Piden al Congreso de Quintana Roo anular la designación del Fiscal General del Estado

• La Asociación de Profesionales del Derecho al Servicio del Sector Público cuestionó que no se exigiera a Raciel López Salazar comprobar un modo honesto de vivir y el no haber sido condenado por delito doloso, dos requisitos que los diputados suprimieron de la convocatoria

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 30 de julio.- La Asociación de Profesionales del Derecho al Servicio del Sector Público en el Estado de Quintana Roo solicitó al Congreso del Estado anular la designación de Raciel López Salazar como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el argumento de que no se le exigió comprobar que no cuenta con antecedentes delictivos.

A través de un escrito firmado por Carlos Javier Cardín y William Alonzo Hoil, esta asociación manifestó sui preocupación al respecto de que la designación del fiscal no cumplió con el proceso correcto establecido en la Constitución Política del Estado.

Dicho documenta pone en cuestionamiento que la XVII Legislatura no indagó en los antecedentes de Raciel López Salazar, pese a que ha sido señalado de nexos con grupos delictivos en Puebla y en Chiapas, según expresa la asociación.

Por ese motivo, exhortaron al Congreso que mediante sesión extraordinaria deje sin efecto el nombramiento de Raciel López.

Cuestionaron que la convocatoria sólo se dirigiera de manera limitada a colegios de abogados e instituciones de educación superior de la entidad y no a la ciudadanía en general, pese a que esta es la interesada en la persona que se hará cargo de la procuración de justicia.

Por tal motivo, solicitaron que se vuelva a convocar a la ciudadanía, para que participe en la selección del Fiscal General del Estado, y que se contemplen todos los requisitos contenidos en el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, así como soliciten información sobre él en todas las entidades que ha sido funcionario.

También cuestionaron que no se le exigiera el comprobar un modo honesto de vivir y el no haber sido condenado por delito, así como el Congreso del Estado no haya investigado con los gobiernos de Chiapas y Puebla si tenía expedientes penales o administrativos derivados de su paso como funcionario en estas entidades.

La anterior petición deriva de que en la convocatoria el Congreso del Estado suprimió de la convocatoria la exigencia de comprobar un modo honesto de vivir y el no haber sido condenado por delito doloso, aunque son requisitos que aparecen en la Constitución Política del Estado.

Los diputados suprimieron esos requisitos argumentando que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara que son inconstitucionales, por ser discriminatorios y contrarios al derecho a la igualdad.

Por lo mismo, los únicos requisitos que se exigieron a los candidatos en ese procedimiento fueron: tener la ciudadanía mexicana, con residencia mínima de 5 años en el país, título de Licenciado en Derecho de al menos 10 años de antigüedad, y estar en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, puesto que desde la elección de Óscar Montes de Oca Rosales se eliminó el requisito de ser quintanarroense o tener residencia mínima de 5 años en la entidad.

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