejos de ser una carga más, el resguardo de sus instalaciones representa una expresión mínima de responsabilidad y compromiso hacia sus comunidades escolares.

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