Presenta INE Segunda Controversia Constitucional Contra la Reforma Electoral de AMLO

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del Plan B de reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión contra las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo.

Junto con la demanda, el INE solicitó al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión, para que, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.

Cabe mencionar que, al tiempo que el INE presentaba una controversia, un tribunal en materia de amparo administrativo otorgó a Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del INE, una suspensión provisional de su despido, ordenado en los artículos transitorios del plan B.

El instituto explicó que mediante la Controversia Constitucional defiende no sólo su autonomía sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales que asegura haber detectado en aproximadamente 200 artículos de la reforma, de los cuales dice que vulneran 25 disposiciones constitucionales.

El recurso interpuesto se suma a una primera Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado 1 de febrero, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, que era la primera parte del Plan B electoral.

El INE detalló también que su segunda Controversia Constitucional está articulada en cuatro ejes fundamentales:

En primer lugar, la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión.

En este punto, el Instituto somete a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas violaciones graves al procedimiento legislativo que, en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En segundo término, la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sobre esto el INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial.

En tercer sitio, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.

El cuarto punto, la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.

En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 % de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

El INE expresó que tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma.

Por otra parte, fuentes del órgano electoral dijeron que, para reintegrarse a su cargo, el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo esperará a obtener la suspensión definitiva, dentro del juicio de amparo promovido con el propósito de ser reinstalado.

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