► Las participaciones que el estado de Quintana Roo les otorgará por el cobro de 5 dólares a los turistas que lleguen a Cozumel y Majahual se entregarán condicionadas a que los ayuntamientos renuncien a cobrar a los mismos turistas el Derecho de Saneamiento Ambiental y los montos sólo compensarán lo que dejarán de recaudar

► Para que puedan bajar las participaciones, el fideicomiso que administrará el derecho estatal, con inclusión de las navieras, les debe aprobar proyectos, programas y/o acciones en materia turística, seguridad, protección civil o sanitaria, establecen los convenios de coordinación fiscal que firmarán

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 5 de diciembre.- Contrario a lo que se dijo en el momento de su creación, en diciembre del 2023, las participaciones del derecho a pasajeros de cruceros que cobrará el gobierno del estado de Quintana Roo a partir de enero del 2025 no ayudarán a fortalecer las haciendas de los municipios receptores de los buques, que son Cozumel y Othón P. Blanco.

Lo anterior se debe a que, si bien ambos municipios recibirán del estado participaciones de este cobro, las mismas no serán recursos adicionales, sino que sólo servirán para reponer los ingresos que dejarán de percibir por renunciar al cobro del derecho municipal de Saneamiento Ambiental a los cruceristas, renuncia que fue puesta como condición para obtener dichas participaciones.

Además, dichos recursos no serán de libre disposición para sufragar la operación de los gobiernos municipales o gastos en materia de saneamiento ambiental, sino que estarán condicionados a destinarse a financiar proyectos, programas y acciones en materia turística, de seguridad pública y de atención y prevención de desastres naturales y emergencias sanitarias, mismos que deberán ser aprobados por el Fideicomiso que administrará la recaudación del derecho, en el cual participan representantes de las navieras.

Esto quedó plasmado en los convenios de colaboración y coordinación administrativa en materia fiscal estatal que firmarán los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco con el gobierno del estado para la recepción de participaciones provenientes del cobro del derecho estatal a pasajeros de cruceros, que será de 5 dólares, cobro propio de Quintana Roo y adicional a los 42 dólares por el Derecho de No Residente (DNR) que acaba de imponer la Federación.

Dichos convenios serán firmados por los gobiernos de José Luis Chacón Méndez y Yensunni Martínez Hernández con la secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín Pérez, en representación de la gobernadora Mara Lezama, con la autorización que les otorgó el Congreso del Estado en sesión realizada el miércoles después de las 10 y media de la noche, con términos que dejan claro que los municipios tendrán que renunciar a esa parte de sus ingresos propios para recibir estas participaciones estatales.

En las cláusulas primera, segunda y tercera de los convenios, el estado se compromete a participar a los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco de los ingresos estatales derivados de la recaudación proveniente del cobro del derecho a los pasajeros de cruceros dispuesto en el artículo 51-Nonies de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo.

Por su parte, los municipios se obligan a suspender el cobro del derecho municipal de Saneamiento Ambiental previsto en sus respectivas leyes de Hacienda a partir del 1 de enero del 2025, que en valores actuales es de 80 centavos de dólar por crucerista.

La cláusula tercera dice que las participaciones que cada municipio reciba serán el equivalente al monto que dejará de recaudar por el Derecho de Saneamiento Ambiental suspendido que, para el año 2025, en el caso de Cozumel será un monto anual de 97 millones 945 mil 449.18 pesos y para Othón P. Blanco, de 31 millones 708 mil 433.40 pesos, calculados como proyección de cierre para la recaudación estimada por municipio en el ejercicio fiscal de 2024.

Por otra parte, a diferencia de las federales, las participaciones del derecho estatal a cruceristas no serán entregadas conforme a un calendario ni serán de libre disposición para los municipios, sino que estarán etiquetadas y se las entregarán condicionadas a que el Fideicomiso administrador del derecho estatal les apruebe proyectos, programas y/o acciones en materia turística y seguridad pública, así como en materia de atención y prevención de desastres naturales y emergencias sanitarias que previamente presenten los municipios, mismos que serán financiados hasta por los techos financiaros calculados.

Cabe mencionar que en ese Fideicomiso participan también representantes de las navieras, por lo estas empresas extranjeras participarán en el proceso de aprobación de los proyectos, programas y acciones que presenten los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco para “bajar” las participaciones estatales del cobro a cruceristas.

Por lo mismo, los municipios deberán presentar sus proyectos y programas en esas materias conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación de dicho Fideicomiso.

La cláusula Tercera de ambos convenios establece que para los años siguientes el monto de las participaciones se actualizará y ajustará conforme al comportamiento del turismo de pasajeros de cruceros que arriben a los puertos de Cozumel y Majahual, y tomando como referencia la tarifa del Derecho de Saneamiento Ambiental vigente en la Ley de Hacienda de cada municipio.

El convenio establece sólo una forma para que ambos municipios puedan obtener participaciones que superen el monto a compensar del Derecho de Saneamiento Ambiental no cobrado, que sería mediante programas, proyectos y acciones que obtengan el visto bueno del Fideicomiso.

Los términos de estos acuerdos permiten notar que para que las navieras aceptaran el cobro estatal de 5 dólares por crucerista que desembarque en Cozumel o Majahual se les ofreció suprimir los cobros de 80 centavos de dólar por derechos de saneamiento ambiental que les aplicaban los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco, a fin de no aumentar demasiado la carga de contribuciones que pagan los visitantes.

Hasta este año, en el caso de Cozumel el Derecho de Saneamiento Ambiental es de 15 % de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 16.28 pesos, equivalentes a 80 centavos de dólar, para los visitantes que llegan por vía marítima y permanecen menos de 24 horas en la isla, misma cantidad que se cobra en Othón P. Blanco específicamente a cruceristas, los cuales dejarán de percibir a partir del 1 de enero del 2025.

Por lo mismo, las participaciones estatales que reciban estos municipios del cobro del derecho estatal no serán recursos adicionales para ellos, sino sólo compensaciones de los ingresos que dejarán de recaudar directamente.

Lo que tanto los municipios como el estado no esperaban es que la Federación decidiera aplicar también su propio cobro a los cruceristas, que será de 42 dólares a partir del 2025, y que aumentará mucho más de lo pensado la carga impositiva a estos turistas.

 

franciscohcambio22@gmail.com

JFCB