marzo 4, 2024 19:46

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

 

Redacción/CAMBIO 22

 CANCÚN | Poco más de 50 amparos fueron insuficientes para detener las obras del Tren Maya que el próximo 15 de de diciembre será inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tramo Campeche – Cancún y el 31 del mismo mes, el tramo de Palenque a Cancún será transitable, atrás quedarán para la historia los reclamos de ecocidio y corrupción de la obra insignia de la Cuarta Transformación

El colectivo medioambiental “Sélveme del Tren”, durante 12 meses solicitaron ser escuchados, que cumplieran con la Ley Ambiental, que se presentara un proyecto ejecutivo del megaproyecto; que fueran a caminar al Tramo 5 para conocer, experimentar y vivir la devastación de los ecosistemas.

“Esto es lo que ha pasado: El mal llamado Tren maya ha sido impulsado con toda la fuerza política, jurídica, económica y militar de la actual administración. El Tren No Maya ha violado todos los derechos de la naturaleza. En este proyecto se está cometiendo Etnocidio al no haber ningún tipo de consulta a los pueblos originarios. Ha aumentado la violencia por la creciente militarización en la Península de Yucatán. Y existen una serie de colectivos, comunidades y pueblos que nos encontramos en resistencia; cada vez somos más”, argumentaba la agrupación.

El 22 de marzo de 2022, diversos artistas tomaron el reflector con el escándalo de más de 10 millones de árboles talados; cenotes tapados, piloteados y rellenados; agua contaminada; especies desplazadas y poblaciones despojadas y violentadas en sus Derechos humanos, particularmente en el Tramo 6 y 7 sin dejar de mencionar los tramos 1-2-3-4.

José Urbina, buzo y ambientalista, fundador de “Cenotes Urbanos”, el primer promotor de los amparos para frenar la obra, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será investigado y exhibida su trayectoria y patrimonio, por lo que se anticipó: “Soy yo, si me busca aquí estoy”.

Recordó que “pese a su acento, es mexicano, no tiene nada que esconder y si el presidente López Obrador lo busca, lo puede llamar al diálogo”, pues no se esconde.

José Urbina, presentó el amparo 884/2022, acudió a uno de los dos puntos que se mantienen trabajos de desmonte de vegetación, en Akumal, para platicar con los trabajadores, exponer la importancia del acuífero y del sistema de grutas y cavernas sobre el que están trabajando y pedir que frenaran las actividades, lo cual aceptaron.

“Esos de las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil, son pseudo ambientalistas, son falsos; están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó”, declaró López Obrador, el 6 de mayo de 2023, en su visita a Chetumal, Quintana Roo.

Las otras voces

Los organismos internacionales como el Comité contra el Racismo y la Discriminación de la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora Especial para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas coinciden en que el llamado Tren Maya no cumple los estándares y violenta los tratados internacionales. Por esta razón, los indígenas mayas, tsotsiles, tzeltales y choles presentaron el pasado 6 de enero de 2020 una demanda de juicio de amparo ante el Juzgado 1º en el Estado de Campeche.

  • El 15 de noviembre de 2018, se dirigió una carta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la que se señalaba con preocupación que el llamado Tren Maya no cumplía los derechos humanos, los principios constitucionales, los principios de convencionalidad ni los principios pro-personas, y una serie de principios de los derechos humanos.

 

  • El 29 de agosto de 2019, el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU emitió una recomendación al Gobierno mexicano, en la que señalaba su preocupación por la información de que los procesos de consulta previa sobre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico no habían tomado en cuenta la palabra de comunidades. El comité recomendó que el Estado mexicano pusiera sus informes presentados a disposición del pueblo. Hasta la fecha, el Ejecutivo Federal no ha respondido al Comité contra el Racismo: una acción que está obligado a hacer por la comunidad internacional.

 

  • La Comisión de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal dio a conocer que juntó alrededor 6 mil firmas en el Estado de Chiapas, pronunciándose en contra del Proyecto Transístmico y sobre todo, del llamado Tren Maya.

 

  • Desde noviembre de 2019, el Gobierno Federal convocó al llamado de proceso de consulta y participación ciudadana sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, para llevarse a cabo los días 14 y 15 de diciembre. Para entonces, ya se habían violentado varios estándares y principios de la consulta indígena que señala el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 6 y 7.

