Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 23 de diciembre.- Los más de 41 mil 816 millones de pesos que el Congreso del Estado el autorizó al gobierno de Mara Lezama, se deberá aplicar con amplio sentido social y priorizando a personas de escasos recursos de colonias y localidades marginadas, donde viven muchos de los integrantes del Movimiento Antorchista, afirmó Juan Carlos Pool Contreras vocero de dicha organización en la entidad.

“El paquete fiscal que se aprobó, nos llena de esperanza y más que se contemple destinar el 42.6% a programas de desarrollo social, es el momento preciso para ayudar a superar los índices de marginación que enfrentan miles de personas que viven en pobreza extrema; confiamos en que los recursos serán bien transparentados y que ahora la gobernadora si nos cumplirá los ofrecimientos que asumió con la dirigencia de nuestra organización social, más cuando fueron engañados y olvidados por las autoridades estatales de la pasada administración.”

Agregó que con el presupuesto para desarrollo social que se incrementó en un 379%, el del DIF que se elevó en un 105.4%, de seguridad pública que tuvo un aumento de un 11.4% y el del sector educativo con un 7.9% más en relación al ejercicio anterior, deberá bastar para atender las principales demandas y resolver las carencias a las que se enfrentan miles de familias que habitan en los asentamientos que han conformado como agrupación a lo largo y ancho del estado.

Recordó que lograron ser escuchados el pasado mes de octubre después de manifestarse frente al Palacio de Gobierno y las nuevas autoridades signaron acuerdos que les permitirán mejorar el nivel de vida de quienes están en situación de vulnerabilidad en todas las colonias Antorchistas con el nuevo acuerdo que pondrá en marcha la actual administración.

Por lo pronto, siguen avanzando para poder regularizar los predios de los colonos de la Unidad Antorchista de Chetumal, ya que se reunieron con el Tesorero municipal Miguel Cheluja y el director Jurídico José Gaspar Ríos, con quienes plantearon la intención de llegar a acuerdos y brindar facilidades a quienes no cuentan con los recursos económicos, pero requieren de certeza sobre la posesión de la tierra.

“Lo que se busca es que se considere por sobre todo, la condición económica de las familias que viven al día y con muchas dificultades para solventar sus gastos más básicos, o de los desempleados y las autoridades accedan a reducir el costo fijado para dar certeza jurídica a su patrimonio porque sus ingresos no les alcanza para cubrirlo, lo más importante es que se nos atendió y hay el compromiso de proponérselo a la presidenta municipal quien tendrá la última palabra.”

Sin embargo, dijo que confían en que su petición tendrá una respuesta favorable, ya que solo de esta manera podrán hacer realidad su derecho a una vivienda digna.

lau.beytia@diariocambio22.mx

 

JFCB

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