abril 16, 2024 08:29

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22 

CANCÚN, Q. ROO, 30 de enero..-Una de las afectaciones más graves que está sucediendo a la sociedad de nuestro Estado, es el creciente fenómeno criminal de la desaparición de personas, y ante ello se observa que la XVII Legislatura no esta considerando la atención de este problema, al igual que no está siguiendo las recomendaciones derivadas de las modificaciones constitucionales y de la expedición de la normatividad federal sobre estas situaciones.

En torno a la desaparición forzada de personas, la Suprema Corte de Justicia ha considerado que se trata de una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues implica una vulneración de diversos derechos conexos como la libertad e integridad personal, la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, y el de identidad. Asimismo, vulnera los derechos de acceso a la justicia, a la verdad e integridad personal de los familiares.

En ese sentido, se ha señalado que los artículos 4, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protegen diversos derechos que son vulnerados cuando una persona es víctima de desaparición forzada; entre ellos, el derecho a la identidad, la protección de la libertad, el ámbito de la privacidad que debe estar libre de injerencias arbitrarias y la prohibición tajante de actos que supongan que el Estado lesiona más allá de los estrictos límites constitucionales la integridad física, psicológico y moral de alguien.

En este contexto, es oportuno recordar que -siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana- se ha señalado que el derecho a la vida no sólo supone obligaciones negativas para el Estado, sino obligaciones positivas de facilitar el desarrollo de una vida digna lo cual incluye un proyecto de vida que exprese las aspiraciones y potencialidades de una persona.

 OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO MEXICANO EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y DECLARACION ESPECIAL DE AUSENCIA 

1.- adoptar las medidas necesaria para hacer efectivos los derechos de las victimas

2.- adoptar medidas legislativas que garanticen el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de las victimas

3.- regular la situación jurídica de las personas desaparecidas y sus allegados en los ámbitos de los derechos de familia, patrimoniales del trabajo y de la seguridad social. 4.-procurar los medios y condiciones jurídicas necesarias para que el derecho al reconocimientode la personalidad jurídica pueda ser ejercido de manera libre y plena por sus titulares.

5.-garantizar el acceso sin restricción algun a toda clase de procedimientos que permitn salvaguardar los derechos de las victimas y

6.- facilitar el desarrollo de una vida digna de las victimas.

En el Estado de Quintana Roo el Congreso ha sido omiso en desarrollar trabajos para establecer la normatividad establecida en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, en donde se establecen que las legislaturas locales deben de expedir normatividad sobre el particular, especialmente en lo relativo a la Declaración Especial de Ausencia, asi como se incluya en el Codigo Penal del Estado, unicamente el tema se ha incorporado en la Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo en un par de artículos: Artículo 20.

Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. Artículo 22.

El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas.

Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad fisica y psicológica Es importante que se atienda esta OMISION LEGISLATIVA para tener herramientas jurídicas para dar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos, así como para garantizar el derecho a la reparación integral.

 

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