 

  • El 19 de diciembre de 2019, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México llamó la atención en el proceso de consulta sobre el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya.

 

Como se puede observar, la única vía que dejó el Gobierno Federal fue recurrir al juicio de amparo reclamando las violaciones a los principios del derecho internacional que regulan las consultas indígenas como el Convenio 169 de la OIT, especialmente el derecho a la autonomía y la libre determinación, que también están expresamente señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Llovieron los amparos

Enero 06 de 2020 Un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del Tren Maya. Lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche.

El juzgado primero de distrito de Campeche acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación dio la orden de suspensión.

Las comunidades indígenas ch’ol y mayas peninsulares, representadas por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) se quejaron por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya, por lo que el pasado 6 de enero presentaron su amparo.

“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, asegura Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena de Xpujil. “La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”, añade.

 

“Se hizo con manipulación y mala onda. De mala fe. Si tú lees su protocolo, hasta abajo, casi casi como en letras muy chiquitas se lee: ‘en el caso de que una comunidad solicite una consulta más específica, nos lo hagan saber’ ¿Cómo va a saber la gente que tiene ese derecho?”, dice al respecto Romel González.

 

“Ese día que vinieron a hacer la consulta les preguntamos si habían hecho alguna vez una consulta. Nunca habían hecho nada parecido. No tenían experiencia haciéndola. Además. si el gobierno es juez y parte, pues obviamente es una consulta a modo”, añade.

 

Después de la aprobación de este amparo, y de la suspensión temporal, se tendrá que abrir un juicio, y dependiendo de los resultados de ese juicio la suspensión se podría hacer permanente o levantarse. Romel no tiene un estimado de cuánto podría durar este juicio, pero asegura, podría llevar meses.

El amparo denuncia que la consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre autodeterminación de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

SCJN recibe primer amparo contra la construcción del Tren Maya

 

El Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Yucatán, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el amparo contra el Tren Maya, promovido por el colectivo de comunidades Chuun t’aan, se trata de un asunto novedoso, cuya trascendencia y relevancia hacen necesario que sea discutido por la Corte. El amparo busca determinar la afectación a los derechos fundamentales a disfrutar de un medio ambiente sano.

También la participación informada de las comunidades indígenas afectadas, a garantizar su identidad cultural, costumbres, tradiciones, la libertad de decisión sobre su territorio, y el respeto y preservación de zonas y vestigios arqueológicos.

El grupo demandante señaló que el proyecto del Tren Maya se inició sin una consulta previa cono pueblos indígenas de la región, y sin un informe sobre el impacto ambiental y los daños al patrimonio que la construcción puede ocasionar.

Marzo 3 de 2020 La primera salvaguarda en contra de la mega obra ocurrió a mediados de enero de 2020, sin Pandemia encima. Sus promoventes, comunidades indígenas del municipio de Calakmul, Campeche, objetaron una consulta a la población argumentando y documentando irregularidades.

Aunque lograron una suspensión provisional, los promoventes saben que el proceso para obtener una suspensión definitiva en México puede tomar meses, o años, aún con los garbanzos de a libra.

Los amparos fueron tramitados por comunidades indígenas, asociaciones civiles y colectivos en Campeche, Yucatán y Chiapas: el 3 de marzo pasado el caso más reciente fue un nuevo amparo que se sumó a los 15 interpuestos en Yucatán.

Otra salvaguarda emanada de los juzgados en esa misma fecha indicaba que se debían cesar de inmediato los trabajos de construcción o deforestación del Tramo 3 del Tren Maya que pongan en riesgo a las especies animales, vegetales y autóctonos de Yucatán.

En el amparo se responsabilizaba de los actos a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la propia Semarnat y a Fonatur.

Amparo 613/2020 Resoluciones definitivas de parte de Juzgados. Tal es el caso de los juicios promovidos por las asociaciones civiles Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Colectivo Chuun T’aan Maya y la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC.

Estas suspensiones refieren anomalías de la manifestación del impacto ambiental de la obra.

La juez cuarta de Distrito en Yucatán sentenció que la Semarnat deberá ordenar, al menos en los tramos impugnados, detener todo acto que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales, vegetales y autóctonas del estado de Yucatán.

