Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se Asignó un Salario Mayor al de Claudia Sheinbaum

• El Oficial Mayor del organismo, Erick Poot Alcocer, reveló que la ombudsperson cuesta al erario más de 321 mil pesos mensuales entre sueldos, bonos y prestaciones como “canastas y pavos navideños”.

Redacción/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 20 de marzo.— En un estado donde la precariedad laboral y las carencias sociales marcan el día a día de miles de familias, ha estallado un escándalo de privilegios en el corazón de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO). Datos oficiales proporcionados por el propio Oficial Mayor del organismo, Erick Poot Alcocer, revelan que la presidenta de la institución, Omega Istar Ponce Palomeque, percibe ingresos que superan con creces los de la titular del Ejecutivo Federal y los de legisladores locales y federales.

Medios locales revelaron que, de acuerdo con el reporte anual entregado por la Oficialía Mayor, la funcionaria encargada de velar por los sectores más vulnerables tiene un costo para el erario público de 321 mil 570 pesos mensuales.

Esta cifra, que resulta estratosférica en comparación con el tabulador de la administración pública federal, significa que la titular de la CDHEQROO gana prácticamente el doble que la Presidenta de la República, contraviniendo el espíritu de austeridad que se pregona en los niveles más altos del gobierno.

El desglose de esta “nómina privilegiada”, que asciende a 3 millones 858 mil 845 pesos anuales, detalla una serie de conceptos que han causado indignación ciudadana. Entre las prestaciones que engrosan su salario se encuentran 480 mil pesos anuales por “responsabilidad de mando”, una compensación por servicio de confianza de 947 mil 046 pesos, un aguinaldo de 218 mil 210 pesos y una prima vacacional de 111 mil 426 pesos. Incluso, el erario costea lujos estacionales como una “canasta navideña” de 8 mil 800 pesos y un “pavo navideño” de 6 mil 400 pesos.

Este contraste brutal ocurre en un contexto donde Quintana Roo enfrenta crisis sistemáticas de desapariciones, abusos policiales y un rezago histórico en el acceso a la justicia. Mientras la ciudadanía y las víctimas de violaciones a derechos humanos claman por protección efectiva y recursos para la defensa de sus causas, la máxima autoridad en la materia se beneficia de un esquema remunerativo que parece ajeno a la realidad del estado.

La revelación de estos datos pone bajo la lupa la transparencia y la ética en los organismos autónomos del estado. Ante el cuestionamiento sobre quién protege realmente a los quintanarroenses, la respuesta parece desdibujarse tras una montaña de compensaciones y bonos que convierten la defensa de los derechos humanos en un negocio de alta rentabilidad para quienes encabezan la institución.

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