abril 15, 2024 07:30

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo.-El hijo del senador José Luis Pech Várguez, líder del partido político Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, enfrenta un segundo proceso penal por presuntamente estar vinculado con la “Estafa Maestra”, en este caso por la contratación ilegal de más de 77 millones de pesos cuando era rector de la Universidad Politécnica de la entidad federativa.

José Luis Pech Galera fue vinculado a proceso por el juez de control Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Con lo anterior queda establecido que, mientras a la extitular de la Sedeso y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, se le exoneró de delitos en el caso de la “Estafa Maestra” por considerarlos prescritos, para los funcionarios de menor rango el asunto no ha quedado terminado y tendrán que continuar sometidos al juicio de los tribunales.

En el caso del exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), fue procesado por primera vez en febrero de 2022, debido a un convenio firmado con la Sedatu el 29 de septiembre de 2015, en el que la dependencia pagó a dicha institución 20 millones 100 mil pesos, por un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Secretaría.

Ahora, se le acusa de haber suscrito otro convenio para elaborar una base de datos de 85 mil beneficiarios del Programa de Infraestructura 2016 y un modelo para supervisar sus acciones.

Por dicho convenio, firmado el 17 de febrero de 2016, la UPQR recibió un pago presuntamente ilegal de 77 millones 157 mil pesos, por lo que ambos pagos sometidos a revisión en sendos juicios suman un total de  97 millones 268 mil 290 pesos.

Junto con el hijo del excandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, fueron vinculados a proceso otros cuatro exfuncionarios: José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones; Javier Arrambide Olvera, director de Operación de Programas de Delegaciones e Información Estratégica; y José Luis Sánchez Buendía, director de Proyectos Estratégicos, todos ellos de la Sedatu.

Orozco Martínez e Ibarra Infante están acusados de haber realizado una contratación indebida con recursos públicos, mientras que Arrambide Olvera y Sánchez Buendía habrían promocionado autorizaciones de contenido económico.

En una audiencia de 23 horas, el juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el que los procesados y la FGR reunirán sus respectivos datos de prueba.

Con excepción de Orozco, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte desde el 25 de septiembre de 2021, el juzgador consideró que todos los implicados deben llevar este proceso en libertad provisional, aunque con la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.

JFCB

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