Para conceder la suspensión definitiva la juzgadora sostuvo que en el caso cobra aplicación el “principio de precaución, reconocido en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia… “para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza, y que, en relación con la administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente”.

Otro garbanzo de a libra fue lo que ocurrió en el juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, que concedió también la suspensión definitiva de las obras del Tren Maya.

La jueza federal, Karla Domínguez otorgó la protección definitiva con el amparo 613/2020, promovido por residentes de la entidad, que alegan que esta obra provocará daños ambientales irreversibles y consideran que el tema no se consultó de manera suficiente en las comunidades.

La suspensión estará vigente todo el tiempo que dure el trámite del juicio de amparo, mediante el cual se busca identificar si se informó con suficiencia, o no.

La decisión afectará la construcción de los tramos 3 y 4 de manera parcial, la cual está a cargo de las empresas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones, además de la constructora ICA.

Otro de los casos más representativos en fechas recientes fue la resolución de la jueza primero de Distrito con sede en Campeche, Grissell Rodríguez Febles que ordenó la suspensión provisional de parte de la obra.

17 de abril de 2020 Los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Campeche y Yucatán, respectivamente, han impedido el derecho al acceso a la justicia de personas y comunidades que se ven amenazadas por distintas acciones y omisiones de autoridades en el marco de la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”.

 En dos ocasiones distintas se denunció que se ha visto obstaculizado el acceso a la justicia en casos urgentes, lo cual advierte que la administración de la Justicia Federal no está siendo eficaz en el marco de las medidas de distanciamiento social por la pandemia de SARS CoV2 (COVID-19).

En el primer caso, el viernes 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche, conformado por vecinas y vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la capital campechana acudieron a los Juzgados de Distrito con sede en Campeche a presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que serían utilizadas para el proyecto del Tren Maya.

Las autoridades encargadas del proyecto, en conjunto con ONU-Hábitat, han realizado censos y entrevistas durante la pandemia como primera fase del proceso de desalojo y reubicación. Además, los colonos argumentaban la faltade información sobre a dónde serían reubicados y la falta de garantías de que no terminarán en una situación de calle. Frente a esta solicitud, el personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche se negó a recibir la demanda de amparo, argumentando de manera oral que no era un “asunto de urgencia”, a pesar de no haber ni siquiera leído la demanda.

Es decir, los quejosos no recibieron ni siquiera un acuerdo que sustentara la decisión. Frente a esta situación, el día 24 de abril se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero.

24 de abril de 2020 Este caso ocurrió en Yucatán, integrantes de la Asamblea Maya Muuch Ximbal presentaron una demanda de amparo presentaron una demanda en contra del acuerdo de fecha 06 de abril del presente año emitido por el Gobierno Federal, mediante el cual se estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del Covid.

 Los firmantes, representantes de varias comunidades mayas del estado de Yucatán, señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de los trabajos del tren durante el período de cuarentena por el riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas. Al principio, el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, argumentando de manera oral y sin leerla que “no era urgente”.

Si bien la demanda, después de mucho insistir, fue finalmente recibida por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán bajo el expediente 513/2020, la Juez Cuarto determinó posponer la admisión y resolución del amparo una vez “pasada la emergencia sanitaria” por no considerarlo un caso de urgencia.

Es decir, a pesar de que lo que se impugnó fue un acto en el contexto de la pandemia, el Juzgado, en una actitud incongruente, pospuso su análisis una vez terminado el período de cuarentena, con lo cual no sólo negó el acceso a la justicia a dichas comunidades, sino que las dejó a merced de una acción que podría implicar un incremento de casos de Covid en las comunidades afectadas por el tren maya.

Junio 24 de 2020 el presidente López Obrador, acusó que hay “tintes políticos” detrás de los amparos en contra de la construcción del Tren Maya. Afirmó que si una autoridad del Poder Judicial ordena detener una obra, se va a cumplir.

“Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales, si una autoridad del Poder Judicial nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad, todavía no vemos que efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo, no son los que podrían resultar afectados, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, además es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada”, respondió.

El amparo de suspensión definitiva para las obras del Tren Maya en uno de sus tramos no fue concedido por algún tema ambiental. Se trata de un recurso solicitado por parte de algunas organizaciones ante el riesgo que implicaban los trabajos pese a la pandemia por COVID-19.

