Presentan Ternas para 5 Nuevas Magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo
2 Oct. 2024-
El nuevo tribunal será integrado completamente por mujeres, conforme a las ternas presentadas por la gobernadora de Quintana Roo, donde hay sólo un candidato acompañando a 14 candidatas
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Destacan entre las postuladas una exmagistrada electoral, una expresidenta del Ieqroo, una viceconsejera Jurídica del Ejecutivo, la titular del Ceaveqroo, funcionarias de la Sefiplan y la Procuradora Fiscal del Estado
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Serán removidos la totalidad de los integrantes del anterior Tribunal de Justicia Administrativa y los indemnizarán
Francisco Hernández/ CAMBIO 22
CHETUMAL, 2 de octubre.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, presentó al Congreso del Estado las cinco ternas con las personas candidatas a ocupar por un período de 12 años las 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, instituido mediante reforma constitucional del anterior Tribunal de Justicia Administrativa, que entra en extinción.
De las ternas se concluye que todos los magistrados y magistradas del anterior Tribunal de Justicia Administrativa serán removidos, pues ninguno fue presentado como candidato en las cinco ternas, a pesar de que del decreto que reformó el organismo les permitía, en teoría, la posibilidad, misma que se sabía que difícilmente se iba a concretar debido a los serios cuestionados de ineficacia e irregular cumplimiento de funciones de que han sido objetivo.
Destaca asimismo que en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción será integrado completamente por mujeres, puesto que en las ternas existen 14 candidatas y sólo un hombre como personas postuladas para las 5 magistraturas, y el candidato se encuentra en una terna donde las mujeres tienen mayor currículum.
La primera terna la conforman: Jorge Arturo Herrera Reyes, al abogado de Solidaridad; Claudia Marcela Pastrana Lagos, expresidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje; y Claudia Carrillo Gasca, quien apenas el pasado lunes 30 de septiembre renunció a su anterior cargo de magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por considerar que ya tiene asegurado el nombramiento como magistrada de justicia administrativa y anticorrupción por su acercamiento previo con Morena.
La segunda terna la componen: Deydre Carolina Anguiano Villanueva, quien acaba de finalizar su encargo como secretaria general del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo); Coral Marlene de la Cruz Avilés, coordinadora en la Secretaría Ejecutiva del mismo Ieqroo; y Mayra San Román Carrillo Medina, la más conocida profesionalmente de las tres, debido a que fue presidenta del propio Ieqroo y le tocó entregarle su constancia de ganadora a la gobernadora Mara Lezama en la elección del 2022.
La tercera terna está integrada por: Amayrani Núñez Medrano, quien fue directora de Ingresos del ayuntamiento de Bacalar y actual funcionaria en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; Ana Luisa Parrao Guzmán, también directora en la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y Nayeli del Carmen Solís Poot, quien es viceconsejera en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, ha sido asesora parlamentaria y que apunta ser la primera presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
La cuarta terna es la que forman Landy Beatriz Blanco Lizama, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceaveqroo); Elsa Noemí Heredia Martínez; subprocuradora fiscal de la Sefiplan; y Minerva Maribel Moreno Cruz, la Procuradora Fiscal del Estado, que tiene el antecedente de haber sido nombrada magistrada del primer Tribunal de Justicia Administrativa que se quiso integrar en la recta final del gobierno de Roberto Borge y que fue desintegrado por el gobierno de Carlos Joaquín por considerarlo parte del llamado “paquete de impunidad”.
La quinta terna es integrada por: Marbella Doporto Orozco, quien ha sido directora en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; Eugenia Maritza Valencia Hernández, quien fue directora de Seguridad Pública del Municipio de Othón P. Blanco y actual funcionaria de la Sefiplan; y Rubí Guadalupe Sulub Cih, ésta última titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Sefiplan y que ya fue candidata a comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo).
La Comisión Anticorrupción, Órganos Autónomos y Participación Ciudadana revisará los requisitos de cada expediente y entrevistará a las personas aspirantes, para luego remitir el dictamen sobre la idoneidad de los perfiles al pleno de la Legislatura.
El Congreso designará a las 5 magistradas de justicia administrativa al menos con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión y durarán en su cargo 12 años sin derecho a reelección, y tendrán un sueldo semejante al de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que actualmente es de 216 mil pesos mensuales, por lo menos mientras no los reduzcan a menos del sueldo de la presidenta de la República, por efecto de la reciente reforma del Poder Judicial.
Una vez realizada la designación, la Legislatura en pleno deberá realizar la declaratoria de entrada en funciones del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, una formalidad que no se cumplió cabalmente al poner en funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa en extinción, y que generó un punto de debilidad para resoluciones.
Con la entrada en funciones del nuevo tribunal, quedarán sin efecto los nombramientos de los anteriores magistrados y magistradas de justicia administrativa, por lo que cesarán en sus funciones Jesús Antonio Villalobos Carrillo, su presidente; Antonio Sánchez Urrutia, Alfredo Cuéllar Labarthe, Isabel Cecilia González Glennie y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, a quienes pagarán una indemnización constitucional, según el decreto.
Cabe mencionar que las ternas fueron presentadas a la oficialía de partes del Congreso del Estado por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez y el consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Carlos Felipe Fuentes del Río, y fueron leídas en la sesión de este miércoles por la XVIII Legislatura.
GFB