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• El Hostigamiento a Periodistas: La Nueva Estrategia de Intimidación Que Erosiona La Libertad De Prensa En México

 

• Un ex candidato insiste en cantar un narcocorrido dedicado a ‘El Mencho’ mientras una banda se niega por procesos legales

 

 

• El deslinde partidista no borra la evidencia de una clase política que normaliza la cultura criminal

 

 

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

La escena se repite en México con una frecuencia que ya no sorprende, pero sí indigna, empresarios reconvertidos en políticos que mezclan poder económico, soberbia y una preocupante cercanía simbólica con la narrativa del crimen organizado.

El empresario guerrerense Pedro Segura Valladares, postulado en 2021 como candidato externo por la coalición integrada por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, organizó el 25 de febrero una fiesta pública en su hotel Vida en el Lago, en Tepecoacuilco, Guerrero.

Durante el evento solicitó en varias ocasiones que la agrupación Los Alegres del Barranco interpretara “El del Palenque”, narcocorrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La banda, que enfrenta procesos por presunta apología del delito, se negó a ejecutarlo, ante la negativa, Segura tomó el micrófono y entonó la primera estrofa frente al público.

Más tarde diría que era un evento privado pagado con su dinero, pero el acto fue público, grabado y difundido ampliamente.

El episodio ocurrió apenas días después de que fuerzas federales abatieran a Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La coincidencia temporal y la insistencia en entonar un corrido dedicado a un capo recién abatido provocaron rechazo social.

No es la primera vez que Segura aparece vinculado a controversias graves, en agosto de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República por presunta delincuencia organizada y supuestos vínculos con el caso Ayotzinapa; posteriormente fue liberado por falta de pruebas.

El Partido Verde emitió un comunicado para deslindarse, recordando que Segura no es militante y que su candidatura fue externa y limitada al proceso electoral de 2021.

Sin embargo, el deslinde político no borra la responsabilidad de haberlo postulado ni responde a la pregunta de fondo, ¿qué filtros existen para impedir que personajes bajo sospecha accedan a candidaturas de alto nivel?

Más preocupantes aún fueron sus declaraciones posteriores, en un video difundido en redes sociales lanzó expresiones violentas contra quienes lo criticaron y minimizó la gravedad del episodio bajo el argumento de que los narcocorridos son simplemente un gusto personal.

Aseguró no haber conocido nunca al líder criminal y defendió la legalidad de su conducta, no obstante, la discusión no se limita a un gusto musical, se trata de la normalización de una cultura que glorifica estructuras criminales responsables de miles de muertes en el país.

Los narcocorridos no son simples canciones populares, son parte de una narrativa que construye mitologías alrededor de figuras del crimen organizado.

Cuando un personaje con aspiraciones políticas decide entonar públicamente un corrido dedicado a un capo, envía un mensaje simbólico que trasciende lo musical, en pocas palabras Legitima, banaliza y convierte en espectáculo una tragedia nacional.

Guerrero es uno de los estados con mayores niveles de violencia y presencia de grupos delictivos, en ese contexto, la actitud de un ex candidato a gobernador no puede analizarse como un hecho aislado. Refleja una crisis ética más profunda, la de una clase política que ha aprendido a convivir con la sombra del crimen organizado, ya sea por omisión, cálculo electoral o conveniencia económica.

El problema no es si una persona canta o no un corrido en una fiesta privada, el problema es el perfil de quien lo hace, su trayectoria, las investigaciones que ha enfrentado y la manera en que partidos políticos lo impulsaron a una candidatura.

El problema es la impunidad estructural que permite que figuras bajo cuestionamiento regresen al escenario público sin una rendición de cuentas clara.

Lo verdaderamente grave es que este tipo de conductas se presenten como anécdotas folclóricas cuando en realidad evidencian una degradación política profunda.

Mientras miles de familias buscan justicia por víctimas del crimen organizado, algunos aspirantes al poder convierten la figura de un capo en tema de entretenimiento.