Una juez federal falló a favor de las organizaciones al considerar que en estos momentos de emergencia se debe dar un “valor preponderante al derecho a la salud”.

Diciembre 9 de 2020 La materia del amparo indirecto 746/2020 es determinar la afectación a los derechos fundamentales a disfrutar de un medio ambiente sano, a la participación informada de las comunidades indígenas afectadas, a garantizar su identidad cultural, costumbres, tradiciones, la libertad de decisión sobre su territorio, al respeto y preservación de zonas y vestigios arqueológicos.

La agrupación Chuun t’aan argumentó en su demanda que el Proyecto del Tren Maya se inició sin consultarlos, como pueblos indígenas que habitan la región, y sin informarles sobre el impacto ambiental y los daños al patrimonio cultural que esta obra podría ocasionar.

Diciembre 14 de 2020 el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, solicitó a un juzgado en Campeche el amparo y la protección de la justicia federal ante la falta de cumplimiento de las leyes ambientales para la obra del Tren Maya.

Con esta acción legal la AZCARM buscaba la suspensión de las obras para la construcción del Tren Maya hasta que no se cuente con las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y el Informe Preventivo para las Especies de Vida Silvestre para todo el proyecto, pues estas obras implican una violación directa a nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, hecho que provocará daños irreversibles y de imposible reparación en nuestro medio ambiente, biodiversidad y salud.

La organización informó que la construcción del Tren Maya sin las autorizaciones correspondientes infringe los preceptos ambientales contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 3 de la Convención Marco de las Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático; artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 9 del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Zazueta explicó que la AZCARM presentó el amparo por las siguientes violaciones:

En primera instancia, porque las autoridades responsables iniciaron las obras sin contar con las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental del trazo completo, y al ser un proyecto que pone en riesgo todo un ecosistema que alberga la biodiversidad más importante del país, no se puede exentar de presentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que exige la legislación mexicana para todo el proyecto.

En segundo término, por la falta de autorizaciones de CUSTF, en razón de que la deforestación que pretenden realizar, 800 hectáreas solo para la primera fase, también constituye una violación directa al derecho de un ambiente sano.

Y en tercer lugar por la grave afectación a especies de vida silvestre que se pretende remover de su hábitat para realizar las obras del Tren Maya, especies que están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin contar con las opiniones por parte de Dirección General de Vida Silvestre (DGVS).

Diciembre 15 de 2021 en un comunicado de la comunidad de la Comunidad Ch´ol del Carmen 2 y Nuevo San José Calakmul, se retractó del amparo promoivido alegando que habían sido mal informados, engañados e incluso que falsificaron su firma para lograr el amparo en contra del Tren Maya y que no se realizará la construcción en Xpujil, Campeche, ciudadanos de esta localidad acudieron al Juzgado Primero de Distrito de Yucatán para desistir del primer amparo que se firmó en contra del proyecto prioritario.

Eleazar Ignacio Dzib Ek, representante de la Comunidad Ch´ol del Carmen 2 y Nuevo San José Calakmul, puntualizó que las personas nunca han estado en contra del proyecto, pero fueron engañados por algunas instituciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) diciéndoles que la firma era para ser acreedores a apoyos de vivienda y despensa, mismos que no recibieron.

Afirmó que quienes se dieron cita en el juzgado indicaron que están analizando la posibilidad de denunciar a las personas que con base en engaños cometieron un fraude en su contra, ya que consideran que no es justo que se aprovechen de los demás mintiéndoles, utilizando la necesidad de la gente para manipularlos y obtener beneficios políticos a sus costillas.

“No es posible que todo el tiempo los quieran utilizar para sacar un beneficio, que todo el tiempo quieran sacarle provecho a la desventaja que tenemos, porque a ellos les cuesta mucho entender el español”, dijo el ex comisario municipal.

Por su parte uno de los afectados declaró: “Llegaron unos muchachos a mi casa, como a las siete de la noche, llegaron a decirme, ¿no quiere unos proyectos?, es que van a salir unos proyectos y yo firmé eso, no sabía yo nada, porque no sé leer ni escribir, yo creí que me iban a dar un apoyo, pero nada más me engañaron”.
Los ciudadanos, comentaron que comenzaron a ver los beneficios que estaba llevando el Tren Maya en otras partes del estado y por ello tomaron la decisión de solicitar el retiro de su firma y por ende de su apoyo a la solicitud de este amparo, pues también quieren que sus comunidades tengan un desarrollo para ser favorecidos y mejorar sus condiciones de vida.

