Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

A la falta de acciones para resolver los conflictos sociales, políticos y económicos del municipio de Felipe Carrillo Puerto, por parte de las autoridades municipales, como es la inseguridad, la violencia sistemática, ahora se sumarán los trabajos de reconstrucción de infraestructura caminera, servicios públicos y edificios de instituciones que de alguna manera resultaron dañados con el paso del Huracán Beryl.


A pesar que la fiebre electoral ya pasó desde hace más de un mes, de ello aún no se han dado cuenta en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto y siguen sin operar, sin realizar acciones de gobierno para detener la violencia que día tras día enluta a hogares en diferentes localidades del municipio.
En lo que va del año, han sido asesinadas 21 personas, mientras que 22 fueron reportadas como desaparecidas, integrantes de la delincuencia se desplazan por carreteras locales, estatales y federales que atraviesan el municipio, sin que ninguna autoridad les impida el paso, sin embargo, luego de cada delito, policías y militares se aparecen de un momento a otro, solo para destacar en las fotografías, porque nadie quiere asumir su rol preventivo.
Desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y anunció sus proyectos de infraestructura pública en la Península de Yucatán, en este espacio periodístico advertí de los problemas sociales, políticos y económicos que se derivarían por la llegada de la población trabajadora, comerciantes, prestadores de servicios, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Secretaria de Marina (SEMAR), así como directivos y ejecutivos de las empresas constructoras y de logística que fueron contratadas en el país y en el extranjero para realizar las referidas obras como es el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles en Tulum.

Las obras del Tren Maya han dejado una serie de destrucción ecológica a lo largo de la ruta que pasa por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero además, la infraestructura vial y de servicios básicos en diversas localidades ha sido destruida, así como tramos de las carreteras federales y estatales por donde pasan los camiones pesados que llevan los materiales de construcción.
En todo momento aparece la improvisación, la falta de planeación, no hay cronogramas establecidos y validados con las localidades para que el impacto del proceso de construcción de las obras se mitigue los más que se pueda, al contrario, las empresas constructoras de apoderan de caminos, calles, carreteras, espacios públicos, rompen tuberías de drenaje y agua potable y a su paso dejan destruidas las pocas áreas pavimentadas en la región.


Los caminos vecinales, las calles, los sistemas de agua potable y drenaje le han costado a los pueblos del sur de Quintana Roo muchas décadas para gestionarlas ante diversas autoridades y en muchos casos levantarles a pico y pala, a través del trabajo comunitario, porque cuando las instancias gubernamentales no cumplen con sus obligaciones los pueblos se organizan y construyen sus propias obras, pero ahora, quienes construyen el llamado Tren Maya, las están destruyendo y como siempre ocurre en la 4T no hay un plan con presupuesto para reparar o reconstruir las obras dañadas.
Las ocurrencias, las improvisaciones y la irresponsabilidad institucional provocaron que el pasado ocho de julio una vivienda que era rentada por una empresa constructora del Tren Maya explotara porque en su interior se almacenaba dinamita.

El estruendo de la explosión se escuchó al menos a unos cuatro kilómetros a la redonda lo que provocó psicosis colectiva ante el temor que otras bodegas de dinamita que se encuentran ubicadas en el área, puedan explotar de un momento a otro, debido a que el tratamiento que se le da a ese tipo de explosivos no es el adecuado, ni en su manejo no en su almacenamiento.

La explosión ocurrió en la casa ubicada en la calle 43 con 42 de la Colonia Javier Rojo Gómez. Los vecinos piden a la Fiscalía General del Estado y a la SEDENA que realicen una investigación sobre en qué otras viviendas se almacenan explosivos de manera legal o ilegal para la construcción del Tren Maya.

Por otra parte, pobladores de Nicolás Bravo, localidad ubicada a unos 70 kilómetros de Chetumal bloquean las obras del tramo siete del Tren Maya en protesta por la falta de reparación de vialidades dañadas durante la construcción. Responsabilizan de estos daños al Ejército Mexicano, institución que solo escucha al presidente de la república pero que cada día se distancia más del pueblo.

Por un acuerdo de la asamblea general, decidieron bloquear los trabajos del Tren Maya, porque las peticiones ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene más de un año, pero todo escrito dirigido a las autoridades militares en tiempo y forma ha sido ignorado.

 

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Diario Cambio 22 - Península Libre