Plagio y Cinismo en el Congreso de Quintana Roo

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO22

La iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Quintana Roo en materia, supuestamente, de imagen propia, suscrita por dos diputados y una diputada de la 4T, surge en un momento de convulsión política a nivel nacional, por los efectos del operativo bilateral México-Estados Unidos para aniquilar a Nemesio Oceguera Cervantes “Mencho”, así como el estropeado proceso que ha seguido la iniciativa de reforma electoral de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

En medio de este caos institucional, representantes de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA, en Quintana Roo, están llevando a la práctica el refrán popular de “A río revuelto ganancia de pescadores”, y así asestarle un golpe más a la democracia en Quintana Roo violentando el derecho humano a la Libertad de Expresión que tenemos todas las personas.

Los argumentos para proteger los derechos de víctimas de delitos, al evitar el mal uso de la imagen de las personas y protegerlas de la manipulación maliciosa por medio de Inteligencia Artificial u otras herramientas digitales para causarle perjuicio, porque en la era digital una imagen puede convertirse en violencia, humillación y daño permanente, están fuera de lugar, porque si los llamados representantes populares quisieran defenderlos, ya hubieran legislado para sancionar a personal judicial y de la Fiscalía General del Estado que a diario vulneran los derechos de las personas que acuden a esas instancias a pedir procuración y administración de justicia.

Al proyecto político de la 4T no le interesa los derechos de las víctimas ni proteger la privacidad y demás derechos personales de la sociedad, lo que quieren es tener un arma legal para inhibir la libertad de expresión que se ejerce a través de las redes sociales y demás plataformas digitales, ante el desarrollo de la tecnología y el rezago en que han quedado los medios de comunicación convencionales.

Antes de hablar de la falta de profesionalismo, ética y creatividad de las personas legisladoras que presentan esta iniciativa de reformas al Código Civil, hay que destacar que al intentar regular un tema de libertad de expresión, como es el uso de las imágenes personales en plataformas digitales están usurpando funciones del Congreso de la Unión, por lo que de aprobarse su iniciativa, el caso tendrá que ser analizado a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que aunque ahora forma parte de la 4T, solo por técnica jurídica no puede pasar este tipo de violaciones a la Constitución.

Por lo tanto, se le recomienda al grupo parlamentario de la 4T en el Congreso de Quintana Roo, que si para elaborar esta iniciativa recurrieron al plagio, ahora, si se asesoren de un grupo de abogados constitucionalistas para que no hagan el ridículo y sus reformas realmente se apeguen a la Carta Magna.

Este trío de personas legisladoras de Quintana Roo, se fusilaron lo que dice sobre la imagen propia la Ley de Responsabilidad en Derecho al Honor y la Imagen de la hoy Ciudad de México, pero sin tomar en cuenta el resto de las disposiciones que dan contexto a las acciones ilegales.

Por ejemplo, en la ley de Ciudad de México, sí está precisado qué es el interés público, donde incluye la información, mientras que el Código Civil del Estado de Quintana Roo en ninguna de sus partes hace referencia a qué define por interés público.

Lo que hizo este grupo de personas legisladoras fue copiar algunos artículos, sacándolos de su contexto legislativo y social para trasladarlos al Código Civil de Quintana Roo y le agregaron el uso del nombre de las personas, no solo de la imagen.

En Quintana Roo, así como en el resto de los estados gobernados por MORENA se han documentado vergonzosos casos de corrupción, nepotismo, negligencia e incapacidad, lo que ha motivado que desde medios de comunicación convencionales, redes sociales y demás plataformas digitales se cuestione el quehacer gubernamental y el cinismo con que actúan personas servidoras públicas, muchas de las cuales, desde que llegaron al poder incrementaron de manera exorbitante su poder adquisitivo y ahora, sin el menor reparo y prudencia exhiben su nuevo estilo de vida, como su desde la cuna ya tuvieran fortunas multimillonarias.

A este tipo de integrantes de la 4T es al que se pretende proteger y dar impunidad con la reforma al Código Civil que se le ocurrió al diputado Hugo Aldaz, quien ha vivido de la clase gobernante desde hace décadas y que está dispuesto a brindarle sus buenos oficios para que no lo excluyan, independientemente del color del grupo que esté en el poder.

Hay que recordarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que el derecho a la propia imagen está protegido como parte del derecho a la vida privada reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Además, la jurisprudencia de la Corte IDH reconoce un sistema dual de protección, especialmente en el caso de personas con proyección pública. Aunque estas figuras tienen una menor resistencia normativa ante intromisiones derivadas de la libertad de expresión, su derecho a la imagen sigue siendo protegido, y cualquier uso debe ser razonable y proporcional al interés público.

La Corte también destaca que el consentimiento es un factor clave: la divulgación de imágenes sin autorización, incluso en contextos sociales o familiares, puede vulnerar este derecho si no se justifica por un interés legítimo o por usos sociales aceptados.

En resumen, la Corte IDH sostiene que el derecho a la propia imagen es un componente esencial del derecho a la vida privada, cuya protección debe equilibrarse con la libertad de expresión, especialmente en el contexto de la tecnología y las redes sociales, donde la difusión de imágenes ha aumentado exponencialmente.

El Congreso de Quintana Roo está obligado a legislar tomando en cuenta los principios constitucionales, la Constitución federal, la jurisprudencia de la SCJN, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano haya suscrito, de acuerdo a lo establecido por el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, el Congreso de Quintana Roo debería retomar el proyecto de ley que un grupo de periodista y organizaciones civiles elaboramos para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que el entonces gobernador Carlos Joaquín González ordenó que se abrogara con lo que dejó en estado de indefensión a periodistas de Quintana Roo, de los cuales cinco fueron asesinados durante su sexenio.

La ausencia de este tema en la agenda legislativa, habla de la ignorancia de las y los legisladores que solo buscan autoprotegerse y se olvidan que son servidores públicos del pueblo de Quintana Roo, el cual con sus impuestos les pagan para que legislen a su favor y no para que se fusilen otras leyes para criminalizar al mismo pueblo que los mantiene.

Esta iniciativa no pasa la prueba de la constitucionalidad ni muchos menos una legítima defensa de los intereses del pueblo, por lo que ha nacido sin fundamento y solo para blindar las malas prácticas de la clase gobernante en Quintana Roo.

Sirva este texto para solidarizarme con el colega Carlos Loret de Mola que sigue siendo hostigado y amenazado de muerte por integrantes de la llamada Cuarta Transformación por el tipo de periodismo que hace al revelar las inconsistencias de un gobierno que llegó al poder bajo la premisa que defendería al pueblo y que no se serviría de él.

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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