Tras una decisión del Consejo de la Judicatura Federal, los amparos interpuestos contra el Tren Maya se concentran en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, con sede en Mérida.

Abril 5 de 2022 se tramitó el recurso de amparo 923/2022, tramitado el 5 de abril pasado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que en un principio, sólo fue contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del proyecto Tren Maya.

Tres semanas después de presentado, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución material de la construcción de todo el tramo, de 67.7 kilómetros de extensión, que va de Cancún a Tulum; ordenó que no se permitiera la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

Ampliación de demanda de amparo

 

Pero el 25 de mayo, la quejosa ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo, a fin de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.
El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos Cinco, Seis y Siete del Proyecto denominado Tren Maya”, según se lee en la resolución del juez.

El gobierno federal podría hacer caso omiso a la resolución del juez, como ocurrió recientemente con el amparo tramitado por buzos del Tramo 5 sur, alegando que el Consejo de Seguridad decidió declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, tal como informó el pasado 18 de julio, Javier May, entonces titular del Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Abril 27 de 2022 Las asociaciones civil Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron un amparo contra la obra del Tren Maya y el Tramo 5 esto conforme a que no hay un estudio sobre el impacto ambiental provocado por las obras en la zona.

Esto se hace en vista que el Tren Maya presentó el impacto ambiental antes de que se tuviera la ruta del Tramo 5, la cual se adecuó conforme a un cambio en la ruta. Por otra parte se cuestiona el hecho de que este trabajo federal se ampare en ser un proyecto denominado como de seguridad nacional; eso le exime de presentar permisos. La publicación de esta denominación de seguridad se publicó el pasado 22 de abril de 2021.

Conforme al representante del Centro para la Diversidad Biológica, Alejandro Olivera, la obra deberá detenerse hasta que el gobierno federal presenten todo lo que la ley medioambiental corresponde. De acuerdo a información de Greenpeace y el centro se declara que hay amenaza para varias especies de monos, felinos y peces, así como espacios como cuevas o terrenos subterráneos de agua.

Mayo 3 de 2022 el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió la suspensión provisional de las obras del tramo sur, que va de Playa del Carmen a Tulum. Fue el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien recurrió al Principio Precautorio, ya que la obra puede efectuar daños irreversibles al ecosistema.

El 2 de mayo, ese mismo juzgado concede una nueva suspensión a la asociación civil DMAS, la segunda, pero esta vez para paralizar la construcción de 110 kilómetros de obras, luego de que dicha organización se amparara con el argumento de que las obras violaban los artículos constitucionales 14 y 16, puesto que éstas iniciaron sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

De igual forma, indican la violación al artículo 4, que establece que los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano.

“Se concede a DMAS la suspensión provisional, para el efecto de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación –en la ejecución material- de la construcción del Tramo 5 del proyecto Tren Maya, que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo”, señala la agrupación.

DMAS afirma que es una organización civil creada para asistir a quienes defienden el medio ambiente por las vías legales y para quienes presentan demandas de amparo, “dicen que, sin cenotes, no hay paraíso. Y nosotros decimos que sin procedimiento de impacto ambiental no debe de haber obra”, precisan.

Ahora, las dependencias involucradas, Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya, deben ser notificadas, por lo que las obras aún pueden continuar hasta que dichas dependencias reciban el aviso formal con la decisión del juez, que por el momento es provisional. Es decir, aún falta que el juzgado entre a analizar a fondo el amparo, para determinar si la suspensión será definitiva, o si, por el contrario, se revoca y las obras pueden continuar.

Ampliación de demanda de amparo tramo 5

 

Adrián Fernando Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán –el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 sur–, admitió ahora el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del Tren, los cuales ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Julio 28 de 2022. Adrián Fernando Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán –el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 sur–, admitió ahora el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del Tren, los cuales ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se trata de un recurso, amparo 923/2022, tramitado el 5 de abril pasado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que en un principio, sólo fue contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del proyecto Tren Maya.

Tres semanas después de presentado, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución material de la construcción de todo el tramo, de 67,7 kilómetros de extensión, que va de Cancún a Tulum; ordenó que no se permitiera la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

Pero el 25 de mayo, la quejosa ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo, a fin de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.