No es un asunto de gustos musicales, es un asunto de responsabilidad pública, ética política y memoria social y mientras el sistema permita que estos perfiles sigan apareciendo en la escena electoral, la pregunta no será quién canta el corrido, sino quién sostiene el micrófono y quién le abrió la puerta para hacerlo.

@vicentevelascc #pedrosegura #losalegresdelbarranco ♬ sonido original – 𝐕𝐄𝐋𝐀𝐍𝐎𝐕𝐀

El caso de las amenazas dirigidas al periodista Carlos Loret de Mola documentadas recientemente por la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica no es un hecho aislado, sino un síntoma preocupante de cómo se ha deteriorado el entorno para la prensa crítica en nuestro país. Estas expresiones no son simples “insultos en redes”; constituyen una normalización de la violencia verbal que abre la puerta a la violencia real contra quienes informan y fiscalizan los abusos del poder.

En un posicionamiento emitido el 27 de febrero de 2026, ARTICLE 19 enfatizó que las amenazas y discursos violentos dirigidos contra Loret de Mola rebasan el límite tolerable del debate democrático y deben ser investigados y sancionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). La organización también exigió que el Mecanismo de Protección para Periodistas evalúe los riesgos y determine medidas preventivas eficaces, dado que el peligro para la integridad física y psicológica de quienes ejercen el periodismo no es teórico, sino concreto.

Lo que ocurrió con Loret de Mola amenazas explícitas que evocan violencia física forma parte de una estrategia más amplia de desacreditación y estigmatización contra la prensa crítica, que va desde ataques verbales hasta campañas sistemáticas de desprestigio. Estos ataques, cuando provienen de actores con poder político o influencia pública, no son meras opiniones aisladas; tienen un efecto intimidatorio que puede generar autocensura y silenciar voces incómodas.

La violencia contra periodistas en México no se limita a insultos digitales, el país ha sido señalado históricamente como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Datos de organizaciones internacionales advierten que decenas de periodistas han sido asesinados, desaparecidos o han sufrido agresiones físicas directamente relacionadas con su labor informativa en años recientes, en un contexto donde la impunidad supera el 95 % en los casos de crímenes contra la prensa.

La gravedad de las amenazas de violencia, especialmente cuando emanan del ámbito político, revela una erosión profunda del respeto al derecho a la libertad de expresión, el propio marco interamericano, consolidado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que los Estados deben garantizar condiciones para que la prensa pueda operar sin intimidaciones, y que el silencio o la tolerancia institucional ante amenazas de este tipo favorece la repetición de ataques y debilita el debate democrático.

Más preocupante aún es la facilidad con la que algunos sectores políticos no solo permiten estos discursos, sino que los replican o los minimizan. Cuando la prensa se convierte en blanco de descalificaciones constantes, cuando se equipara información con “enemigos” o “ataques”, estamos ante un intento de reconfigurar la percepción pública de los medios como adversarios, no como pilares del escrutinio y la transparencia.

La historia reciente también ha demostrado que las expresiones de odio y violencia verbal pueden escalar hasta acciones físicas, México ha registrado casos de periodistas asesinados, secuestrados o desaparecidos en el ejercicio de su labor periodística, incluyendo crímenes brutales que han marcado a la sociedad y evidenciado la fragilidad de las garantías para informar sin miedo.

En este contexto, la prensa y los medios tienen un papel esencial, no solo informar, sino hacer visible cómo estos discursos de odio funcionan como mecanismos de coacción política e intimidación social. La cobertura rigurosa de estos hechos, sin equidistancias que equiparen crítica con amenaza, es indispensable para preservar una esfera pública donde el periodismo no sea silenciado por la violencia, la impunidad o la presión política.

La libertad de prensa no debe ser un lujo ni un privilegio de quienes informan desde privilegiadas atalayas. Debe ser un derecho protegido con firmeza por las autoridades, exigido por la ciudadanía y defendido por todos los que creemos que una democracia solo puede sobrevivir con medios libres, críticos y seguros.

En un momento histórico donde el discurso se ha vuelto arma, la prensa debe ser piedra angular de la rendición de cuentas, no víctima neutralizada en la batalla por la información veraz.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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