Pide Hugo Alday Discutir a Fondo Iniciativa del “Día del Pueblo” de Diputados y Diputadas de Morena

• El legislador perteneciente al aliado PT considera que obligar a los presidentes municipales y ayuntamientos a realizar audiencias públicas semanales podría imponerles una carga financiera que vulnere el presupuesto de los menos pudientes y su autonomía administrativa

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 17 de noviembre.- El diputado Hugo Alday Nieto, integrante de la banca del Partido del Trabajo (PT) en la XVIII Legislatura de Quintana Roo, consideró que la propuesta de sus pares de Morena para establecer de manera obligatoria el llamado “Día del Pueblo” a los 11 ayuntamientos podría vulnerar la capacidad presupuestal de la mayoría de ellos y hasta la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional, por lo que se debe discutir a fondo.

Como se recordará, la propuesta morenistas consiste en establecer en ley la obligación de los ayuntamientos de realizar audiencias semanales, para atender directamente las necesidades ciudadanas, propuesta que proviene del Plan Municipalista  y aprobada por el Consejo Nacional del partido en julio pasado como una obligación de los alcaldes y alcaldesas surgidos de sus filas.

En entrevista radiofónica, el legislador del partido miembro de la alianza de la 4T señaló que actualmente en algunos municipios los ayuntamientos realizan eventos en colonias o comunidades para atender a la ciudadanía, pero convertirlos en obligación legal representa un riesgo para el principio de municipio libre, pues cada administración tiene la capacidad jurídica de autodeterminar la forma en que conduce su gobierno siempre y cuando no se oponga a la Constitución.

“A un presidente municipal puede no parecerle adecuado este tipo de esquemas y optar por otros”, consideró.

Dijo que existen congresos locales que establecen obligaciones administrativas a los municipios, como ocurre en las leyes de Hacienda Municipal, las que en ciertos supuestos han sido validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según precedentes sentados en controversias constitucionales.

Sin embargo, consideró que imponer una periodicidad obligatoria a las audiencias con participación directa del presidente municipal, incluyendo llevar los servicios administrativos, involucra recursos, logística y desplazamientos que podrían exceder las capacidades financieras de diversas comunas.

Asimismo, expuso que la autonomía municipal se expresa en tres dimensiones: política, administrativa y financiera, y la propuesta podría afectar a la autonomía administrativa, al derivar en nuevos controles funcionales sobre la autogestión de los ayuntamientos gobernados por la oposición, además de las presiones presupuestales.

Por lo anterior, advirtió de que, si bien el origen de la iniciativa podría ser “noble”, su aplicación sin un análisis financiero y operativo amplio afectaría especialmente a municipios con grandes extensiones territoriales, donde trasladar servicios administrativos a comunidades alejadas implica mayores costos y complejidad.

“Los municipios podrían decir: ‘Espérate, si ya tengo esta obligación, ¿de dónde van a salir los recursos? O ¿de dónde voy a sacar recursos?’ Entonces, yo creo que se debe de discutir”, afirmó.

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