El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos Cinco, Seis y Siete del Proyecto denominado Tren Maya.”

Agosto 4 de 2022 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) manifiesta su beneplácito ante la revocación de tres suspensiones definitivas de amparo (884/2022, 923/2022 y 1003/2022) respecto a las obras de tramo 5 Sur del Tren Maya.

La decisión del Juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, confirma que la autoridad federal acreditó la documentación solicitada. Se cuenta con la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental y se solventaron las condicionantes requeridas en las resoluciones.

Permitir que continúe la ejecución de las obras del Tren Maya representa un paso importante para seguir avanzando con el desarrollo sustentable del sureste del país, siendo un proyecto de interés nacional por el beneficio que llevará a las comunidades rurales más necesitadas de esa región.

Agosto 9 de 2022 revocan último amparo contra Tren Maya

 

El juez Primero de Distrito de Yucatán dejó sin efectos la última suspensión provisional que pedía frenar o detener temporalmente la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

Javier May, director de Fonatur, informó que el juez Primero de Distrito de Yucatán dejó sin efectos la última suspensión provisional que pedía frenar o detener temporalmente la construcción del Tramo 5 del Tren Maya: “El resolutivo indica que no se demuestra cómo se causaría daño irreparable al medio ambiente en el Tramo 5 Sur”, dijo May.

“Pero seguimos luchando porque ahora el juez otorgó una suspensión definitiva al 5 Norte, donde ya está en curso la manifestación de impacto ambiental y también acreditaremos que la obra es legal”, agregó.

Diciembre 15 de 2022. El amparo con el número de carpeta 2878/2022 fue interpuesto el 15 de diciembre de 2022, al considerar que la construcción federal no ha llevado el debido proceso, estudios, permisos y autorizaciones para avanzar y cumplir la ley. La organización de carácter civil indicó que el Tren Maya afectaría notablemente la flora y fauna de la región, por lo cual la suspensión definitiva del tramo 5 de Sur a Norte es motivo de celebración.

17 de enero 2023. Se informó que el juez primero del Distrito en el estado de Yucatán fue quien concedió esta suspensión el pasado 17 de enero bajo el amparo 2878/2022. Lo anterior con base en el artículo 68, fracción primera de la Ley General de Desarrollo Sustentable, el cual refiere al uso de cambio de suelo.

19 de enero de 2023. El año pasado se promovieron los amparos 820/2022, 821/2022, 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 ante el juzgado primero de Distrito en Yucatán, debido a la devastación generada por las obras de construcción de este megaproyecto, así como por la omisión de entregar información sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Sin embargo, a principios de agosto de 2022, Javier May, dio a conocer que las suspensiones definitivas de dichos amparos habían sido negadas, lo cual dejó sin efecto las suspensiones provisionales que habían en esos expedientes. De esa manera se podía continuar con la construcción en el Tramo 5.

En aquella ocasión, May Rodríguez señaló que “ya van 5 de 6 suspensiones revocadas”, lo cual celebró y calificó como una noticia positiva. “El interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo”, comentó el funcionario al mismo tiempo que aseguró que la obra siempre ha sido legal

8 de febrero 2023. La última suspensión de las obras del Tren Maya, otorgada por un juez federal el martes, complica la construcción del Tramo 5 del proyecto, que une Cancún y Tulum, en Quintana Roo. Adrián Novelo Pérez concedió un amparo a la asociación Sélvame del Tren debido a que el Gobierno no cuenta con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en muchas de las hectáreas que van a ser afectadas por la construcción de las vías. Con esta decisión, obliga a paralizar “cualquier acto que tenga como finalidad la c…

3 de abril de 2023. Presentan queja para que el Tribunal Colegiado opte por salvaguardar los derechos humanos de las personas integrantes de comunidades indígenas de la Península de Yucatán.

La decisión de no otorgar la suspensión en lo que se resuelve el litigio atenta contra sus derechos de acceso a la justicia, derecho a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

 Comunidades mayas de la Península de Yucatán presentaron el pasado 29 de marzo una queja ante el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por la negativa del juez de otorgar la suspensión de todas las obras relacionadas con el proyecto denominado “Tren Maya”. En su queja, las comunidades argumentan que, de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ya no sería posible restaurar sus derechos, pues, las obras están avanzando.

