Partida del Juzgado Agrario Dejará Más de 350 Juicios Pendientes

• El 31 de enero deja de funcionar la oficina del 34 Juzgado Unitario Agrario, en la ciudad de Campeche, y a partir del 4 de febrero trabajarán a puerta cerrada, sin atención al público.

• A mediados de febrero turnarán los expedientes a los tribunales agrarios que conocerán de estos asuntos.

Redacción/CAMBIO 22

San Francisco de Campeche, Cam., 20 de enero.- El rezago en materia de justicia agraria se agravará con la migración del 34 Juzgado Unitario Agrario, pues se dejaría de dar la atención adecuada a unos  355 juicios que están pendientes.

La mayoría de los juicios pendientes se irá al organismo en Mérida, Yucatán, y el resto se repartirá entre las oficinas de Chetumal, Quintana Roo, y Villahermosa, Tabasco, por lo que los quejosos y sus abogados deberán continuar sus juicios donde les corresponda.

Aunado a ello, se está a la espera de conocer la situación de los seis empleados que laboran en la sede 34 que será cerrada, informó la magistrada del TUA, Rosa Imelda Leyva Barraza.

Leyva Barraza explicó que de acuerdo con el acuerdo del Tribunal Superior Agrario el 31 de enero deja de funcionar la oficina en la ciudad de Campeche y a partir del 4 de febrero trabajarán a puerta cerrada, sin atención al público. Para que a mediados de febrero turnen los expedientes a los tribunales agrarios que conocerán de estos asuntos.

Al cierre del 31 de diciembre de 2024 contaban con 355 asuntos en trámite, de estos solo dos eran los más antiguos del año 2012; mientras que algunos son del 2020 y los más recientes de los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Además de que también enviarán los expedientes archivados por si requieren copias a los tribunales de la jurisdicción que les corresponda.

En tanto, el Congreso local analizará si es factible emitir un exhorto para que no cierren sus instalaciones, ya que el objetivo de los ajustes es eficientizar el gasto público federal.

En los últimos días han habido protestas de campesinos, ejidatarios, productores, organizaciones sociales, agrupaciones de abogados, activistas políticos y directivos de partidos políticos, para pedir al Gobierno del Estado que intervenga para evitar el cierre del Tribunal.

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