El antecedente de lo antes descrito inicia en julio del 2020, cuando las comunidades mayas de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo presentaron una demanda de amparo en contra del proyecto de desarrollo denominado “Tren Maya”.

Esto, debido a que el Estado mexicano incumplió con su obligación de obtener el consentimiento del pueblo maya mediante una consulta previa, informada, libre y culturalmente adecuada, pues se trata de un proyecto que afectará –y ya está afectando– significativamente sus modos de vida y su territorio.

Las comunidades expusieron en su demanda que el juez debía suspender (suspensión de oficio y de plano) todas las obras relacionadas con el “Tren Maya” puesto que estas ponen en riesgo su propiedad comunal y pueden causar daños socioambientales de difícil reparación. Sin embargo, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al admitir la demanda, determinó negar la suspensión de oficio y de plano, por lo que las obras siguen avanzando mientras se resuelve el litigio.

Mientras, cabe recordar que, de acuerdo con el Observatorio de Deforestación Neta Cero, la construcción y entrada en operación del proyecto implicará un aumento en la deforestación de 9 mil 786 hectáreas por año.

En respuesta a la decisión del juez, y en ejercicio de sus derechos constitucionales, el 8 de marzo pasado las comunidades solicitaron la suspensión de todas las obras relacionadas con el desarrollo del “Tren Maya”, argumentando que, de concluirse el proyecto y de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento, ya no será posible restaurar sus derechos, toda vez que ya se habrían producido las afectaciones socioambientales en contra de las personas y los ecosistemas, así como violaciones a sus derechos humanos.

Pese a estos argumentos, el 22 de marzo pasado, el Juez Primero de Distrito en Yucatán negó la medida cautelar, argumentando que debía acatarse lo resuelto en la suspensión de oficio negada por el Juez de la Ciudad de México. Derivado de esa determinación, es que este 29 de marzo se presentó una queja ante el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, órgano encargado de resolver los recursos que se interpongan en el marco del “Tren Maya”.

Es importante destacar, para efectos de la resolución que deberá emitir el Tribunal Colegiado en torno a la queja presentada, que la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte son figuras jurídicas diferentes, con requisitos, características, efectos y tramitaciones diversas. Asimismo, insistimos en que, negar la suspensión a petición de parte dejará sin protección a las personas demandantes, con lo cual se estaría violentando su derecho de acceso a la justicia y los derechos en juego en el litigio.

Hacemos un llamado a las Magistradas y el Magistrado que integran el Tribunal Colegiado a basar su resolución, considerando que los derechos que se estiman violados son de naturaleza previa. Esto quiere decir que, si se permite que las obras del “Tren Maya” continúen hasta que concluya el litigio, se habrá afectado ya el patrimonio natural, la tierra y el territorio en el que habita el pueblo maya y que constituye su forma de vida.

Por lo anterior, reiteramos la petición de que, al resolver, el Tribunal determine la apertura del incidente de suspensión y se otorgue la medida cautelar para que así, las personas demandantes, pertenecientes a las comunidades mayas de la Península de Yucatán, accedan a la justicia pronta y expedita, y se detenga la violación de sus derechos.

18 de abril de 2023. Gran noticia, se detiene maniobra de descarga de balastro en P.M. por daños posibles al arrecife y manglar. Suspenden la vía marítima Cuba-Puerto Morelos.

28 de mayo. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que fue concedida una suspensión definitiva de tala de vegetación en los tramos 3,4,5 norte y 6 del Tren Maya para áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Dicho recurso fue promovido desde el 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Juzgado de Distrito consideró además que las personas que emitieron la queja demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar, al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.

Asimismo, el juzgado retoma el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al señalar que “las autorizaciones provisionales emitidas con base en el acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.

En ese sentido, continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del Tren Maya sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso puede generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable, añadió el Cemda.

29 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún no han sido notificados sobre la suspensión definitiva de tala de selva que concedió el juzgado primero de distrito con sede en Yucatán para los tramos 3, 4, 5 sur y 6 del Tren Maya, pero adelantó que no se van a detener las obras.

12 de junio de 2023. Entregan Suspensión provisional

 

11 de julio de 2023. Jean Michel Cousteau manda carta a López Obrador haciendo un llamado a detener la destrucción de Bacalar.

Basta recordar que hace unos pocos días la Secretaría de la Defensa Nacional rellenó “por error humano” el estero CHAC que alimenta todo el sistema lagunar de la zona, que se compone por cientos de cuerpos de agua.

Lo único que queda a la vista es que no hay planeación, control ni supervisión.

No hay permisos, estudios de impacto ni aval de grupos académicos ni científicos.

26 de julio 2023. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza anuncia el lanzamiento del veredicto sobre el caso del “Tren Maya” (documento anexo)

12 de octubre de 2023. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa, de Yucatán, está a punto de dictaminar el acuerdo que revocó la suspensión definitiva contra el Tren Maya tramo 5 a mediados del año pasado, amparo interpuesto por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

El órgano jurisdiccional emitió un acuerdo dentro del expediente 442/2023 de amparo en revisión, a través del cual dio a conocer que está a punto de resolver el asunto tras la presentación del medio de impugnación interpuesto por DMAS hace más de un año.

Este no es el único medio de impugnación que ha presentado DMAS, destacan otras dos más que se resuelven a través de los llamados amparos en revisión. Se trata de procesos legales contra la negativa de ampliación de demandas de amparo y vicios en incidentes que han resultado dentro del amparo original con número 923/2022 contra el proyecto federal.

Mas voces en contra.

 

El 23 de agosto de 2023, ambientalistas realizaron su mesa de trabajo “Jornada sobre megaproyectos en la Península de Yucatán”, en el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”. Participaron:

Federico Tavira, doctorante en Estudios del Desarrollo, Instituto Mora.

-Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, UNAM.

-Ángel Sulub, Centro Comunitario UKúuchil k ch’li’balo’on.

-Luis Zambrano, Instituto de Biología, UNAM.

Bianca Bachelot, Doctorante en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

-Romel Rubén González Díaz, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.

-Giovanna Gasparello, Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

-Roberto Rojo, Cenotes Urbanos.

¿Y las denuncias?

 

El día 26 de julio se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia en contra del C. Javier May Rodríguez, director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y de quien o quienes resulten responsables, por los delitos ambientales y desacatar órdenes judiciales para la construcción del Tren Maya.

En la denuncia, se exige a la Fiscalía investigar y ejercer acción penal correspondiente a las personas responsables, aunque sean parte de las Fuerzas Armadas, por los siguientes actos y omisiones:

  1. Omisión de la obtención de las autorizaciones necesarias para la construcción del proyecto Tren Maya.
  2. Autorización de los trabajos de tala y remoción de diversas especies forestales.
  3. Afectación y deterioro de recursos naturales.
  4. Afectación y deterioro de especies amenazadas o en peligro de extinción.
  5. Afectación del sistema de aguas subterráneas y del sistema de cuevas.
  6. Autorización de pago de compensación por los trabajadores de tala y remoción de diversas especies forestales.
  7. Militarización del país, y la implicación de delitos ambientales, en este caso, cometidos por el Ejército.
  8. La ordenanza al ejército a ubicarse en una posición de delincuente ambiental, violando el Código Penal, violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección al Ambiente y la Ley de Amparo.
  1. Omisión y comisión de Incidencia de Inejecución de la sentencia dictada por las autoridades judiciales competentes, al suspender las obras dirigidas por el Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y continúan con el trabajo de la obra.
  1. Omisión y comisión al declarar una obra inconstitucional en un “proyecto de seguridad nacional”, sin bases ni fundamentos necesarios.

Aparte el Amparo 923/2022 5 de abril del 2022 defendiendo un medio ambiente sano, contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución y desarrollo de actividades en el tramo 5 del Tren Maya: Con suspensión definitiva otorgada este 1 de agosto para los tramos 6 y 7.

Amparo 884/2022 que dictó suspensión definitiva al tramo 5, interpuesto por buzos el 30 de marzo. El juez concedió la suspensión definitiva el pasado 30 de mayo.

Otros tres amparos han sido admitidos, pero sin resolución al momento. El presidente López hostiga y amenaza a jueces y a organizaciones sociales. Después del 15 de diciembre todo será historia, sin embargo un plan de bloqueo y plantones en las vías podrían empañar el magno festejo de inauguración.

 

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